El vicepresidente murciano, José Ángel Antelo, y el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, en segundo plano, Rubén Martínez Alpañez.

El vicepresidente murciano, José Ángel Antelo, y el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, en segundo plano, Rubén Martínez Alpañez. Marcial Guillén / Efe

Murcia

Cuatro ONG denunciarán por un delito de odio al vicepresidente de Murcia y al portavoz de Vox

Sergio Ramos, abogado de las asociaciones, sostiene en el borrador de la denuncia que Antelo y Alpañez "pretenden criminalizar" a los inmigrantes.

25 octubre, 2023 12:55
Murcia

Vox se ha metido en su primer lío desde que entró en el Gobierno de la Región de Murcia como socio del PP. Los comentarios supuestamente racistas sobre la reciente oleada de pateras que recibió la comunidad y que realizaron el vicepresidente murciano, José Ángel Antelo, así como su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, terminarán en manos de la Fiscalía.

El abogado Sergio Ramos ha facilitado a este diario el borrador de la denuncia que presentará contra Antelo y Alpañez, por un supuesto delito de incitación al odio. El letrado actuará en representación de las asociaciones Amigos de Ritsona, PAREM, Murcia Acoge y Convivir sin Racismo, las cuales están analizando el contenido de este documento antes de registrarlo como denuncia en el Ministerio Público.

"El pasado 13 de octubre de 2023, el vicepresidente regional, José Ángel Antelo, realizó una rueda de prensa en la que manifestó las siguientes declaraciones: "La infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados"", según expone el borrador de la denuncia que ha redactado el abogado Sergio Ramos y donde también alude a un post que posteriormente realizó Antelo, en su cuenta personal de X [antes Twitter]: "En estos momentos de especial tensión internacional, no podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados. ¡Nos jugamos nuestra seguridad!"

Las afirmaciones del vicepresidente murciano aludían a la llegada de quince embarcaciones al litoral de Cartagena, con cerca de 200 personas a bordo. El letrado argumentará lo siguiente a la Fiscalía: "Estas declaraciones son de facto falsas y no se sustentan en ningún informe policial ni datos estadísticos o de alguna agencia pública. Estas declaraciones pretenden criminalizar y generar una persecución social contra ciudadanos que en muchos casos huyen de sus países y son refugiados a los que el estado y los poderes públicos deben proteger y no perseguir".

Este episodio de pateras también provocó que se pronunciara el portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez: "La gente que viene de forma ilegal, es gente que sale de sus respectivos países, y lo dicen ellos literalmente, porque allí están amenazados de muerte. ¿Y por qué están amenazados de muerte? Porque son delincuentes en sus calles, no es gente que venga a ganarse la vida aquí y a intentar buscar trabajo".

Tales afirmaciones de Alpañez también han sido incluidas en el borrador de denuncia de Sergio Ramos: abogado experto en temas de extranjería. "Uniéndose a esta cacería mediática contra este colectivo, el día 16 de octubre, el portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Martínez Alpañez, declaró en vídeo en su red social X [antes Twitter] sobre los inmigrantes que están llegando en patera a la Región de Murcia: "Son delincuentes... no es gente que venga aquí a ganarse la vida".

La denuncia que presentarán estas cuatros asociaciones que trabajan con el colectivo inmigrante en suelo murciano, se apoyará en una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenó por un delito de odio a siete ciudadanos de Melilla, cuatro hombres y tres mujeres, que se dedicaban en redes sociales a escribir mensajes violentos y racistas contra MENAS: menores extranjeros no acompañados.

El abogado busca un castigo ejemplar contra los dirigentes de Vox, José Ángel Antelo y Rubén Martínez Alpañez, dos de los hombres fuertes de Santiago Abascal en territorio murciano. De hecho, recuerda a la Fiscalía que el delito de incitación al odio está castigado en el Código Penal con una pena de 1 a 4 años de prisión, así como una multa de seis a doce meses, cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.