El foco de la investigación de la Guardia Civil estaba en el Centro Penitenciario Murcia I y ha terminado por salpicar al director general de Carreteras: José Antonio Fernández Lladó. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha cesado a Fernández Lladó de forma fulminante tras conocer que ha sido arrestado por el Instituto Armado, en el marco de un operativo que ha destapado el supuesto trato de favor que estarían recibiendo ciertos reclusos del citado penal a cambio de abonar elevadas sumas de dinero.
Desde el Instituo Armado han confirmado que "la fase de explotación del operativo tuvo lugar el lunes", cuando fue arrestado el supuesto cabecilla de la trama: un jefe de servicio de la cárcel de Sangonera la Verde (Murcia I), con varias décadas de trayectoria en Instituciones Penitenciarias. En su currículum también figura su paso por el Centro Penitenciario Alicante II -en Villena- y el haber sido tutor de prácticas de funcionarios que se incorporaban tras aprobar la oposición.
"Estamos en 'shock' desde que nos enteramos de que le arrestaron", admiten funcionarios a EL ESPAÑOL. "El puesto de jefe de servicio lo consiguió por méritos, antigüedad y cursos: era el interlocutor con el director y subdirector de la prisión, el encargado de organizar servicios, supervisar los partes de sanción, los cacheos a los reclusos...".
Ahora la Guardia Civil le señala como el supuesto cabecilla de una trama corrupta que se dedicaba a cobrar a los reos para que disfrutasen de privilegios dentro del penal. En la televisión autonómica 7RM se ha informado de que en la cárcel de Sangonera la Verde se han colado chuletones, prostitutas y hasta se han celebrado fiestas de cumpleaños en el economato. El despacho del detenido estaba en medio de los módulos en los que se reparten 400 reclusos y uno de ellos le denunció a la Fiscalía, de modo que se autorizó pinchar el teléfono del jefe de servicio.
A raíz de las escuchas telefónicas, la Guardia Civil extendió la trama a otros cuatro funcionarios: uno de ellos de la Agencia Tributaria. En una de las conversaciones intervenidas a los investigados se identificó a José Antonio Fernández Lladó: director general de Carreteras y presidente del Partido Popular de Alguazas, una localidad murciana donde también ejerció de alcalde. Al parecer, el político del Gobierno regional recurrió a uno de los sospechosos de la red corrupta del penal por un supuesto problema económico que tenía con el pago de impuestos.
Un furgón de la Guardia Civil frente a la prisión de Sangonera la Verde.
El lunes comenzaron los arrestos: el primero en caer fue el jefe de servicio de la prisión de Sangonera la Verde. Después, el funcionario de la Agencia Tributaria y así se fueron sucediendo las detenciones hasta llegar a seis. Este martes, le tocó el turno al director general de Carreteras, así como a un empleado público del Ayuntamiento de Alguazas, en el que fue alcalde, y que presuntamente le ayudó a elaborar algún documento 'ad hoc' relacionado con su problema tributario.
Prueba de ello es que Fernández Lladó acudió este miércoles a los juzgados de Murcia a declarar por presunta falsedad documental y prevaricación. Tal situación provocó que el Ejecutivo autonómico, que preside el popular Fernando López Miras, emitiese un escueto comunicado anunciando la salida del dirigente político:
"El Gobierno regional comunica el cese de José Antonio Fernández Lladó, como director general de Carreteras, tras tener conocimiento de su supuesta implicación en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada, incompatibles con la exigencia ética del Gobierno regional".
Críticas de la oposición
Aunque el político popular no tiene nada que ver con la presunta actividad de la trama corrupta destapada en el Centro Penitenciario Murcia I, como era lógico, desde la oposición se han sucedido las críticas al PP. En Ciudadanos han exigido al presidente López Miras que ofrezca "explicaciones" en la Asamblea Regional. "La corrupción es el cáncer de nuestra democracia, y el Partido Popular debe de una vez dejar de ser ambiguo y con valentía tratar de eliminarla de entre sus filas".
Rafael Esteban, diputado de Podemos en la Asamblea Regional.
La vicesecretaria general y portavoz del PSOE, Carmina Fernández, también ha reclamado la comparecencia del presidente en el Hemiciclo. "El Gobierno de Fernando López Miras vuelve a manchar la imagen de la Región de Murcia con una nueva trama de corrupción en la que está inmersa un alto cargo de su Ejecutivo", según ha reflexionado la socialista Fernández.
Desde Podemos, el diputado Rafael Esteban ha exigido la comparecencia parlamentaria del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, debido a que desde 2015 formaba parte de su organigrama el director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, que ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración este miércoles en sede judicial. "Su cese no es suficiente", según ha argumentado el parlamentario morado.
"Es un asunto de gran calado que un cargo público y exalcalde del Partido Popular sea señalado ante la sospecha de que pueda estar relacionado con corruptelas: exigimos a su responsable, el consejero Díez de Revenga, que comparezca y explique de qué va todo este escándalo", tal y como ha zanjado Esteban.