El Archivo Naval de Cartagena podría quedarse sin los sumarios de los tribunales militares que condenaron a miles de republicanos -entre 1939 y 1948- en la Región de Murcia. EL ESPAÑOL ha podido saber que este 10 de agosto se comunicó informalmente a algunos investigadores y usuarios habituales de las citadas instalaciones que a partir de mediados de septiembre, por decisión del Ministerio de Defensa, esos valiosos fondos serían trasladados a Madrid.
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Uno de los investigadores que fue informado de esa medida es el doctor en Historia Antonio Martínez. "Desde hace catorce años recurro al Archivo Naval de Cartagena para documentar algunos de mis trabajos", apunta el historiador. Por este motivo, Martínez ha decidido elaborar un memorándum donde alerta de las consecuencias que tendría la decisión del Ministerio de llevar a Madrid los documentos que incumben a los familiares de 1.885 víctimas mortales de la dictadura franquista.
"Los fondos referentes a las víctimas nacidas o residentes en la provincia de Murcia que en su caso, se trasladarían, serían más de 12.000 sumarios correspondientes a 26.433 desafectos a la dictadura franquista: 1.244 mujeres y 25.189 hombres, los cuales fueron juzgados y condenados por los tribunales militares con sentencias que sumaron cerca de 246.317 años de prisión", según expone el historiador en el memorándum.
Este diario ha consultado al Ministerio de Defensa si a partir del 15 de septiembre todos esos valiosos fondos serán retirados de la ciudad portuaria y el motivo por el que se ha adoptado tal decisión, pero por ahora no ha obtenido una respuesta desde este departamento.
Lo único que está claro es que existe una comunicación extraoficial de traslado a Madrid, a la vista de que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha enviado un escrito a la ministra Margarita Robles donde le pide información sobre los planes ministeriales para los expedientes sumariales de la Guerra Civil.
Carta a la ministra
"El posible traslado a Madrid de estos fondos, generados entre los años 1939 y 1948, ha sido denunciado por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región y ha alarmado a las organizaciones de defensa del patrimonio y muy especialmente, a historiadores e investigadores", según lamenta Arroyo.
Sala cartográfica del Archivo Naval de Cartagena.
En la misiva, la regidora del PP "defiende" ante la ministra del PSOE la necesidad de que esos fondos documentales "permanezcan íntegros y a disposición" de los usuarios en las instalaciones actuales. "No hay ninguna razón que justifique su traslado: entendemos que no hay motivo para romper la unidad del Archivo Naval de Cartagena porque es un lugar seguro, accesible para los investigadores y dispone de la tecnología necesaria para la digitalización de todos los fondos". A juicio de la alcaldesa de la ciudad portuaria, "esta decisión sería muy perjudicial para las investigaciones que hay en curso, sobre la Guerra Civil, por parte de equipos de las distintas universidades de la Región de Murcia". Por este motivo, Arroyo ha ofrecido la "colaboración" del Ayuntamiento a la ministra Robles para evitar el traslado de los mencionados fondos.
El doctor en Historia Antonio Martínez subraya a EL ESPAÑOL que "la nueva Ley de Memoria Democrática no obliga a centralizar los archivos". De modo que no entiende la intención del Ministerio, sobre todo si se tiene en cuenta que esos 12.000 sumarios no están digitalizados y su traslado a Madrid supondría un apagón informativo porque no habría copias de todo en el Archivo Naval.
En el memorándum que ha elaborado, el prestigioso historiador advierte de que se trata de unos documentos con unos "testimonios imprescindibles" para cualquier investigador, familiares de las víctimas, así como estudiantes y profesores de enseñanza media y universitaria, ya que la Base Naval de Cartagena fue la única que permaneció leal al Gobierno de la República durante la Guerra Civil.
"Estos sumarios, sus procesados y juzgados, han constituido y siguen constituyendo la mayor demanda de información del archivo".