Una vez resuelta la investidura, estos días se multiplican las quinielas sobre quiénes estarán en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Los nombres se conocerán el próximo jueves y se reunirán por primera vez el viernes. Sean quienes sean los elegidos, esta es la herencia y los consiguientes retos que se encontrarán cuando lleguen a los Ministerios. Se trata de un balance cuanto menos mediocre tras cinco años de Rajoy en el poder.   

Las dificultades de Interior tras un ministro reprobado

Jorge Fernández Díaz fue reprobado hace unos días en el Congreso por su presunto espionaje a políticos nacionalistas catalanes. En el caso bastante probable de que Rajoy designe un nuevo responsable de Interior, éste heredará un saldo de 189 detenidos en España durante los últimos cinco años por terrorismo yihadista -muy por encima de la media de países del entorno- y unas fuerzas de seguridad en Nivel 4 de Alerta Antiterrorista (riesgo alto de atentado) desde junio de 2015. También recoge el testigo de una ETA en vías de descomposición, descabezada, pero sin renunciar a su anhelo de sentar al Gobierno en una negociación para abordar, entre otras cuestiones, la situación de sus 400 presos dispersados en cárceles de España y Francia.
En materia de paz social, los últimos cinco años no trajeron la conflictividad en las calles, una de las preocupaciones de Fernández Díaz al inicio de su mandato. Las fuerzas de seguridad no tienen por el momento argumentos para pensar que eso vaya a cambiar. Si hay nuevo ministro, heredará también el rechazo de toda la oposición a algunas de las medidas legislativas impulsadas por Interior, especialmente la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ‘Ley Mordaza’ por sus detractores. La política de inmigración, el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla o la gestión de los CIE son otro de los retos permanentes que afectan al Ministerio.
A nivel interno, el nuevo responsable de Interior tendrá que designar al Director Adjunto Operativo (DAO) -el actual ejerce de forma “provisional- y al nuevo responsable de la UDEF, la punta de lanza de la lucha contra la corrupción política junto a la UCO de la Guardia Civil. En ese despacho -desierto desde hace medio año- esperan causas como el presunto fraude en los cursos de formación en Andalucía, los rescoldos del caso Gürtel, continuar las pesquisas sobre la familia Pujol o decidir qué hacer con la investigación sobre Podemos, aún sin judicializar.
Todo esto en el marco de la guerra abierta entre comisarios de la Policía Nacional, aglutinados en torno al ya jubilado José Villarejo contra el ex responsable de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, actualmente al frente de la investigaciones que afectan al pequeño Nicolás. En el marco de esa causa han aflorado las maniobras que llevó a cabo el Ministerio del Interior para investigar casos de corrupción de políticos nacionalistas.  

Ideas pospuestas y sobrecostes en Defensa

Pedro Morenés, a punto de concluir su mandato al frente del Ministerio de Defensa, ha sido testigo de algunos de los movimientos más exigentes a los que se han enfrentado las Fuerzas Armadas: desde la retirada de las tropas de Afganistán –tras 14 años de misión en la que 102 efectivos perdieron la vida- hasta el despliegue de un contingente español en Irak en el marco de la Coalición Internacional contra el Daesh, pasando por el despliegue de la Armada en el Mediterráneo para tratar de paliar los efectos del tráfico de seres humanos.

El Gobierno en funciones ha obligado al Ministerio a posponer algunas de las propuestas que deberán aprobarse de forma inmediata tras la formación de un nuevo Ejecutivo, como el nombramiento de determinados altos cargos o la ampliación de fuerzas en misiones internacionales por encima del límite aprobado en su día por el Congreso, ocurre en Irak.

La oposición ha reprochado en numerosas ocasiones a Morenés el sobrecoste con el que ha gestionado Defensa: en septiembre de este año se aprobó la ampliación de su presupuesto en 1.162 millones de euros, frente a los 5.787 con los que contaba oficialmente. Además, el ministro ha tenido que explicar en varias ocasiones la adjudicación de contratos a las empresas armamentísticas de las que formó parte en su pasado.

La política exterior de Rajoy: una España ensimismada fuera del mundo

Estos cinco años de Gobierno de Mariano Rajoy, España desapareció del mundo, donde apenas está representada por las grandes empresas multinacionales de nuestro país. Desde diciembre de 2011 y hasta julio de 2014 cuando el Banco Central Europeo (BCE) mandó parar la crisis del euro con las palabras mágicas de Mario Draghi (“whatever it takes”), toda la energía del presidente Rajoy estuvo puesta en “sacar adelante el país”, según un miembro de su Gabinete. La política europea se convirtió en puramente económica: Rajoy creó un equipo médico habitual con el que acudir a Bruselas nucleado en torno al secretario de Estado de la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, y a su jefe de Gabinete, Jorge Moragas.

La política exterior propiamente dicha quedó en manos de su canciller, José Manuel García-Margallo, un viejo amigo al que rescató de la oscuridad del Parlamento Europeo y que después de 14 años fuera de España mostró un inusitado interés por los problemas de política interna, sobre todo por Cataluña. Hasta tal punto que logró ganarse el apodo de ministro de Asuntos Catalanes.

En el otro extremo de la península, Margallo se interesó igualmente sobremanera por Gibraltar, la colonia británica situada en la provincia de Cádiz y que España cedió al Reino Unido en 1713. Tras cinco años de enfrentamiento permanente con Fabián Picardo, el ministro principal de la Roca, Margallo ha conseguido soliviantar a los 30.000 habitantes del minúsculo Peñón, gente muy obstinada que sobrevivió entre 1969 y 1982 al cierre de la Verja impuesto por Franco. Hasta el último momento, ha ejercido una presión sobre ellos redoblada tras el Brexit: a primeros de octubre, hizo una nueva oferta de cosoberanía hispanobritánica como manera de evitar el frío de una vida fuera de la Unión Europea. Ellos la han rechazado, como ya hicieron en dos ocasiones a través de sendos referendos.

Su empresa más ambiciosa -la "Marca España"- resultó de muy difícil encaje en medio de una crisis económica. Con cuatro años de agudos problemas económicos y uno de interinidad política, España ha estado ausente también de su territorio tradicional de Latinoamérica, y de grandes asuntos como Cuba, Venezuela y Colombia, donde otros países europeos han aprovechado para llenar el vacío español. Un año en funciones ha tenido más consecuencias:  en el Ministerio de Asuntos  Exteriores (MAE, conocido como Santa Cruz), medio centenar de embajadores esperan a ser nombrados.

Este verano, finalmente, Barack Obama visitó España tras ser invitado por Felipe VI. Era el primer viaje de un presidente de EEUU desde 2001, y coincidió en la tenure de Rajoy, pero la visita fue relámpago, apenas 24 horas centradas mayormente en la base americana de Rota.

El complejo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El último Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo dirigido por Leire Pajín, a la que se acusó de falta de actividad en su mandato. Su sucesora, Ana Mato, no mejoró mucho la imagen. Envuelta en la trama Gürtel a través de su marido, Jesús Sepúlveda, la ministra dimitió en noviembre de 2014, convirtiéndose en aquel momento en el cargo más alto del PP que dejaba el Gobierno por la corrupción.

Durante su mandato, en plena crisis, tuvo el dudoso honor de liderar los recortes en la Ley de Dependencia, implantar el copago farmacéutico hasta para algunos jubilados y excluir a los inmigrantes en situación irregular del sistema, todas medidas muy polémicas. Eso sí, Mato se libró del que probablemente fuera el anuncio legislativo social más polémico esos años: la reforma de la Ley del Aborto, que por primera vez pasó a depender de Justicia, en lugar de Sanidad.

La mayor crisis sanitaria a la que se enfrentó fue la del ébola, tras el fallecimiento de dos españoles repatriados y el posterior contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Tras una rueda de prensa que pasará a los anales de la historia de la mala comunicación política, la ministra fue apartada de la gestión del caso, que se asignó a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.

Tras la dimisión de Mato, ocupó el puesto Alfonso Alonso. Su mayor hito, aunque con polémica previa, fue autorizar la aplicación de los nuevos y eficaces tratamientos para la hepatitis C, después de una dura negociación con laboratorios y en medios de las demandas de los pacientes ante el retraso. También ha impulsado tarjeta sanitaria digital. En agosto de 2016, y tras la renuncia de Alonso para presentarse a candidato a lehendakari, fue nombrada ministra en funciones Fátima Báñez.

El objetivo de Educación será lograr el pacto nacional...¿y qué pasa con Cultura?

Íñigo Méndez de Vigo llegó a Educación después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, premiase a su antecesor y ministro peor valorado de la legislatura, José Ignacio Wert, con un puesto en la OCDE. Se marchó después de dejar un Ministerio patas arriba: aprobó una ley tramitada en contra de toda la oposición y comunidad educativa, endureció los requisitos para acceder a las becas, acometió los mayores recortes en el ámbito y vivió en el puesto dos huelgas educativas generales. Ante este panorama, Méndez de Vigo -con historial en Bruselas, donde el diálogo político es condición sine qua non para ejercer- ha basado más su día a día en intentar enmendar los errores de Wert, que en poner en marcha soluciones ante el caos educativo.

El titular de Educación en funciones ha visto como la ley Wert ha ido diluyéndose tras los retoques que el propio Partido Popular le ha ido dando, llegando incluso a cargarse  la propuesta estrella de la Lomce: las polémicas reválidas. Méndez de Vigo -o el futuro responsable de esta cartera- tendrá que sentarse a la mesa para intentar llegar a un acuerdo nacional por la Educación como se pide desde el Congreso, reformar (Ciudadanos), paralizar (PSOE) o derogar (Podemos) la Lomce, acometer la profunda remodelación prometida del sistema universitario español y poner en práctica un verdadero programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar.

Por otro lado, se ha desentendido del área de Cultura para cederlo al secretario de Estado, José María Lassalle, que en esta legislatura ha logrado volver a unir al sector y sacarlo a la calle para pedir su dimisión por la reforma de una Ley de Propiedad Intelectual que favorece a las industrias y maltrata a los creadores. En ningún momento se han visto respaldados por sus representantes, que también han asfixiado las iniciativas empresariales con una política de maltrato fiscal, tanto en los precios de las entradas, como en las desgravaciones a particulares que quieran defender la cultura. Al fracaso de la Ley de Mecenazgo se ha sumado los recortes de las partidas de ayudas al sector, que lo dejan en un 0,2 % del total de los Presupuestos Generales del Estado. La cultura está encallada, ¿qué querrá hacer el PP con ella?

En Justicia no habrá un camino de rosas

En el punto de mira de la oposición con reformas polémicas como la pena de prisión permanente o la introducción de plazos para la investigación de los delitos, la gestión del Ministerio de Justicia en la próxima legislatura no será un camino de rosas y esos, como otros asuntos relevantes (por ejemplo, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial), tendrán que ser revisados.
De entrada, el pacto del PP con Ciudadanos obliga a proveer una financiación adicional para Justicia de 1.300 millones de euros durante los próximos cuatro años, y en ello mientras Europa sigue reclamando recortes presupuestarios. Deberá volver a tocarse la legislación anticorrupción para tipificar el enriquecimiento ilícito, regular la protección de los denunciantes y especializar Juzgados. Además, el PP ha aceptado reducir los aforamientos y modificar la ley de indulto para excluir la concesión de la gracia a determinados delitos relacionados con la corrupción.
El modelo procesal penal tendrá que ser abordado no sólo para definir a quién corresponde la investigación de los crímenes sino también para regular la separación de los cargos públicos encausados por corrupción, otra de las medidas del pacto con Ciudadanos.
Reformas estructurales como la de la planta judicial o la de las tecnologías son críticas si se quiere que, alguna vez, la justicia llegue a tiempo y sea eficaz.
El separatismo catalán seguirá siendo una preocupación de atención preferente del Ministerio, que encauza a través de la Abogacía del Estado el constante desafío de los independentistas.

Olvidar a Soria en Industria, Energía y Turismo

La última legislatura del Ministerio de Industria ha estado marcada por el nombre de su máximo responsable: José Manuel Soria. Quien fuera expresidente canario se vio obligado a dejar la cartera el pasado mes de abril después de que trascendiera su vinculación con empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. La polémica marcha de Soria dejó el ministerio en manos del también ministro de Economía en funciones Luis de Guindos. Estos cuatro años van a ser recordados por medidas polémicas como la reforma energética, que ha acabado con el déficit de tarifa de las eléctricas y también con las primas a energías renovables, como la fotovoltaica.

Sin olvidar el llamado “impuesto al sol”, aprobado hace un año. Al hablar de industria, el Ejecutivo de Rajoy siempre destaca la evolución del sector automovilístico. A pesar de que no hay compañías ‘made in Spain’, buena parte de los grandes fabricantes internacionales tienen fábricas en España. Y cada vez producen más. Por ejemplo, hasta septiembre, la producción de coches ha despegado casi un 8%. En este sector, una de las críticas a Soria fue su gestión al ‘dieselgate’ de Volkswagen. De hecho, la multinacional alemana matriz de Seat llegó a comprometer sus inversiones en España a que el Ministerio no suspendiera sus ventas de vehículos en España. La tercera pata del ministerio, la del turismo, es la más positiva. El pasado año se cerró con récord de turistas y este año, si no se tuerce, seguirá el mismo camino.

Presupuesto maniatado en Fomento

A finales de enero, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, hizo balance de sus cuatro años al frente de su cartera. Meses después, por su trayectoria al frente del Ministerio y por ser una de las políticas más afines a Mariano Rajoy, se convirtió en presidenta del Congreso de los Diputados tras las elecciones del mes de junio. En Industria, Pastor tuvo que lidiar con un presupuesto con un gasto maniatado para intentar ajustarse a los objetivos de déficit público marcados por Bruselas.

Estos cuatro años en Fomento, Pastor también ha tenido que enfrentarse a la quiebra de las radiales, las autopistas de peaje deficitarias, y a la privatización de casi la mitad del accionariado de Aena, la empresa gestora de los aeropuertos españoles. En cuanto a su gestión de la red de carreteras, en ese contexto de contención del gasto, Fomento destino entre 2012 y 2015 cerca de 10.700 millones de euros, a los que sumó otros 3.600 para la conservación de las vías.

En cuanto al AVE, Pastor ha presumido de que, durante su gestión, la base de usuario del los trenes de alta velocidad ha crecido un 55%. Sigue pendiente saber, si en la próxima legislatura, se acelerarán las rutas de AVE que quedan pendientes. Sin embargo, una de las polémicas con tren de alta velocidad está lejos de España. Se trata de las obras del AVE a La Meca, en Arabia Saudí, donde los retrasos del consorcio participado por empresas españolas, como OHL, Cobra, Talgo o Renfe, han llevado a Pastor a tener que viajar en varias ocasiones a la península arábiga para mediar con las autoridades saudíes.

Crear más empleo y reducir el déficit en Economía

La herencia del Ministerio de Economía es especialmente importante y, en este caso, especialmente positiva. Luis de Guindos deja una economía creciendo a ritmos anuales superiores al 3%, que crea empleo y que reduce el déficit. La herencia ha sido tan positiva que se ha convertido en el principal argumento de Mariano Rajoy para defender su legislatura. Por el camino se ha solucionado el problema del agujero del sistema financiero español, el castigo de los mercados a la prima de riesgo y el rescate bancario.

Hasta septiembre Guindos lo tenía todo como para aspirar a dar un paso más en el Gobierno. Se llegó a rumorear que se le premiaría con una Vicepresidencia y hasta se valoró la posibilidad de asumir la cartera de Hacienda, reunificando el antiguo Ministerio de Economía y Hacienda. Sin embargo, el escándalo de José Manuel Soria, amigo cercano de Guindos, con su designación al Banco Mundial provocó un escándalo en la sociedad española y cercenó muchas de sus aspiraciones. Pese a todo, su posición sigue reforzada por su papel como interlocutor y negociador con Europa y como pieza clave del Gobierno en la relación con el sector financiero y los mercados.

Hacienda, el más odiado

Decía el ministro de Hacienda de Argentina, Alfonso Prat-Gay, poco después de su nombramiento que asume que el responsable de esta cartera “siempre es el más odiado”. La legislatura de Cristóbal Montoro ha sido más que complicada, principalmente porque fue el encargado de incumplir la mayor promesa del PP en cuanto arrancó el Gobierno, la de que no subirían los impuestos. Los subió repetidamente durante los años más complicados de la crisis, lo que todavía agravó más la situación económica, pero que fue imprescindible para recuperar el beneplácito de los mercados.

Montoro ha sido uno de los ministros peor valorados por los españoles durante toda la legislatura, según los datos del CIS, pero su valoración en Moncloa es muy diferente, donde se pondera su esfuerzo (dentro del Ejecutivo) por la estabilidad financiera. Y eso a pesar de que no se han cumplido ninguno de los objetivos de reducción del déficit pactados con Bruselas y que el país estuvo a punto de ser multado por los desajustes de 2015. La próxima legislatura no será fácil: para empezar, en 2017 hay que ajustar 5.000 millones de euros y afrontar una reforma de la financiación autonómica. Tanto si Montoro cede el testigo de Hacienda, como si lo conserva, el Ministerio seguirá en el ojo del huracán.

Cañete y Tejerina, grises en un Ministerio cómodo

Se trata de otro de los ministerios ‘cómodos’ dentro del actual Gobierno en España, con la mayoría de competencias transferidas a Bruselas en materia de cuotas de producción y acuerdos con terceros países para la importación o cupos de pesca. La posición de poder de la Unión Europea se asienta en tres ejes: es el gran consumidor e importador mundial de productos agrícolas; ha establecido fuertes barreras arancelarias y ha creado una sustancial dotación presupuestaria para proteger determinados sectores agrícolas y ganaderos con dinero público.
El reparto de estas ayudas es una de las principales misiones del ministerio que dirige Isabel García Tejerina, que accedió a la cartera en 2014 como relevo de Miguel Arias Cañete, enviado a Bruselas para ocupar la Comisaría de Acción contra el Clima y Energía. Es, sin duda, la cartera con menor presencia mediática de todas las que han compuesto la actual Administración Rajoy. Durante estos últimos cinco años, el Ministerio ha dejado varias tareas incompletas, entre ellas, una mayor supervisión sobre las grandes cadenas de distribución y su presión sobre los productores. También ha asistido a la crisis rusa, país que impuso un veto a las importación de productos europeos, uno de los principales destinos de fruta española. 
Báñez, la niña bonita con el lado más oscuro
Si hay un ministerio que ha vivido una etapa dulce desde que Rajoy llegó a la Moncloa es el de Empleo y Seguridad Social. La jienense Fátima Báñez asumió el cargo con una tasa de paro del 22,5% al cierre de 2011. Pese a que se elevó por encima del 26% en 2013, el discurso recurrente de la herencia recibida caló en la opinión pública, así como la caída continuada de la tasa de desempleo. Es parte de los resultados de la reforma laboral acometida por el actual Ejecutivo nada más llegar al poder.
Sin embargo, el empleo que se ha creado cojea por su excesiva temporalidad: un 27% de los asalariados activos tienen un contrato temporal. Antes de la llegada de Báñez, España tenía casi 150.000 trabajadores indefinidos más de los que tiene ahora y había casi 400.000 temporales menos. El mercado laboral ha vivido el grueso de la devaluación interna por la crisis en forma de rebaja generalizada de salarios entre quienes perdieron su empleo y han encontrado otro. También destaca el desmoronamiento de la hucha de las pensiones, gestionadas por la Seguridad Social, cuya evolución descendente dejará sin capital el fondo de reserva para esta cuestión a finales de 2017.