Otro de los más estrechos colaboradores de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está en el punto de mira de la justicia por la supuesta financiación ilegal del partido en la ciudad para los comicios electorales de 2011 y 2015. El juez que instruye el caso Taula, Víctor Gómez, ha citado como investigado (lo que antes se llamaba imputado) al quien fue su número dos y máximo aliado en el ayuntamiento, Alfonso Grau. Lo hace por su posible vinculación con las pesquisas sobre delito electoral en las elecciones de 2011. En aquellos años Grau y Barberá eran uña y carne. La imputación del exvicealcalde como posible cooperador necesario se suma a otras del entorno cercano de la senadora del PP y eleva la presión sobre ella. El propio Grau, a través de su entorno, ha hecho llegar su malestar por su implicación en la causa mientras Barberá sigue impune.
Este nuevo paso del magistrado de Instrucción 18 de Valencia se da como consecuencia de la ampliación de la pieza del "pitufeo" (blanqueo de dinero) en el Ayuntamiento de Valencia a otro delito por posible financiación ilegal (denominado delito electoral). El juez abrió esta vía tras una denuncia de Compromís que apuntó que, lo que se esconde detrás de las aportaciones de mil euros de ediles y asesores no es más que una cuenta B del grupo municipal popular. De hecho, esta era la dirección que estaba tomando la fiscalía delegada de Anticorrupción en Valencia.
El juez sostiene que hay indicios suficientes de que la cuenta bancaria en la que se fueron ingresando los mil euros -hasta casi 50.000- como supuestas aportaciones previas a las elecciones locales de 2015 (cuando lo que se estaría haciendo era blanquear dinero de supuestas comisiones) era una cuenta con la que se hicieron pagos de gastos electorales tanto para 2011 como para 2015 y que, además, dicha cuenta carecía de toda fiscalización y no quedó reflejada en la contabilidad del PP. Es decir, era una cuenta opaca.
De esta cuenta constan como autorizados la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, Alfonso Grau y una trabadora del partido.
García-Fuster, mano derecha y todavía fiel a Barberá, declaró este lunes como imputada en relación al presunto delito electoral de 2015. La imputación de Grau recae sobre los comicios de 2011, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
El magistrado trata de comprobar con estas citaciones si los gastos electorales cargados a esa cuenta opaca se contabilizaron electoralmente y, si no fue así, por qué no se hizo y quién tomó las decisiones al respecto. Para el juez no hay duda de la conexión entre el delito de blanqueo (en el que están imputados los que hicieron las aportaciones de mil euros) y el delito electoral, puesto que el primero habría permitido el segundo.
Sobre Rita Barberá pesa la sospecha de haber participado en el llamado "pitufeo". El instructor y la fiscalía ya han pedido al Supremo que se la investigue por ello. La imputación de Fuster y Grau por posible delito electoral eleva la presión sobre la ahora senadora porque se trata de dos firmes colaboradores, aunque Grau se ha apartado notablemente de la exalcaldesa y hasta ha llegado a implicarla en algunas manifestaciones públicas. “Eso de no sé nada de nada, de nada, de nada… hombre… vamos a ver… no, algo sí, ¿eh? Algo sí…”, dijo de Barberá tras ser preguntado en febrero sobre esta causa.
El portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, ha incidido en esta idea: “Cada vez se cierra más el círculo sobre Rita Barberá al implicarse a todas las personas de las que se rodeaba (…) No nos olvidemos de que Grau era la mano derecha de Barberá tanto en lo institucional como en el partido y que García-Fuster era su secretaria personal”.
La senadora, en una de sus últimas ruedas de prensa, recalcó en varias ocasiones que ella nunca tuvo un cargo orgánico en el partido ni, por tanto, controlaba los gastos electorales.
Los ingresos sospechosos de la cuenta opaca
Además de los ingresos de mil euros del medio centenar de concejales, asesores, exconcejales y exasesores del PP de Valencia, la cuenta del Sabadell bajo sospecha refleja otros movimientos que están en el foco de los investigadores. Así, la UCO señaló un ingreso de 28.500 euros el 13 de mayo de 2011, otro de 5.500 el 20 de noviembre de 2013 y un tercero de 4.050 euros el 11 de junio de 2014. Todos ellos constan como "ingreso efectivo aportaciones". Según la UCO, estos ingresos materializados por Fuster la sitúan como la persona del grupo que tenía capacidad de disponer de efectivo perteneciente al partido. En una de sus últimas declaraciones, la mano derecha de Barberá apuntó a un "recaudador" que recogía el dinero que luego ella ingresaba. No dijo nombre.
La cuenta del Sabadell investigada tiene su origen en otra del Banco Guipuzcoano. Sobre ella, los investigadores subrayaron otros ingresos bajo el mismo concepto de "ingreso efectivo" o "ingreso efectivo aportaciones". Son los siguientes:
- 14 de septiembre de 2010: 5.800 euros.
- 3 de noviembre de 2010: 29.000 euros.
- 15 de diciembre de 2010: 29.000 euros.
- 28 de enero de 2011: 29.000 euros.
- 4 de marzo de 2011: 29.000 euros.
El magistrado habla de posible delito continuado de financiación irregular que no se limitaría solo a 2011 y 2015, pero apunta que no se investigan los movimientos anteriores porque, en todo caso, el supuesto delito habría prescrito para los comicios de 2007.
La cuenta bancaria objeto de la investigación refleja cómo los fondos adelgazaban considerablemente tras cada cita electoral. Así, por ejemplo, en la cuenta investigada y en su antecesora había 64.000 euros en abril de 2007 y dos meses después, tras las elecciones, bajó a 27.500. Lo mismo en 2011, se pasó de 151.000 a 58.000. Y en 2015, de 117.000 a 38.000 euros.
Más investigados
Tal y como han informado desde el TSJ, el instructor imputa también al que fuera administrador de la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2011, José Antonio Moscardó, y a Juan José Medina, exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia. El juez llama también a declarar como investigado al exasesor municipal que figura como titular de otra cuenta bancaria en la que el partido ingresaba el dinero procedente de la venta de la lotería de Navidad.
La declaración de estos nuevos cuatro imputados en relación con los comicios de 2011, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, se suma a la realizada el lunes a la exsecretaria del grupo municipal del PP, Carmen García Fuster, y la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.
El enfado de Alfonso Grau
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, está molesto por esta nueva citación y ha trasladado, a través de su entorno, la queja de que todavía no esté imputada Rita Barberá. Así lo recoge la Agencia Efe, que apunta además que fuentes próximas a él aseguran que nunca hizo uso de las cuentas bancarias del grupo popular en la que consta como autorizado.