La tregua invernal a los cortes de luz tendrá que esperar. Los grupos políticos han celebrado este jueves una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la que ha habido un acuerdo para mantener el actual esquema de bono social, cuestionado por una sentencia del Tribunal Supremo, pero se mostraron divididos sobre cómo ampliarlo y mejorarlo para proteger a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Tanto el PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han exigido al Gobierno una tregua invernal de cortes de luz, según han explicado los diferentes portavoces en declaraciones a la salida de la reunión en la cámara baja.
En la actualidad, el bono social permite un descuento del 25% en la factura para consumidores que cumplan ciertos requisitos, como menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Esa rebaja la sufragan las propias eléctricas, que recurrieron por un aspecto formal la norma ante el Supremo, que les dio la razón. Aunque el Gobierno ha recurrido la sentencia, está dispuesto a cumplirla con un Real Decreto que mantenga la estructura y principales características del bono social. Según Nadal, es algo que entra dentro de las competencias del Estado, que afecta a unos 7 millones de personas y sobre lo que hay consenso en el Congreso.
El nuevo bono social, sin acuerdo
Pero el bono social actual es insuficiente, según reconocen todos los grupos y el Gobierno. Es ahí donde hay discrepancias. La oposición pide una tregua invernal a los cortes de luz para garantizar que se evitan casos como los de una ciudadana de Reus que falleció por un incendio originado por una vela cuando le habían cortado la luz.
Pilar Lucio, portavoz socialista, ha agradecido que Nadal haya acudido a la reunión tras "cuatro años" en los que la pobreza energética "parecía no interesarle al Gobierno". El PSOE ha reclamado la tregua invernal "inmediata" porque el problema es "acuciante". "Considera que no está dentro de sus competencias", ha dicho, algo con lo que los socialistas no están de acuerdo. "Si las comunidades autónomas y los ayuntamientos han tomado medidas ha sido precisamente por la inacción del Gobierno", ha lamentado.
Según Nadal, el nuevo modelo "tiene que ser muy respetuoso con las competencias autonómicas", porque el actual bono social, que afecta a "siete millones de personas", es de competencia estatal. Según él, los consumidores de "extrema vulnerabilidad" deben ser atendidos por políticas autonómicas. El ministro ha cifrado en "unas decenas de miles de ciudadanos" esos casos y ha justificado que no se trata de una competencia de su Ministerio por factores como la participación de los servicios sociales o problemas relacionados como el agua, competencia municipal.
El Gobierno espera que en las próximas semanas los grupos políticos remitan sus propuestas sin que este jueves Nadal haya esbozado la suya. No ha aclarado ni el alcance de la protección ni la financiación. "No quiero merendarme la cena", ha dicho, confiando en que el diálogo entre grupos políticos y administraciones dé fruto.
Costes para las eléctricas
Lucía Martín, portavoz de Unidos Podemos, ha reclamado la tregua invernal de ámbito estatal, pero también una nueva ley que incluya "el principio de precaución: esto es, que las empresas no pueden hacer ningún corte sin antes comprobar la situación" de la familia. "El pago de esas facturas tiene que ir en función de la tregua, no podemos seguir hablando de parches o de pequeñas ayudas". Además, "esos costes deben ir asumidos por las empresas eléctricas", ha reclamado, que tienen importantes beneficios y altos sueldos de directivos mientras no se protege un "derecho fundamental" como el acceso a la energía, según ella.
La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha reclamado la tregua y que en el nuevo bono social se incluya la renta como el elemento clave que determine qué ciudadanos tienen derecho. También ha pedido que se incluyan el butano y el gas como fuentes de energía y no sólo la eléctrica, como hasta ahora. "Es necesario que las autonomías se sienten con el Gobierno y con todas las fuerzas. No puede no aplicarse una ley o una norma porque alguien alegue que no hay competencias", lamentó. "Puede ser una norma nacional, pero el ministro dice que no porque hay competencias autonómicas que lo impiden", explicó.
Noticias relacionadas
- El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula el bono social e indemniza a las eléctricas
- El escrache de Iglesias a Gas Natural: “No se puede consentir que haya españoles a los que este invierno se les corte la luz”
- Cómo paliar la pobreza energética en España: Aragón, pionera
- España sigue siendo un país muy nuclear pese a presumir de ‘verde’