El lehendakari, Íñigo Urkullu, confía a su mano derecha en el anterior Gobierno, el ex diputado Josu Erkoreka, la gestión de uno de los objetivos estrella de la undécima legislatura vasca que ahora arranca; la consecución de un Pacto con el Estado sobre el nuevo Estatuto que salga del Parlamento Vasco. Seguirá siendo portavoz del Ejecutivo y ocupará una cartera que cambia de presentación y adquiere junto al de Gobernanza Pública (Administración ) el significativo nombre de Autogobierno.
Erkoreka (Bermeo 1960) fue “rescatado” por Urkullu del Congreso de los Diputados en 2012 para conformar su primer Ejecutivo y aunque desde su Departamento ha denunciado con insistencia las políticas recentralizadoras del Gobierno de Mariano Rajoy, conserva numerosas relaciones en Madrid, labradas durante sus años de portavoz en la Cámara Baja, y un más que probado nivel de interlocución personal con Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra encargada de afrontar el reto catalán, los desajustes del modelo territorial y las relaciones, por tanto, con las comunidades autónomas.
Su formación en Derecho y su conocimiento de la Administración Pública contribuyen a que Urkullu deposite en él su confianza para completar el desarrollo estatutario pendiente y aprovechar el escenario abierto por la pérdida de la mayoría absoluta del PP en las Cortes para lograr las transferencias de prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Ambos traspasos son considerados prioritarios en el acuerdo de gobierno suscrito entre PNV y PSE-EE para los próximos cuatro años.
Para resolver el litigio por las liquidaciones del Cupo, en las que hay en juego 1.600 millones de euros, y superar las dicrepancias entre las Administraciones central y vasca que han impedido legislar sobre su actualización, Urkullu ha colocado al frente de la cartera de Hacienda y Economía a Pedro Azpiazu, actual diputado y responsable de asuntos económicos del Grupo Vasco en el Congreso.
Azpiazu (Bilbao , 1957), economista de profesión, forma parte de la Cámara Baja desde el año 2000 y ha participado año tras año en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Se le considera otra persona idónea para engrasar las relaciones del Ejecutivo de Urkullu con el Gobierno de Rajoy.
El lehendakari ha dado a conocer la composición de su nuevo Gobierno este jueves, a través de una escueta nota, pocas horas después de solventar el último trámite del debate de investidura y ser reelegido presidente del País Vasco en segunda votación en el Parlamento. Ha contado con el apoyo de su grupo (28 parlamentarios) y el de los nueve miembros del PSE-EE, su socio en el Ejecutivo de coalición que presentará oficialmente el próximo lunes, después de jurar este sábado su cargo en la Casa de Juntas de Gernika.
TRES CARTERAS PARA EL PSE
El nuevo Gobierno está integrado por siete hombres y cinco mujeres y amplía la estructura del anterior, compuesto por ocho carteras, para dar entrada a los socialistas, que ocuparán con militantes del partido tres de los once Departamentos: Vivienda, Medio Ambiente y Planificación Territorial; Trabajo y Justicia; y Turismo , Comercio y Consumo. Son consejerías con poco peso presupuestario porque se ha desgajado Empleo del área de Trabajo y Transportes del de Medio Ambiente, por lo que el PNV seguirá controlando el trazado ferroviario de alta velocidad, la obra pública de mayor envergadura e inversión en la comunidad autónoma vasca.
La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendía, volcada en la revitalización de su partido, se autodescartó desde el primer momento por lo que no estará en el nuevo Gobierno . El hombre fuerte de los socialistas dentro del Gabinete será el guipuzcoano Iñaki Arriola (Eibar 1959). Secretario general del partido en Gipuzkoa, lleva ocupando cargos públicos y orgánicos desde hace más de treinta años y formó parte del Gobierno de Patxi López, donde ya fue titular de la competencia de Vivienda. Su departamento deberá afrontar el desarrollo de la ley general sobre esta materia, promovida por el PSE en la legislatura pasada, que consagra el derecho subjetivo a la vivienda y garantiza su acceso a todos los ciudadanos residentes en la comunidad autónoma.
Para desempeñar la cartera de Trabajo y Justicia la formación de Mendía ha elegido a María Jesús San José (Sestao 1966), que fue directora de Relaciones con el Parlamento en el Ejecutivo de López y ejercía en la actualidad la dirección de Función Pública de la Diputación de Álava, gobernada en coalición por PNV y PSE-EE. Mayor sorpresa representa la incorporación del sociólogo y politólogo Alfredo Retortillo (Zürich 1965), profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, miembro del equipo del Euskobarómetro, y una persona muy conocida por su faceta de tertuliano y participación en distintos medios de comunicación. Retortillo gestionará Turismo, Comercio y Consumo, la misma área que estaba bajo la responsabilidad de la exsocialista Rosa Díez cuando el PSE-EE abandonó en 1998 el Gobierno de José Antonio Ardanza poniendo fin a doce años de cohabitación con el PNV en el Ejecutivo vasco.
EL DIRECTOR DE 'DEIA', CONSEJERO DE CULTURA
El PNV no cambia demasiado de caras. El continuismo del nuevo Gobierno presidido por Urkullu se asienta, además de en Erkoreka, en la ratificación de Arantza Tapia al frente del área de gestión económica y la de sus compañeros Jon Darpón en Salud, Estefanía Beltrán de Heredia en Seguridad, y Cristina Uriarte en Educación.
Tapia (Astigarraga, 1963) será la titular del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras . Aunque pierde competencias respecto a la macrocartera de la legislatura anterior, gana Transportes y el reto de afrontar importantes infraestructuras en marcha, como la ampliación del Metro de Bilbao y el diseño del nuevo trazado ferroviario en las capitales vascas. Es ingeniera industrial y durante el primer mandato de Urkullu se ha ganado, además de la confianza del lehendakari, un gran peso político dentro del Consejo de Gobierno. A ella le corresponderá sacar adelante el objetivo programático de conseguir que el sector industrial llegue a representar el 25% del PIB vasco.
La novedad en las designaciones del PNV llegan de la mano de los nombramiento del director del periódico Deia, medio de comunicación vinculado al partido de Ortuzar, como consejero de Cultura y Política Lingüística, y de la hasta ahora diputada foral de Servicios Sociales de Álava como consejera de Empleo y Políticas Sociales.
La trayectoria profesional de Bingen Zupiria (Hernani, 1961) viene marcada por su relación con el Gobierno vasco. Fue responsable de comunicación de la Lehendakaritza durante los Ejecutivos de coalición con los socialistas que presidió José Antonio Ardanza. Es licenciado en Filosofía y Letras pero toda su carrera está relacionada con el periodismo político. Antes de llegar en 2012 a ser director del diario nacionalista, formó parte de la dirección de EiTB, el ente público vasco de comunicación, a la que fue promocionado por Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.
Zupiria representa una apuesta segura para Urkullu, que le encomienda la gestión de la política lingüística, un área muy sensible para el nacionalismo, que no admite desviaciones en esa materia, como se ha podido comprobar en el pacto de gobierno, donde el PSE-EE no ha podido introducir la revisión de los perfiles de euskera para el acceso a la Administración, una de sus prioridades durante la pasada campaña electoral. El nuevo consejero de Cultura afronta además la complicada tarea de reformar EiTB, aprobada por el Parlamento e incluida en el acuerdo programático, y transformar el ente vasco en un grupo de comunicación sostenible y competitivo.
La nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (Vitoria, 1970) no estaba en las quinielas. Licenciada en Económicas, su currículo recoge su paso por el Ayuntamiento de la capital alavesa como concejal del PNV y distintos cargos de dirección y gestión en Osakideta, la red pública vasca. Como diputada de Servicios Sociales se ha visto inmersa últimamente en el escándalo suscitado por la prostitución de menores descubierta en los centros tutelados por la Diputación de Álava, al haber ocultado datos sobre una denuncia. Desde su nuevo cometido en la consejería de Empleo y Asuntos Sociales deberá abordar la reforma de Lanbide, el servicio de intermediación laboral cuestionado por sus escasos resultados, y la gestión de la potente red de ayudas sociales del Gobierno vasco entre las que se encuentra la Renta de Garantía de Ingresos, sometida ahora a revisión.