La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acaba de anunciar que el Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la Abogacía del Estado que mueva ficha contra la declaración del Parlament que incluye la hoja de ruta separatista. En concreto, el Gobierno pedirá al Tribunal Constitucional que aperciba a Carles Puigdemont y Carme Forcadell bajo amenaza de sanción penal.
El Gobierno pide al Constitucional que abra vía penal contra Forcadell por el desafío soberanista
La número dos del Gobierno ha anunciado que la Abogacía del Estado pedirá al Alto Tribunal que "declare nula la resolución del Parlament" y su "suspensión inmediata". Además, ha agregado una serie de "medidas para hacer efectiva esta sentencia". Entre ellas, está apercibir al presidente de la Generalitat y a la presidenta del Parlament con la amenaza de sancionarles penalmente.
“No estamos solo ante un desafío institucional, estamos ante un desacato del constitucional. Es una vulneración de la constitución”, ha señalado Soraya Sáenz de Santamaría. La ministra ha apuntado que las actuaciones que se están produciendo en el Parlament no hacen sino dañar al conjunto de la soberanía nacional. “Supone colocar a una institución y a sus miembros por encima del resto de la nación".
La vicepresidenta ha exigido además que se requiera a la Presidenta del Parlament y a los miembros de la mesa para que se abstengan de la realización de cualquier actuación del incumplimiento de la esa resolución.
Además, Santamaría ha instado a los miembros de la Cámara Baja de Cataluña que se abstengan de una actuación que supusiese “vulnerar” lo aprobado por el Tribunal Constitucional, que declaró anticonstitucional el referéndum no vinculante del pasado nueve de noviembre. Por ello, la vicepresidenta ha apelado a la sensatez de los representantes de Cataluá para que no se entre a dialogar sobre estas cuestiones. “Exigimos a la señora Forcadell y a su mesa prohibición expresa para convocar o debatir ninguna iniciativa que pudiera llevar al debate de la resolución aprobada".
El pasado miércoles el Parlament aprobó iniciar el proceso de "desconexión" de Cataluña de España. Junts pel Sí y la CUP hacían valer la mayoría absoluta de 72 escaños de la que disponen en la cámara para incluir en el orden del día la votación sobre las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente. Con los mismos apoyos, los independentistas respaldaban el documento, que incluye el diseño de un "mecanismo unilateral de ejercicio democrático". Todo ello, pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional.
No quedó ahí la cosa. Soraya ha pedido al TC que proceda al “oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal” a la que tuviera que hacer frente la presidenta del Parlament de Cataluña y los miembros de la mesa.
La estratagema de los separatistas
En la resolución votada el pasado miércoles los representantes de Junts pel Sí y La CUP votaron a favor de activar el procés independentista. Para tratar de desvincularse de la proposición que se llevó al pleno fuera de programa, la presidenta Forcadell preguntó varias veces a los miembros de ambos partidos si estaban seguros de lo que estaban votando.
En el pleno, fueron varios parlamentarios los que reprocharon a la presidenta de la cámara el haber permitido que se llevase a debate la proposición del Govern. Sin embargo, Forcadell se desquitó de sus responsabilidades alegando que tal no era su responsabilidad. “El pleno es soberano. Nosotros solo ordenamos el debate”, agregó, tajante.
Los independentistas emprendieron una estrategia con la que evitar que la responsabilidad recayera sobre los representantes de la mesa y la presidenta. La presidenta preguntó hasta dos veces a los parlamentarios si estaban seguros de su voto y de si conocían a la perfección lo que se decía en el auto. Junts pel Sí aceptó y también la CUP, cuya diputada, Anna Gabriel atajó con un rotundo: “No tenemos miedo”. Entretanto, tres miembros de la mesa pretendieron, sin éxito, frenar el debate. Ahora, Forcadell se arriesga a la multa y a la inhabilitación del Tribunal Constitucional.