La 'ley Sara' a debate: el PSOE pide un plan contra pseudoterapias y el PP un nuevo delito de intrusismo

El próximo miércoles será muy especial para la familia de Sara Gómez: la vecina de Alcantarilla que perdió la vida tras someterse a una lipoescultura, a manos de un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Este 6 de julio se votará en la Asamblea Regional una moción que debe escenificar el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la 'ley Sara': la norma que los familiares de la fallecida tratan de impulsar en el Congreso de los Diputados para acabar con el vacío legal que existe en las clínicas de estética.

La iniciativa presentada por el Partido Popular a la que ha accedido EL ESPAÑOL no será tramitada por lectura única, tal y como quería el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, para evitar que las intervenciones de los parlamentarios generasen un debate político que hiciese inviable su aprobación por unanimidad. De momento, el PSOE ha presentado una enmienda con tres puntos a añadir al texto del PP, ya que por ejemplo, no prevé instar al Gobierno de Murcia a fijar una regulación restrictiva de la publicidad de servicios de cirugía estética.

"Quisiéramos un compromiso a nivel nacional, pero también hay deberes por hacer a nivel regional", reflexiona Rubén, el hermano de la difunta Sara Gómez. El debate se prevé interesante porque tanto el parlamentario Juan Antonio Mata -encargado de exponer la moción de los populares- como la diputada Lara Hernández –responsable de la enmienda socialista- son vecinos de Alcantarilla. "Esperemos que el PP acepte y no obligue al PSOE a abstenerse: nos gustaría la unanimidad", subraya Rubén.

Una imagen de Sara Gómez cedida por su familia.

El texto arranca alertando del "palpable y notorio intrusismo" existente en todo el territorio nacional, "por parte de médicos de otras especialidades, clínicas de estética y otras figuras análogas, que realizan tareas y tratamientos propios, únicamente, de los médicos especialistas en la materia. Todo ello, como consecuencia de un vacío legal o falta de concreción".

El argumentario de la moción entra al fondo del debate suscitado por la muerte de Sara, tras someterse a una lipoescultura con un cirujano cardiovascular especializado en varices. "Pese a que la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias refleja que el ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello, muchos médicos se basan en el hecho de ser licenciados en Medicina y Cirugía para sentirse autorizados a realizar cualquier acto médico o quirúrgico […]".

"Es preceptivo y decisivo que solo los médicos que acreditan estar en posesión del título de especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética tienen la adecuada y requerida formación profesional para proporcionar al paciente una óptima calidad asistencial". De hecho, el texto alude a lo que ocurre en algunos centros privados donde sus facultativos se presentan como profesionales de especialidades con titulaciones que "no existen": cirujano cosmético, cirujano plástico facial o mamario, cirujano oculoplástico, cirujano estético…

"Siempre debería confirmarse la titulación del médico que se haga cargo de la salud de un paciente. Los pacientes no deben dejarse confundir con denominaciones sugerentes, pero ambiguas […]. Debe quedar claro que todo médico que se autodenomine de cualquiera de estas maneras, pero no tenga título de especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética está distorsionando la realidad, probablemente con la intención de hacerse pasar por lo que no es", tal y como prosigue la moción.

Todo ello lleva al PP a concluir que es necesaria "la regulación" de esta especialidad: "en pro de la seguridad" del ciudadano. La iniciativa popular enumera seis acuerdos, uno de ellos consiste en instar al Ejecutivo central a definir criterios comunes sobre las clínicas y consultas autorizadas para realizar intervenciones de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Tales criterios serán consensuados con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. 

La diputada del PSOE Lara Hernández, vestida de amarillo, junto a compañeros de bancada en el Hemiciclo.

Una de las cuestiones de calado que plantea la moción consiste en solicitar a la Moncloa que elabore un informe sobre "la conveniencia" de incorporar al Código Penal "un nuevo tipo penal relativo al instrusismo sanitario". Tal cambio causaría un terremoto no solo en centros de estética, sino en peluquerías donde a veces se dedican a inyectar bótox.

Los populares también solicitan al Gobierno establecer una "distinción" clara entre Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y otras especialidades médicas que incluyen actuaciones estéticas sin tener que pasar por el quirófano. Además, plantean actuaciones de prevención del intrusismo mediante el incremento de las inspecciones en clínicas de Murcia, que el Ministerio de Sanidad desarrolle campañas de divulgación, coordinándose con los colegios profesionales, y que erradique el intrusismo con un Plan Nacional de Pseudoterapias.

Los tres puntos nuevos

Todas esas medidas no son suficientes para el PSOE y para completar la iniciativa del PP aportan tres nuevos puntos, con el objetivo de que el Parlamento autonómico apruebe un texto sin fisuras.

De un lado, el PSOE insta al Gobierno de Murcia a que dentro de sus competencias en Sanidad, ponga en marcha un plan regional de protección de la salud frente a las pseudociencias en todas las especialidades médicas. En esta línea, solicita a la Consejería de Salud que se cerciore de que tanto los profesionales como los medios con los que se trabajan en los centros sanitarios concertados y clínicas privadas, "cumplan todas las leyes y protocolos establecidos".

El otro asunto de interés que plantea la enmienda socialista está ligado a la instrucción judicial del caso Sara por homicidio por imprudencia profesional. Los familiares de la fallecida ampliaron recientemente la denuncia contra el cirujano cardiovascular por estafa y falesad, debido al contenido de su cuenta de Instagram donde se presentaba como 'médico de cirugía estética facial, corporal y vascular'.

Esta situación lleva a la diputada socialista Lara Hernández a pedir a la Asamblea que inste al Ejecutivo autonómico a establecer "una regulación restrictiva de la publicidad de servicios de cirugía reparadora y estética, realizada en redes sociales, como Instagram o Facebook, por parte de médicos autónomos que no cuenten con la especialidad de cirugía".