El Gobierno de Murcia recurrirá ante el Tribunal Supremo la aprobación del nuevo Plan del Tajo. Así lo ha anunciado el presidente murciano, Fernando López Miras, en la comparecencia de urgencia que ha convocado en el Palacio de San Esteban, solo unas horas después de conocer que el Consejo de Ministros había dado luz verde a la subida de los caudales ecológicos del Tajo, lo que se traducirá en un recorte del 50% en las aportaciones hídricas que recibe el Trasvase Tajo-Segura.
"Lo que ha aprobado el Gobierno de España es el mayor ataque político, perpetrado a esta comunidad autónoma, en las últimas décadas", tal y como ha reflexionado López Miras, en un tono muy duro, y con el gesto preocupado por la repercusión que puede tener esta medida en el sector agrícola. "Políticos que no han pisado esta tierra han sentenciado de muerte el trasvase: se trata de una tropelía sin base ni fundamento, que golpea nuestro desarrollo social, económico y medioambiental".
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López Miras ha comparecido junto a una pantalla donde se podía leer el mensaje 'No solo es agua, son vidas', con el objetivo de detallar la hoja de ruta que seguirá el Ejecutivo murciano después de que el Consejo de Ministros haya hecho oídos sordos a dos peticiones sobre el nuevo Plan del Tajo y su repercusión en el Levante. La primera petición la realizaron los 7.000 agricultores de Murcia, Almería y Alicante que se manifestaron en Madrid, para defender el Trasvase Tajo-Segura, como principal método de riego para sus fincas agrícolas, por encima del agua desalada.
La segunda petición la formuló el Consejo de Estado: el máximo órgano consultivo del Gobierno emitió un dictamen, cuyo contenido advertía al Ministerio para la Transición Ecológica de que debía hacer "compatible" el incremento de los caudales ecológicos del río Tajo, con la viabilidad del trasvase. Pero al departamento de Teresa Ribera no le ha pesado ni la protesta masiva de los agricultores del 11 de enero, ni el dictamen del citado órgano con relevancia constitucional.
Prueba de ello es que los caudales ecológicos del Tajo se incrementarán año a año, desde los 6 metros cúbicos actuales, a 7 metros cúbicos, llegando a 8,65 en 2027. De forma que se reducirán las aportaciones que reciben Murcia, Almería y Alicante para regar sus campos y para consumo humano, entre 70 y 110 hectómetros cúbicos. Para combatir este panorama hídrico, López Miras ha anunciado que el Ejecutivo murciano interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo: "El Gobierno de Pedro Sánchez aboca al Levante a la ruina y a miles de familias".
López Miras, este martes, durante su comparecencia de urgencia.
El presidente murciano también ha avanzado que solicitará una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacerle llegar un mensaje: "Quiero que un agricultor manchego tenga las mismas oportunidades y derechos que un agricultor murciano".
También ha anunciado que informará del contenido del recurso al Supremo a los jefes de los ejecutivos andaluz y valenciano, Juanma Moreno y Ximo Puig, respectivamente. "Nuestra prioridad será este recurso para revertir esta decisión arbitraria, política y sectaria que ha tomado el Gobierno central, y por supuesto, de cara a este recurso, también hablaré con el presidente de Andalucía y de la Comunidad Valenciana".
López Miras, en su intervención, ha lamentado que este 24 de enero, Pedro Sánchez "ha cumplido la promesa" que hizo el 19 de abril de 2018 en Albacete, sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura. Tal apunte le ha llevado a criticar que han sido "doblemente engañados" los líderes socialistas en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, José Vélez y Ximo Puig, respectivamente, debido a que pactaron con la ministra Teresa Ribera unos caudales ecológicos para el Tajo que no se han cumplido.
"No es cierto que esta planificación se haya realizado con un diálogo constante como ha dicho la ministra", tal y como ha criticado el presidente murciano, insistiendo en dos ocasiones en que la ministra Ribera "ha mentido" en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas -para el periodo 2022-2027-.
Ribera ha propuesto rebajar el precio del agua desalada como compensación y como alternativa al recorte en el acueducto, pero López Miras ha desechado esa opción. De forma que todo apunta a que la batalla hídrica que se libra entre Moncloa, Castilla-La Mancha y los territorios del Levante seguirá marcado la agenda en un año donde habrá cita con las urnas en varias autonomías.
"Sustituir el agua del trasvase por desalación no es una alternativa, como la propia ministra sabe porque no tiene calidad necesaria para regar los cultivos, porque es imposible técnicamente llevarla a determinadas cotas y porque en términos medioambientales es incompatible con la era en la que vivimos porque se derrocha energía y es contaminante".