El cierre del año hidrológico tendrá lugar el próximo 30 de septiembre y los regantes del Levante afrontan la recta final preocupados por la negociación de los convenios de las concesiones de agua de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco.
Las tres plantas conforman la columna vertebral de la desalación para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y su presidente, Lucas Jiménez, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que "desaparezcan" algunas cláusulas planteadas para los nuevos convenios, al considerarlas "abusivas".
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"Estamos trabajando con el Ministerio y analizando costes del agua desalada: llevamos muchos meses trabajando en la gestión de la desalación", según subraya a EL ESPAÑOL el líder de los regantes del Levante. "Estamos en el proceso de saber cuál va a ser el texto de los convenios que fijarán la relación: Acuamed, Ministerio y comunidades de regantes".
La negociación del agua desalada se antoja fundamental para miles de regantes de Murcia, Almería y Alicante por tres motivos. El primero: el 31 de diciembre acaba el decreto de sequía que establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y que en la actualidad mantiene una tarifa base subvencionada para el metro cúbico de agua desalada, de 34 céntimos, en la desaladora de Torrevieja; de 41 céntimos, en la planta de Águilas, y de 37 céntimos, en Valdelentisco.
En segundo lugar: el nuevo Plan de Cuenca del Tajo está pendiente de obtener la Declaración de Impacto Ambiental y prevé una subida de los caudales ecológicos de 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supondrá un recorte de 104 hectómetros cúbicos en las aportaciones anuales que recibe la Cuenca del Segura -a través del trasvase-.
Y en tercer lugar: el nuevo año hidrológico arrancará en octubre en nivel 3 de alerta. La sequía ha provocado que los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Segura se encuentren al 40% de su capacidad: hay unas existencias de 454 hectómetros cúbicos, de los 1.140 hectómetros que se pueden almacenar. Esta coyuntura provoca que la desalación cobre protagonismo, pero los regantes levantinos no quieren volver a abonar hasta 1,20 euros por metro cúbico, como ha ocurrido a causa del creciente precio de la luz antes de que entrase en vigor el decreto de sequía.
Las principales fricciones en la negociación de los convenios de las plantas desaladoras lo acaparan estas cláusulas: el precio del metro cúbico de agua desalada; el plazo de vigencia de esos precios, propuesto hasta 2027; el aval que las comunidades de regantes deben depositar a la firma de cada convenio, y los costes fijos aun cuando no se consuma agua desalada porque se registren precipitaciones.
"Estamos ahora con el convenio del agua de Torrevieja que por analogía condicionará al resto de plantas [Águilas y Valdelentisco]", apunta Lucas Jiménez. "El precio del metro cúbico no puede estar al albur de las movidas energéticas y en los plazos no podemos estar hablando de 2027, tenemos que irnos más allá: queremos tener más seguridad porque en el horizonte de 2027, parece que la zozobra energética no variará mucho".
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) es consciente de que las cláusulas que fije Acuamed en la instalación de Torrevieja condicionarán la actividad de las desaladoras de Águilas y Valdelentisco, por este motivo, tampoco admiten la cláusula del aval. "Es como un fideicomiso", critica Jiménez.
Ejemplo demoledor
"Estamos hablando de depositar una cantidad importantísima a Acuamed y bajo nuestro punto de vista, todo eso son contratos abusivos", insiste el líder de Scrats, antes de poner un ejemplo demoledor: "Si el coste del metro cúbico es de 45 céntimos y recibes un millón de metros cúbicos, tienes que depositar un aval de 450.000 euros. Si por algo se caracteriza el regadío levantino es por pagar el agua cara y por ser buen pagador: ¿A qué viene ahora tratarnos como morosos?"
La Junta de Gobierno del Scrats tiene previsto reunirse este mes para analizar en qué punto se encuentran los convenios de las tres plantas desaladoras. "Vamos a pelear las condiciones de esa agua desalada. Tenemos que movernos en el entorno de 30 céntimos el metro cúbico porque luego hay que añadirle el IVA, el peaje de conducción y hay que sumar 8 céntimos de coste medio en cada comunidad de regantes".
Lucas Jiménez reclama al Ministerio eliminar las citadas cláusulas y una "política de subvención" para la desalación. "El agua desalada con los precios a los que está la energía es inasumible: o ponen el agua a un precio asumible, o el 80% de los agricultores no pueden asumirlo, o los que pueden hacer frente al coste no sabemos cuánto tiempo aguantarán pagando el agua desalada a 80 céntimos o a 1 euro el metro cúbico".