UGT y CC OO critican el "nulo compromiso político" del nuevo Plan de Servicios Sociales del Ejecutivo murciano
Los dos sindicatos emiten un comunicado conjunto alertando de que "presenta tres graves defectos" y lamentan la financiación presupuestada.
UGT y CC OO consideran "desolador" el "nulo compromiso político" que demuestra el Gobierno de la Región de Murcia con el nuevo Plan Regional de Servicios Sociales que ha presentado a ambos sindicatos y que lamentan que llega "con dos años de demora".
Las dos organizaciones sindicales han emitido un comunicado conjunto donde subrayan que se ha realizado "un diagnóstico acertado", sobre la situación y necesidades de la Región de Murcia, pero "presenta tres graves defectos" que muestran la "ausencia de compromiso para avanzar en la cobertura de los derechos" de la Ley de Servicios Sociales 3/2021.
"Por un lado, no se detalla ni el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones públicas, y por otro lado, la exigua financiación no garantiza la puesta en marcha de las medidas incluidas en el plan", tal y como critican UGT y CC OO.
Estos sindicatos lamentan la financiación presupuestada: "El gasto por habitante y año en servicios sociales en la Región de Murcia, a pesar de un incremento del 7,85% en 2022, es de 366 euros, una cifra muy inferior a la media estatal que fue ese año de 512 euros".
"La ausencia de una adecuada financiación estable, duradera y suficiente, implica que no existe ninguna intención de mejorar las condiciones de nuestra comunidad en materia de servicios sociales y alcanzar la media nacional", según critican en el comunicado.
Las medidas más urgentes
Comisiones Obreras y UGT también consideran que el nuevo Plan Regional de Servicios Sociales no prioriza adecuadamente las medidas a desarrollar. Para estas organizaciones, el cronograma de actuaciones "debiera centrarse" en aquellos puntos "en los que nuestra comunidad se encuentra claramente por debajo de la media nacional".
Las medidas más urgentes debieran recaer en el incremento de profesionales de la red básica de servicios sociales, atención de la dependencia, el incremento de las personas que reciben rentas mínimas de inserción, el número de plazas residenciales de financiación pública, de servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día para mayores de 70 años; así como servicios para personas con discapacidad y plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.