Los populares murcianos tratan de pasar página al escándalo del caso La Sal con la salida del PP de Ramón Luis Valcárcel: el político que logró cuatro victorias consecutivas en las urnas por mayoría absoluta. El que fuera presidente de la Región de Murcia del año 2005 al 2014 y máximo dirigente a nivel orgánico, Ramón Luis Valcárcel, ha pedido su baja voluntaria como afiliado del Partido Popular, tras la apertura del juicio oral por la planta desaladora que se construyó durante su mandato en Escombreras.

Fuentes del PP han confirmado estos hechos a Europa Press. De este modo, Valcárcel, para el que el fiscal Anticorrupción ha pedido una pena de cárcel de 11 años y seis meses, 20 años de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, también ha dejado de ser el presidente de honor del PP murciano, cargo que hasta ahora representaba con el apoyo de la militancia.

El exdirigente popular será juzgado por el caso La Sal, por el contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras donde se produjo un supuesto perjuicio a las arcas públicas de 74 millones de euros. Así lo considera la magistrada Ana Isabel Navarro, tras dictar un auto de procedimiento abreviado donde avala los argumentos y pruebas aportadas por Anticorrupción, así como los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales.

Ramón Luis Valcárcel, poniendo la primera piedra de la desaladora de Escombreras, en calidad de presidente de la Región, en julio de 2006, bajo la atenta mirada del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá (c), también investigado en el 'caso La Sal'. Efe

Valcárcel deberá responder por la desaladora de Escombreras que se empezó a gestar en el año 2005. Para el proyecto no se convocó un concurso público ni se recurrió a una concesión administrativa. La planta se ejecutó por la vía privada, con la supuesta intención de lucrarse con fondos públicos a través de un supuesto entramado de sociedades públicas y privadas y de contratos públicos y privados que tienen su génesis en el denominado Ente Público del Agua (EPA).

El Gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel constituyó el Ente Público del Agua (EPA), y nombró como presidente del EPA, al entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. A través del citado ente, se constituyó la empresa pública Hidronostrum, cuyo Consejo de Administración lo componían miembros de las distintas consejerías, y que compró el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras S.A.: una sociedad creada para explotar la planta, por parte de la constructora de las instalaciones, Hydromanagement. A su vez, esta mercantil estaba compuesta por varias empresas que suscribieron un contrato con el Grupo ACS.

"A cambio, las empresas privadas Hydromanagement y Tedagua, obtuvieron contratos suscritos y garantizados con cargo a fondos públicos, con condiciones abusivas y leoninas por 25 años, que aseguraban a las empresas de ACS importantes beneficios", según expone la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en un auto que sostiene que tales contratos supuestamente generaron un perjuicio al erario público de 74 millones de euros.

De hecho, en la parte dispositiva del citado auto, se requiere al expresidente de Murcia para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. En caso de que no aporte esa suma, se decretará el embargo de sus bienes en la cantidad correspondiente.

En la vista oral, que todavía no tiene fecha, el expresidente murciano también se enfrentará a otras dos acusaciones. La ejercida por la Comunidad Autónoma, como actor civil, y la popular, a cargo del abogado murciano Diego de Ramón. Este letrado eleva a 15 años la petición de prisión para Valcárcel, al considerar que la desaladora de Escombreras se creó supuestamente para "recalificar 180 millones de metros cuadrados" en los municipios de los 26 ayuntamientos que firmaron el convenio de aprovisionamiento con el Ente Público del Agua.