Guía rápida para no perderse con el desafío del Parlament

El independentismo catalán se ha propuesto forzar la marcha pensando en un nuevo otoño caliente, que arrancará con la Diada del 11 de septiembre -en los últimos años la fecha en que los soberanistas se han echado a la calle- y en un momento de desconcierto de la política española por la incapacidad de los principales partidos de llegar a un acuerdo de gobierno.

Siguiendo al milímetro su hoja de ruta independentista, este miércoles Junts pel Sí y la CUP han ejecutado un nuevo desafío al Estado al aprobar, si bien en una Cámara fracturada, las conclusiones de la Comisión de los Estudios para el Proceso Constituyente (CEPC). Conclusiones que son, básicamente, nuevas medidas de ruptura con el resto de España. La votación no estaba en la orden del día pero era un secreto a voces pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Las conclusiones, que entre otras medidas recogen la creación de una asamblea que estará por encima del propio Parlament y no acatará “ningún otro poder, juzgado o tribunal”, fueron aprobadas con los votos de Junts pel Sí y la CUP (72 escaños).

La oposición mostró de diferentes maneras su absoluto rechazo a este “golpe a la democracia”. Así, Ciudadanos y el PP catalán decidieron no votar y abandonar el hemiciclo, el PSC se negó a votar pero permaneció en sus escaños y los once diputados Catalunya Sí que es Pot (Podemos) votaron en contra. Una imagen de división pocas veces vista en el Parlament y que abre numerosas incógnitas sobre el futuro inmediato de la política catalana.

El bloque soberanista medirá sus fuerzas en la próxima Diada y su unidad en la moción de censura a la que se enfrentará Carles Puigdemont el 28 de septiembre. Si la supera, se mantendrá en el cargo y los planes secesionistas seguirán intactos, pero si el presidente no recibe el apoyo, la Cámara catalana se verá abocada a unas nuevas elecciones que desde el Partit Demòcrata Català (PDC), la vieja Convergència, podrían volver a presentar como plebiscitarias.  

Desconcierto en torno al 'procés'

Existe un cierto desconcierto respecto a la situación del denominado procés y de los pasos que pretenden dar en un futuro inmediato. Los partidos independentistas y las asociaciones secesionistas evitan fijar fechas. El único coto temporal que se permiten revelar es el momento en que auguran que Cataluña será independiente. Junts pel Sí se autoimpuso en su programa electoral del pasado 27 de septiembre un plazo de 18 meses para lograrlo. Aunque, una vez en el gobierno, han afirmado que ese plazo puede ampliarse. Otros, como la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), mantienen que la independencia se logrará en 2017.

Por otra parte, el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró, una vez en el cargo, que no llevaría a cabo una declaración de independencia. Mientras, la CUP, en su asamblea celebrada hace una semana, apostaba por algo similar, un referéndum unilateral de independencia (RUI). Además, los anticapitalistas acusaron a la formación de Puigdemont de rebajar la fuerza de la votación rupturista del 9 de noviembre que simuló un referéndum de independencia.

Un informe que aclara un poco la hoja de ruta

Una vez aprobadas las conclusiones de la CEPC, se puede considerar que este informe, algo impreciso al carecer de fechas, se convertirá desde hoy en la nueva hoja de ruta del independentismo catalán. En el documento se asegura que actualmente no tienen margen de acción para que se reconozca el derecho a decidir de los catalanes. “La única manera de ejercer este derecho es por medio de la desconexión y de un proceso constituyente propio”, al margen del marco jurídico español. Uno de los puntos más concretos de las conclusiones son las tres fases que establece el informe para que Cataluña se independice de España.

Primera fase: El proyecto de la constitución 

La primera fase contempla la creación de un “Foro Social Constituyente” que estaría formado por miembros de los partidos políticos y diversos representantes de la sociedad civil. El objetivo que establece para este grupo de trabajo es debatir y aportar interrogantes sobre la futura constitución catalana. Las cuestiones que aparezcan deberán ser votadas por los ciudadanos. También se creará una Asamblea Constituyente (al margen de todo control estatal) que será la encargada de redactar el proyecto de constitución. Las peticiones del Foro Social que hayan sido aprobadas por el voto ciudadanos, tendrán que ser incluidas en la redacción del proyecto de carta magna catalana.

Segunda fase: La desconexión con España

La segunda de las fases comprendería la aprobación en el Parlamento de Cataluña de una serie de “leyes que no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal”. Es lo que denominan “leyes de desconexión”. Pero no solo estás leyes estarían al margen del control constitucional, la Asamblea Constituyente también estaría al margen de todo control. Además, las decisiones de esta Asamblea serían de obligado cumplimiento por el resto de poderes públicos catalanes.

Tercera fase: Un referéndum para la constitución 

La tercera y última fase, se daría una vez aprobado el proyecto de constitución. Entonces, los ciudadanos catalanes votarían mediante un referéndum constitucional la nueva constitución de Cataluña.