Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) han presentado este jueves una denuncia ante la jueza andorrana que investiga las responsabilidades sobre la intervención de la entidad del Principado en 2015. En esta denuncia sostienen que recibieron amenazas y extorsiones por parte de mandos policiales españoles que investigaban el 'caso Pujol'. En concreto, la Policía quería información sobre Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias.
El 10 de marzo de 2015 la entidad financiera andorrana fue intervenida por el organismo del Tesoro de EEUU bajo una acusación de blanqueo de capitales. Según informa este jueves Crónica Global, los accionistas mayoritarios culpan de ello a la Policía española. En concreto, uno de los denunciantes Higini Cierco sostiene que fue víctima de “amenazas y extorsiones” por parte de “mandos policiales españoles mucho antes de la intervención del banco”. Según dice, estos mandos le dejaron claro que si no colaboraba con ellos se “actuaría contra BPA, si era falta, vía Administración americana”, como finalmente sucedió.
Higini Cierco recibió una llamada en mayo de 2014 del agregado de Interior a la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándole de que "sería conveniente que viera a unas personas en Madrid". A pesar de no conocerle, se reunió con él en las instalaciones exteriores de Industrias Montanya (IMSA), una tabacalera conocida en el Principado, y el policía insistió en que era absolutamente necesario que el banquero mantuviera una reunión en España “o de lo contrario, el banco moriría”.
“En ese momento ya me dijo que los americanos estaban al corriente de la situación y sabían como hacerlo”, añaden los denunciantes. Según Crónica Global, la amenaza coincide con la apertura de una inspección del Sepblac, la comisión de prevención de blanqueo de capitales de España, a Banco Madrid, la filial de BPA en el país que entró en concurso de acreedores tras la intervención de su sociedad madre.
Martín Blas, alias 'Félix'
Cierco derivó al agregado de Interior al entonces consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel (en prisión preventiva desde hace más de un año), que le recibió en la sede central del banco. El agregado de Interior, según el relato, insistió en que si no se colaboraba con ellos, BPA iba a desaparecer e informó a Miquel de que iba a recibir una llamada de una persona que se identificaba con el sobrenombre de Félix y que le iba a dar más instrucciones. Tras este alias se escondía el comisario, entonces jefe del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, según la citada información.
Miquel y Martín Blas se encontraron en Madrid y el comisario le reiteró las amenazas exigiéndole, como había ocurrido con Cierco, información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias. Miquel y Martín Blas se encontraron en más ocasiones y “el resultado de los datos que se facilitan" en esas reuniones "es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero", según el banquero. Se refiere la conocida confesión de Jordi Pujol de hace dos veranos. Desde la entidad financiera optaron por no denunciar los hechos entonces porque Martín Blas les advirtío de que si lo hacían, se les intervendría el bancoi “en 15 días”.