El pacto de Gobierno en el País Vasco entre PNV y PSE-EE incluye la tramitación de un nuevo Estatuto para la comunidad autónoma dentro del ordenamiento jurídico vigente. Ambos partidos fijan el procedimiento, pero soslayan su contenido ante las grandes discrepancias que mantienen en materia de autogobierno, donde el concepto de soberanía defendido por los nacionalistas colisiona con el rechazo frontal del partido liderado por Idoia Mendía. Eso sí, las dos formaciones se emplazan a debatir sin veto alguno todas las cuestiones que las distintas fuerzas políticas pongan sobre la mesa de la ponencia parlamentaria de autogobierno y los socialistas admiten el debate sobre dos puntos extremadamente conflictivos: el reconocimiento tanto de Euskadi como nación como del derecho a decidir del pueblo vasco.
¿El procedimiento? La fórmula elegida para la reforma estatutaria deja en manos del Parlamento Vasco la elaboración de un texto articulado que reforme el actual Estatuto de Gernika. Serán los grupos parlamentarios y no el Gobierno – como en la iniciativa conocida como plan Ibarretxe- quienes deberán acordar cómo se acomete su redacción, que se hará “respetando “ la ley.
El borrador deberá ser redactado en un plazo estimado de ocho meses. A partir de ahí no se fija calendario para alcanzar “un acuerdo básico” entre los partidos, pero se explicita que la propuesta será ratificada por la ciudadanía mediante referéndum “una vez sustanciados los procesos de negociación, pacto, tramitación y aprobación por parte de las instituciones competentes”.
Dentro de una gran ambigüedad calculada no se cita expresamente a las Cortes, la “última institución competente”, tras cuya aprobación está previsto por ley un referéndum, pero se omite cualquier mención a la “consulta habilitante” previa al debate en el Congreso defendida por el PNV en el programa electoral con el que concurrió a las urnas.
¿Contenidos? Los socios de Gobierno blindan la gestión del Ejecutivo y se reconocen “mutua libertad” para defender sus diferentes posturas en la ponencia parlamentaria de autogobierno. En su acuerdo programático enumeran los temas que a propuesta de los distintos grupos se comprometen a abordar.
En el listado figuran tanto las reclamaciones nacionalistas del reconocimiento de Euskadi como nación y del derecho a decidir, como las expuestas por los socialistas respecto a la reforma de la Constitución y la profundización en los aspectos sociales y los derechos de la ciudadanía. No hay ninguna acotación respecto al primer asunto, aunque el concepto de nación ya reconocido por el PSE-EE es estrictamente cultural y no otorga soberanía alguna.
¿SALVAGUARDA SUFICIENTE?
La alusión al derecho a decidir incluye una coletilla que lo circunscribe a “su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento”.
Con la misma intención, el documento programático sobre el que se asienta la coalición de gobierno PNV-PSE hace mención expresa del acatamiento a las leyes de la reforma estatutaria en tres ocasiones a lo largo de las diez páginas de los 71 folios dedicados al autogobierno. En una de ellas, no obstante, se combina el respeto al cauce legal con "los métodos democráticos y los derechos y las libertades de la ciudadanía", lo que da a pie a interpretar que deja abierta implícitamente la posibilidad de la consulta defendida por el PNV.
Pese a este marcado juego de equilibrios los socialistas consideran que las referencias a un proceso legal constituyen salvaguarda suficiente para conjurar el riesgo de una deriva soberanista como en Cataluña y actuar como cortafuego frente a la composición del nuevo Parlamento, donde tras la irrupción de Podemos 57 de sus 75 miembros son partidarios del derecho a decidir.
El PNV ha optado por el PSE-EE para gobernar el País Vasco, pero ha dejado una puerta abierta al entendimiento con EH Bildu en la búsqueda de lo que el partido de Ortuzar llama grandes “acuerdos de país”, en referencia a los importantes ámbitos del autogobierno y las materias vinculadas a la paz y la convivencia. Está por ver hasta qué punto la alianza entre peneuvistas y socialistas condiciona o no sus contenidos.
RECLAMACIÓN DE 34 TRANSFERENCIAS
El pacto de Gobierno entre PNV y PSE-EE, que se hará público este martes y reedita una fórmula inédita desde 1998, plantea la culminación del Estatuto de Gernika en paralelo a su proceso de reforma. Ambos partidos gobernaban juntos cuando el Parlamento Vasco, en 1993 y 1995, elaboró sendos informes sobre las transferencias pendientes y las consideradas prioritarias, que ahora vuelven a sacar a la luz.
Pendiente de una nueva actualización más precisa, los dos partidos identifican a priori hasta un total de 34 competencias por asumir y marcan como principales objetivos la consecución de la transferencia de prisiones – sólo traspasada a Cataluña- y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social según lo establecido en el Estatuto de Gernika.
La existencia de ETA ha puesto largo tiempo en sordina la reclamación esencialmente nacionalista de hacerse con el control de las instalaciones penitenciarias, mientras que las discrepancias sobre el alcance del traspaso de la Seguridad Social han evitado siempre la transferencia. El PSE-EE se opone a la ruptura de la caja única de las pensiones reclamada por el PNV. En el acuerdo se contempla la asunción de la competencia en los términos de gestión contemplados en el Estatuto, “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.
Junto a estas transferencias más significativas los nuevos socios reclaman también los aeropuertos, las autopistas en régimen de concesión (AP-1 y AP-68), los puertos de interés general, la matriculación y permiso de circulación de vehículos, la seguridad privada y el régimen municipal electoral.
BLINDAJE DE LA AUTONOMÍA
Además ambos partidos acuerdan “arbitrar mecanismos institucionales más eficaces para la defensa del autogobierno vasco”. Coinciden en que las políticas “recentralizadoras” del Gobierno central menguan la autonomía del País Vasco y tratan de establecer procedimientos de blindaje. A tal efecto pactan un sistema de alertas y resolución de conflictos con el fin de evitar que múltiples litigios acaben sustanciándose en el Tribunal Constitucional.
Diseñan un modelo por el que el Gobierno vasco vigilará e informará de las intromisiones del Ejecutivo central y elaborará informes sobre la legalidad estatutaria y constitucional de las normas dictadas por el Estado. Cuando se aprecien vulneraciones se requerirá al Ejecutivo español mediante una “carta de cooperación” para intentar evitar la conflictividad judicial. El recurso a los tribunales es considerado el último recurso; antes se tratará de solucionar las desavenencias en la Comisión Bilateral de Cooperación.
La necesidad de introducir garantías que eviten la devaluación del Estatuto de Gernika ha sido una reivindicación compartida en el tiempo por PNV y PSE-EE. Cuando los socialistas gobernaron Euskadi el Gobierno de Patxi López denunció en más de una ocasión la “obsesión recentralizadora de Mariano Rajoy”. El requerido blindaje plasmado a partir de entonces en los documentos oficiales del partido se contraponía con la búsqueda de la bilalteralidad – relaciones de igualdad entre los Ejecutivos central y vasco- pretendida por el PNV. Su aspiración no está recogida como tal en el pacto alcanzado, aunque se refuerzan los mecanismos de control, denuncia y reclamación.
ACERCAMIENTO DE PRESOS
El programa aprobado por PNV y PSE –EE contiene junto al del autogobierno otros tres apartados sustanciales. Se refieren a empleo y reactivación económica; integración social, igualdad y servicios públicos de calidad; y convivencia y derechos humanos.
El tercero aborda la política a seguir tras el fin de la violencia de ETA y fija siete compromisos, entre los que destaca la demanda del acercamiento de los presos a cárceles vascas. No es una reclamación genérica, puesto que está expuesta al tratamiento individual de cada caso y condicionada a los principios de “reconocimiento del daño causado” y de “reinserción”, pero los socialistas aceptan comprometerse en una materia muy sensible para el PNV y la izquierda abertzale.
El pacto recala en tres aspectos para definir el “final ordenado de la violencia”: apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo tras una declaración previa de ETA sobre su carácter “irreversible e incondicional”; disolución y desaparición definitiva de la organización armada; y desarrollo de un proceso de reflexión crítica sobre los responsables de la vulneración de derechos humanos y su falta de sensibilidad hacia las víctimas.
Las bases generales sobre la memoria de lo ocurrido y las víctimas están establecidas en función de las ideas ya asumidas por PSE-EE y PNV, que han venido pactando diferentes actos a lo largo de los últimos años en pro de todos los damnificados de la violencia sin distinción. En el Día de la Memoria, institucionalizado el 10 de noviembre, se recuerda y homenajea, por ejemplo, tanto a las víctimas de ETA como a las generada por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El resumen de su apuesta por la “verdad, justicia y reparación” se fundamenta en el programa de Gobierno en la necesidad de reconocer el daño y sufrimiento de todas las víctimas, bajo dos principios: “en igualdad y sin discriminaciones”, pero “sin equiparaciones” en cuanto a las causas que produjeron su victimización.
El compromiso de ambos partidos con una “memoria crítica” se concreta en el rechazo a la legitimación del terrorismo o cualquier forma de violencia y en su intención de reeditar la ponencia de paz, bloqueada en el Parlamento por la oposición de EH Bildu a suscribir los consensos alcanzados por el resto de fuerzas políticas. Su punto de partida será el “suelo ético” aceptado en el seno de la ponencia en julio de 2012, en el que se incluían conceptos básicos de condena como el esquematizado en la frase “matar estuvo mal” que todavía hoy rehúye pronunciar la izquierda abertzale.
TURISMO, VIVIENDA Y TRABAJO, PARA EL PSOE
Los líderes de PNV y PSE-EE, Andoni Oryuzar e Idoia Mendía, firmarán este martes el pacto de gobierno entre ambas formaciones después de su ratificación este lunes por los órganos internos de sus formaciones. Será en el Parlamento Vasco, a las doce y media de la mañana.
El documento programático no incluye el reparto de carteras, pero los socialistas gestionarán las áreas de Turismo, Vivienda y Trabajo, aunque falta por conocer la adscripción de contenidos a cada Departamento para comprobar su peso específico dentro del Gobierno. Son materias de las que ya se ocuparon en gobiernos de coalición anteriores con el PNV – basta recordar el eslogan “Ven y Cuéntalo” de Rosa Díez al frente de Turismo en el Gabinete Ardanza- y de las que son titulares ahora mismo en los ejecutivos que comparten con los peneuvistas en las Diputaciones forales.