El Ayuntamiento de San Javier puede cantar victoria en el proceso de adjudicación del contrato de agua potable y alcantarillado. La Fiscalía ha archivado la denuncia del grupo político Pleamar donde alegaba irregularidades en el proceso, para evitar la concesión de ese servicio a la empresa Aqualia, por un importe de 247 millones de euros, durante un periodo de tiempo de veinte años.
El Ministerio Público ha analizado la documentación de todo el proceso, para aclarar si existían indicios de delito. El auto del fiscal concluye que los hechos denunciados por Pleamar "no son constitutivos de delito de prevaricación". De modo que no hubo ningún tipo de exclusividad o favorecimiento para la mercantil ganadora del concurso: Aqualia.
La Fiscalía llega a tal conclusión después de analizar el expediente administrativo del Ayuntamiento de San Javier, así como los procedimientos de los recursos que presentaron posteriormente las mercantiles Hidrogea y Aguas de San Javier en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Además, el fiscal acudió a la consultora externa que se ocupó de la licitación -Ingeagua- para recabar los procesos de licitación de contratación pública en los que había intervenido.
Con todos esos datos en la mano, el fiscal ha decidido archivar la denuncia. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, reflexiona que la decisión del Ministerio Público supone un "espaldarazo al equipo técnico y jurídico del Ayuntamiento de San Javier al que Pleamar ha puesto en entredicho". El regidor popular también ha instado a este grupo político de la oposición a "pedir disculpas públicas".
Acuerdo en el Pleno
Esta decisión de la Fiscalía llega después de que el Partido Popular aprobase en el Pleno, interponer un recurso contencioso contra la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anuló el proceso de contratación. Todo ello, en favor del requerimiento que presentó Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor S. L. (Gestagua): la mercantil que no había conseguido ganar el contrato de 247 millones de euros.
El archivo de la denuncia de Pleamar, por parte de la Fiscalía, ha motivado que el alcalde, José Miguel Luengo, anuncie que solicitará al Tribunal Superior de Justicia "proceder a la firma del contrato". Luengo sostiene que "cuanto antes lo hagamos, antes podrán llegar los 86 millones de euros previstos en inversiones en el contrato, para los próximos 13 años".