BPA ingresaba hasta el 90% en dinero negro por la "ineficiencia" de la policía española

Los controles en España “son ineficientes”, “podemos operar con un 90 por ciento del dinero en B”. Estos son los argumentos que esgrimió el presunto blanqueador Rafael Pallardó para calmar a los responsables de Banca Privada de Andorra (BPA). El departamento de Cumplimiento normativo de la entidad le había citado, alertado por el gran volumen de dinero en metálico que manejaba Pallardó, una circunstancia que no era nueva para ellos, pero que empezaba a levantar sospechas fuera del banco.

Corría el año 2009 y por entonces Pallardó había pasado de ingresar 2 millones en efectivo a 13 millones en apenas un año. Así se recoge en el auto de la jueza andorrana Canolic Mignorance, que el día 18 de agosto procesó a este empresario y a 23 personas más por un “delito mayor de blanqueo de dinero cometido por un grupo organizado en un establecimiento bancario de manera habitual”.

50 millones para el padre de Gao Ping

Pallardó está acusado de ser la persona que lavaba el dinero de lo negocios del magnate chino Gao Ping, detenido en la ‘operación Emperador’, causa en la que también está investigado. En concreto, usaba al BPA de Andorra como puente entre España y la cuenta del padre de Gao Ping en China en la que ingresó hasta 50 millones de euros. Por este motivo fue convocado el 3 de diciembre de 2009 por el banco para que explicase estas operaciones.

“En lo que respecta a la operativa de cuenta puente que preocupa a Cumplimiento normativo, manifiesta (Pallardó) que puede aportar todo tipo de documentación y que pueden operar con un 90 por ciento en B atendiendo a las ineficiencias de los diferentes organismos como son los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Agencia Tributaria y Aduanas”, relata la jueza, que se basa en las actas de esas reuniones.

Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, al banco debieron servirle esas explicaciones ya que, según el auto, la decisión fue mantenerle “en seguimiento”, pero no interrumpir sus operaciones. En lugar de eso, le incrementaron las comisiones y se le impuso una comisión por manipulación de efectivo respecto a los ingresos que hacía en el conocido como “búnker”, una sala de seguridad para clientes especiales en la que se podían hacer ingresos en metálico las 24 horas del día. Entre los trabajadores de BPA se referían a Pallardó como “el cajero automático” de la entidad en España, porque siempre disponía de efectivo.

Compensaciones bancarias

Entre los 24 procesados hay numerosos trabajadores y gestores del banco, quienes sustentaron un sistema de compensaciones bancarias prohibido por Ley. Estas operaciones consistían en poner en contacto a un cliente que dispusiera de dinero en España y quisiera ingresarlo en Andorra sin declararlo con un cliente que sí tuviese dinero en una cuenta andorrana, necesitase de efectivo y quisiera evitar los controles fronterizos. Se trata de una práctica habitual en las operaciones de blanqueo. Los gestores de ambos clientes fijaban un encuentro y lo comunicaban al banco, que realizaba una operación de caja ficticia. En ocasiones, eran los propios gestores de la entidad los que se desplazaban a España para recoger el dinero en metálico.   

Entre las tramas que se beneficiaron de este sistema se encontraba Gao Ping, del que la jueza andorrana ofrece incluso un organigrama sobre su estructura. Era tal el volumen que blanqueaban, a juicio de la magistrada, que la trama tenía que tener algún tipo de condescendencia por parte de las autoridades españolas:“si bien es difícilmente cuantificable cuánto es el beneficio concreto que Gao Ping obtiene de la corrupción, es evidente que los márgenes empresariales con que opera en negro son inviables sin incidir sobre los mecanismos de control del Estado”.

Organigrama de la trama de Gao Ping.

También usaba el BPA para sus actividades de blanqueo con la ayuda de Pallardó un líder mafioso ruso llamado Viktor Kanaikan, principal implicado en la 'operación Clotilde' en la que la Guardia Civil desarticuló en 2013 una organización corrupta que operaba en Lloret de Mar. Otro de los nombres que figuran en el auto adelantado por El Confidencial es el de Diego Salazar, también con fondos en la entidad. Salazar es un empresario venezolano que hizo fortuna con la empresa Petróleos de Venezuela, dirigida por su primo, Rafael Ramírez Carreño antes de que fuese nombrado embajador del país ante la ONU.

En el auto figuran más clientes de riesgo que se valieron del sistema de compensaciones instaurado por el banco como el acusado de estafa Salomon Eyal Ben Naim Bar, residente en España. Éste creó junto a un socio llamado Menashe Mor una empresa de venta de entradas por Internet centrada sobre todo en eventos deportivos como mundiales y Juegos Olímpicos. Pero ponían a la venta entradas de las que no disponían. Cuando se descubrió el timo, Salomon Eyal recurrió a Pallardó para vaciar su cuenta en BPA y obtener la cantidad de 1.045.000 euros en metálico. “Las compensaciones con Eyal Ben Naim fueron tan habituales que Pallardó pensó que era un empleado de la entidad”, explica la jueza.

Otros clientes de BPA

Esta estructura también sirvió, dice la magistrada, a los objetivos de los empresarios españoles Ángel Ceferino Cisneros, Avelino Encina y Adolfo Arturo López titulares o representantes de Redder Management Corporation. Cisneros es socio mayoritario de Rec Bircual, mientras que López y Encina son, respectivamente, administrador único y director general de Recuperación de Materiales Diversos, empresa madre de la primera. Recuperación de Materiales Diversos se encuentra en situación concursal mientras que Rec Bircual en concurso de acreedores.

El auto señala que estos tres empresarios “ocultaron la real situación de sus empresas al juzgado mercantil,  operando de espaldas del procedimiento concursal a través de pagos que recibían del BPA”. “Para poder seguir trabajando en España, fuera del alcance de los tribunales, efectuaron todos sus pagos en efectivo que obtienen, en gran parte, de Pallardó gracias a la estructura creada en la entidad, que les facilita las compensaciones y que en este caso ascendieron a 3.885.000 euros”, sentencia la jueza andorrana.