Manuel Chaves y José Antonio Griñán supieron adelantarse al cronograma judicial y al código ético de su partido ya el pasado mes de junio. Nada más trascender su auto de procesamiento, un mal trago para el PSOE que llegó en plena precampaña electoral del 26-J, los ex presidentes andaluces se quitaron de en medio dejando la militancia. El escrito de acusación de la Fiscalía en la pieza separada del procedimiento específico de los ERE, la denominada pieza política del caso, llega cuando estos ya no tienen ni siquiera carné de partido. Lo último que les quedaba después de que dejaran su escaño en 2015.
Eso ha allanado el camino al PSOE para cerrar filas con ellos, a pesar de la contundencia de la petición de la Fiscalía: diez años de inhabilitación para Chaves por prevaricación, y 30 de inhabilitación y seis de cárcel para Griñán por prevaricación, además de malversación de caudales públicos (algo que ni siquiera el Tribunal Supremo, que limitó a prevaricación administrativa). Le ha permitido mostrar su confianza en su “inocencia”, defender su “honestidad”, por no haberse “enriquecido personalmente”, y el reconocimiento a su “generosidad” al asumir su responsabilidad política. Algo que el PP no ha podido hacer con la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que ha dejado la militancia, pero no ha dimitido como senadora, a pesar de que han sido muchas las voces que desde dentro del partido que han exigido su salida. Su decisión le brinda un aforamiento hasta 2019 si se queda en el Grupo Mixto del Senado.
Esta defensa cerrada que hace la dirección regional del PSOE, sin embargo, choca cuando a Chaves y Griñán se les vienen sometiendo a un cordón sanitario. Aunque la dirección del partido, Díaz la primera, sí han mostrado en más de una ocasión su convencimiento en la inocencia y honestidad de sus antecesores y que estos no se han llevado ni un euro (la última vez cuando estos tuvieron que hacer el paseíllo para prestar declaración en los juzgados y fueron abucheados), lo cierto es que en ningún acto institucional y de partido se les ha podido ver en el último año y medio.
El mejor ejemplo de ese comportamiento, que bien puede ser personal, fue la celebración del pasado 28 de febrero, Día de Andalucía. El PSOE organizó un gran acto político en el que reunieron a los dos primeros presidentes andaluces, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, pero no a Chaves y Griñán, que suman 24 años de gobierno, y a los que se citó de pasada.
También hay que recordar que cuando en junio de 2015 dejaron sus escaños, entonces sí hubo más tensiones. Algo que fue forzado por la presidenta andaluza. Para demostrar que era “implacable” contra la corrupción, dijo que no mantendría a imputados en el Parlamento ni los llevaría en las listas. Molestó entonces a sus predecesores. Griñán dio el paso y dejó la política activa, pero no la militancia, para no ser un “obstáculo” ni un elemento de “presión” para el partido. Aquello lo dijo en un contexto en el que a Díaz se le resistía su investidura y era un requisito que se le exigía desde Ciudadanos. Ella luego se lo agradecería en su discurso de investidura (“Quiero agradecerte públicamente tu trabajo y tu altura de miras”, reconoció en el Parlamento andaluz).
Chaves se resistió un poco más. Renunció cuando se conoció que el instructor del caso en el Tribunal Supremo vio indicios de prevaricación administrativa en la cúpula del Gobierno andaluz entre 2001 y 2010.
Críticas a la fiscalía
Durante la primera etapa de la larga instrucción de los ERE, capitaneada por la juez Mercedes Alaya, el PSOE andaluz siempre puso en el punto de mira la coincidencia de sus autos con los procesos electorales. Ahora utiliza el mismo recurso al poner en cuestión tanto el contenido, que respetan pero no comparten, como la fecha escogida por la Fiscalía para dar a conocer su auto.
La Ejecutiva PSOE-A siembra la duda de la oportunidad del día elegido por Anticorrupción, por tener de plazo hasta el 15 de octubre para hacerlo. No entra en más detalles, pero la petición de la Fiscalía se conoce apenas 48 horas después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, el caso de Barberá, además del exministro Soria, han servido ya de ariete a Susana Díaz para pedir a Mariano Rajoy que diera un paso atrás porque “no puede seguir gobernando de esta manera”.
Además, con la petición de la Fiscalía, el PP ya tienen munición para desgastar al PSOE en las campañas electorales gallega y vasca, o las que pudiera haber.