Montoro veta el techo de gasto pactado por Guindos y C's: "Estos están confundidos"

El enfrentamiento que mantienen Cristóbal Montoro y Luis de Guindos dinamitó este martes los primeros avances en la negociación presupuestaria entre el Gobierno y Ciudadanos. El Ministerio de Hacienda vetó el compromiso de aumentar el techo gasto anunciado por el partido naranja el día anterior. Mientras Ciudadanos trabaja sobre la base de un incremento testimonial, pero simbólico, de al menos una décima porcentual sobre los 123.900 millones de 2016, fuentes cercanas a Montoro aseguran que el gasto se recortará "inexorablemente" en 5.000 millones respecto al Presupuesto firmado para 2016.

El problema de fondo está en la bicefalia económica heredada de la pasada legislatura. En Hacienda acusan a Guindos de negociar con Luis Garicano a sus espaldas. Y recuerdan que Ciudadanos está dialogando con Guindos obviando que quien tiene que firmar los Presupuestos es Hacienda, Ministerio que ahora también tiene competencias sobre las cuentas territoriales.

"En Ciudadanos debe de haber una confusión de conceptos, porque el techo de gasto del Estado va a bajar inexorablemente", dicen fuentes próximas al ministro Montoro. "Hay gente que confunde los deseos con la realidad".

Estos 5.000 millones de recorte del gasto fue lo que ahorró el Gobierno con las tres medidas extraordinarias que aprobó este año: un Acuerdo de No Disponibilidad de la Administración Central por 2.000 millones de euros, otros 2.000 millones de euros de ahorro de intereses y el último, el cierre del ejercicio presupuestario en julio para ahorrar 1.000 millones más. En total 5.000 millones de ahorro sobre el Presupuesto y que Montoro ya anunció en su momento que no recuperaría.

C's se resigna

José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, lamentó el martes que los mensajes contradictorios que llegan desde los Ministerios de Economía y Hacienda estén generando "ineficiencias" en el proceso negociador. En cualquier caso, Villegas aceptó con resignación la negativa de Montoro a aumentar el gasto, algo que hace tan solo unas semanas era una clara línea roja para su formación. El equipo de Garicano aseguraba en privado que no aprobaría unos Presupuestos sin un incremento del techo de gasto respecto al de 2016. Pero Villegas matizó en el Congreso que lo fundamental es que el Gobierno apruebe las partidas sociales que pactaron en agosto.

Albert Rivera pidió hace casi un mes a Mariano Rajoy que nombrara un equipo económico para centralizar la negociación. El presidente no lo ha hecho y el diálogo se está produciendo de manera informal entre interlocutores distintos y canales diferentes.

Los Presupuestos no se pueden elaborar sin un techo de gasto y Guindos debe entregar un borrador a Bruselas antes de final de año. El veto de Montoro complica la labor de Guindos ante sus colegas europeos. La Unión Europea exige a España un ajuste de 5.500 millones este año. Y España aspira a reducir el déficit público del 4,6 al 3,1% del PIB.

Sumar al PNV

Como es habitual, el Consejo de Ministros prorrogará los Presupuestos del año pasado mientras se concreta un acuerdo global. El Gobierno tiene intención de involucrar al PNV, hasta ahora reticente, en la negociación. Mientras que Ciudadanos ha advertido una y otra vez que no apoyará subidas de impuestos ni recortes. El aumento del techo de gasto, ahora en duda, se entendía como un gesto del Gobierno para dar cabida a los compromisos de gasto firmados por Rajoy y Rivera en su acuerdo de investidura.

Sin embargo, Montoro sabe que tiene que ser muy cuidadoso con el gasto público si quiere el visto bueno de Bruselas a las cuentas. Hacienda no permitirá que se firme un Presupuesto para 2017 que parta de la base del Presupuesto firmado para 2016. El Ministerio exige que el cálculo del techo de gasto se realice sobre la ejecución presupuestaria, que ya incluye estos 5.000 millones de ahorro. Esto significa que los recortes de este año deben de mantenerse.

Impuesto a bebidas azucaradas

Rajoy parece haber enterrado, al menos en sus declaraciones públicas, la idea de subir el IVA de la hostelería y el turismo, que adelantó EL ESPAÑOL la semana pasada. En Hacienda apuestan por gravar el impuesto de sociedades a las empresas y los llamados impuestos especiales: alcohol, tabaco y quizá gasolina. El Gobierno negocia además la creación de nuevas tasas medioambientales y un novedoso impuesto para bebidas azucaradas. Esta figura tributaria ha proliferado en muchos países desarrollados y se han convertido en un habitual de las peticiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ciudadanos, por su parte, insiste en la importancia de reclamar el dinero no tributado de la amnistía fiscal. Montoro avisó la semana pasada a los declarantes que la amnistía "no prescribe". "Con lo que se ha dejado de cobrar indebidamente de los 'pujoles' y los 'bárcenas' nos podríamos estar planteando otras cosas en términos presupuestarios y nos ahorrariamos otros problemas", dijo el portavoz de C's, Juan Carlos Girauta. 

Desde la dirección del grupo naranja creen además que el Gobierno está empezando a transigir con su propuesta de adelgazamiento de la Administración. Ciudadanos confía en recaudar 1.000 millones con medidas que contemplan una racionalización de la "estructura" de gasto de las diputaciones y el cierre de algunas empresas públicas estatales.

"El Gobierno se está abriendo a que se audite el recorte de 1.000 millones en burbuja política, básicamente diputaciones, y nos está costando lo suyo", dicen fuentes de Ciudadanos. "No se trata de reducir gente, sino gasto superfluo".