El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dado un nuevo paso en su guerra contra la ley de Amnistía. El jefe del Ejecutivo regional ha anunciado que ya tiene "redactado y listo" el recurso de inconstitucionalidad contra la norma. También ha avanzado que lo presentarán "próximamente" ante el Tribunal Constitucional.
López Miras recalca que presentar este recurso "no es un acto político, sino un deber jurídico y moral". El dirigente autonómico ha hecho pública esta medida tras la última sesión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en San Pedro del Pinatar y donde se ha felicitado por las cifras turísticas que ha registrado la Región de Murcia en julio, al recibir 213.198 viajeros: un 3,4% más que el mismo mes de 2023.
"No queremos que se pueda enviar el mensaje de que ciertos delitos pueden quedar impunes si se negocian políticamente", tal y como subraya López Miras. El presidente de la Región de Murcia justifica este recurso contra la ley de Amnistía para "que nadie esté por encima de la ley" y porque supone "una defensa directa de los intereses de más de un millón y medio de murcianos, que tienen derecho a vivir en un país donde la igualdad entre todos los españoles sea una realidad tangible".
López Miras insiste en criticar la normativa impulsada por el Gobierno central, para evitar que rindan cuentas ante la Justicia aquellos políticos que participaron en el proceso soberanista de Cataluña -como Carles Puigdemont-. "No se puede permitir que se creen privilegios o excepciones que pongan en riesgo la cohesión nacional y que debiliten los principios de justicia e igualdad que compartimos".
"La ley de Amnistía fue el origen de todo el destrozo institucional e insolidario", según prosigue lamentando el presidente murciano, al tiempo que asegura que esta norma tiene su continuidad "con la financiación privilegiada para Cataluña". A julio de López Miras, el peligro de la amnistía y del concierto catalán es que crea "ciudadanos de primera y de segunda" en el seno de las comunidades autónomas.
El jefe del Gobierno regional considera que el Tribunal Constitucional (TC) "es el garante de nuestro ordenamiento jurídico, y es ahí donde corresponde dirimir si esta ley se ajusta o no a los principios constitucionales". Por ese motivo han dirigido un recurso al TC: "Acudimos a él con la confianza de que actuará en defensa de la legalidad y la justicia".
"Un castigo enorme"
Durante la última reunión del Consejo de Gobierno, López Miras ha analizado la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica: "Una de las principales prioridades de este curso político". Para la Región de Murcia esta reforma "es urgente" e "inaplazable" porque esta comunidad es una peor financiadas del país_ "Lleva demasiados años sufriendo un castigo enorme, injusto e inhumano".
La reunión deliberante del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, celebrada este jueves en San Pedro del Pinatar.
"Cuando hablamos de que la Región de Murcia está a la cola del presupuesto de España, nos referimos a las listas de espera en Sanidad, a la contratación de docentes o a la atención a la dependencia". En todos estos ámbitos, indica, "es donde los murcianos están viéndose perjudicados" con respecto a otros territorios porque perciben 309 euros menos que la media nacional, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El jefe del Ejecutivo regional lamenta que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez "no es capaz de solucionar la financiación autonómica, ni poner fin a la discriminación que sitúa a la Región de Murcia como la peor financiada de España". López Miras critica que frente a la situación que sufre su comunidad, desde el Ministerio de Hacienda se plantean sellar un acuerdo en materia fiscal que "privilegia a Cataluña para garantizarse los apoyos que le permitan seguir en la Moncloa".
En referencia a esa financiación privilegiada que estudia Hacienda, "en forma de concierto", el presidente murciano advierte de que "romper la unidad en el reparto de los fondos del Estado es un ataque que no se puede consentir". Para resolver esta situación "no sólo utilizaremos todos los recursos legales e institucionales a nuestro alcance, sino que implicaremos a toda la sociedad, que es la que sale perjudicada con esta decisión".