El Gobierno de Murcia a Sánchez: "No sabemos si desde el Falcon vio a los agricultores manifestarse"

Después de la jornada de protestas de los agricultores del 21-F, el portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico "ultima" un acuerdo con las organizaciones agracias: COAG, UPA y ASAJA, para dar respuesta a sus reivindicaciones. Se trata de un plan plurianual de ayudas con un presupuesto de 18 millones de euros que incluye un refuerzo de los seguros agrarios y ayudas para los agricultores que están fuera de la Política Agraria Común (PAC).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz Marcos Ortuño ha destacado el "permanente diálogo" que el Palacio de San Esteban mantiene con las organizaciones agrarias. También ha criticado "la actuación" del Ejecutivo central en 2023 porque solo puso un 3% de los 235 millones de euros que se destinaron a las ayudas de la PAC, "mientras que el Gobierno regional aportó el 7%".

El portavoz autonómico asegura que les llama la atención la visita que Pedro Sánchez realizó este miércoles a Marruecos, coincidiendo con la jornada de protestas que el sector agrario había convocado en toda España: "No sabemos si desde el Falcon vio a los agricultores manifestarse".

Ortuño ha criticado la competencia que generan los productos que vienen de países que están fuera del radar de la PAC de la Unión Europea: "No puede ser que estén entrando productos hortofrutícolas de terceros países a los que no se les exigen los mismos requisitos que a los agricultores españoles". De forma que el portavoz del Gobierno murciano ha instado a la Monlcoa "a tomar medidas" ante Bruselas.

Trasvase Tajo-Segura

Por otra parte, el portavoz ha anunciado que el Gobierno de la Región de Murcia ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo, para "frenar el hachazo al trasvase que supone el nuevo Plan del Tajo". Ortuño ha justificado esta medida porque el Ministerio para la Transición Ecológica "actuó con arbitrariedad, en base a criterios ideológicos y partidistas, e ignoró deliberadamente el trasvase".

Ortuño ha alertado de que el Plan del Tajo conlleva "una reducción de 100 hectómetros cúbicos al año, sin que exista ninguna medida alternativa ni realista por parte del Ministerio". Las acciones legales emprendidas por el Palacio de San Esteban van acompañadas de 15 informes técnicos que "respaldan los argumentos del Gobierno Regional y evidencian que la decisión del Gobierno central fue arbitraria, saltándose las leyes y sin valorar las consecuencias".

El portavoz autonómico ha insistido que el MITECO "ignoró deliberadamente la existencia del Trasvase Tajo-Segura" y esta acción podría suponer "la pérdida unos 300 millones de euros y la destrucción de casi 6.000 puestos de trabajo".