Ribera Salud quiso exportar su sistema de comisiones, el mismo que ahora investiga la Justicia, e implantarlo en la Comunidad de Madrid. Para eso, la mayor concesionaria sanitaria de España firmó acuerdos en 2014 con varios proveedores donde incluía ya en su sistema de pagos por ventas los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda). Sin embargo, los tribunales truncaron su plan al detener la adjudicación de forma definitiva.
Desde sus comienzos en el hospital de Alzira, Ribera Salud creció a la sobra de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. De hecho, su modelo de negocio fue uno de los principales argumentos electorales del PP valenciano. En Madrid, fue Ignacio González quien decidió "externalizar" la Sanidad e implantar un sistema similar para cubrir las necesidades asistenciales de la región, que tenía prevista la construcción de seis nuevos hospitales.
Contrato rubricado por Ribera Salud con uno de sus proveedores en 2014.
El 18 de agosto de 2013, el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, anunció la adjudicación de dos de los centros sanitarios (El Infanta Leonor y el Hospital del Sureste) a Ribera Salud y otro más para Sanitas. Quedaron entonces en suspenso los hospitales de Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. Los sindicatos denunciaron la concesión ante el miedo de que sus afiliados pasaran a ser personal de la concesionaria, y también las empresas competidoras, que acusaron a Ribera y a la administración de interpretar los pliegos a su antojo en el caso de las fianzas necesarias para acceder a los concursos.
Una pieza más de su negocio
Seis meses después de la Comunidad de Madrid hiciera pública la concesión,y de que arrancara la batalla en los juzgados, Ribera Salud firmaba un contrato con uno de sus proveedores, llamado Amgen. El documento, aparece rubricado personalmente por Alberto de Rosa, máximo responsable de la compañía, en representación de la central de compras b2b. Y refleja entre los centros integrados en su "plataforma de ventas" tanto al Infanta Leonor como al Hospital del Sureste.
"Los hospitales Infanta Leonor de Vallecas y Sureste de Arganda se encuentran pendientes de la resolución de un recurso judicial sobre su adjudicación", refleja el contrato consultado por EL ESPAÑOL. "Por lo tanto sólo se podrán beneficiar de las condiciones incluídas en este contrato a partir de la fecha en la que se produzca la adjudicación definitiva al Grupo Ribera Salud [...] La plataforma b2b deberá informar a Amgen de la fecha exácta en que se pueden aplicar las condiciones de este contrato en estos hospitales", recoge textualmente el documento, que recoge comisiones entre el 1 y el 2% de la facturación neta, además de pagos por el 10% en determinados medicamentos.
Documentos internos de Ribera Salud reflejan que este laboratorio era prioritario en su estrategia de negociación por su amplio margen para aportar comisiones. Meses antes de firmar este contrato, el Hospital de Dénia dejó de comprarle uno de sus medicamentos estrella, el Aranesp, esperando que Amgen mejorara su oferta en comisiones.
Extracto de los porcentajes pactados en uno de los contratos.
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El 27 de enero de 2014, tres semanas después de que Ribera Salud rubricara este documento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la suspensión de la privatización sanitaria madrileña. Los dos centros adjudicados a la empresa quedaron así fuera de su control, y las compras de medicamentos y material sanitario, fuera de la central de compras ahora investigada.
Sin embargo, Ribera Salud mantiene todavía posiciones en la sanidad madrileña. El holding mantiene a día de hoy el 45% de una UTE llamada BR Salud, que gestiona en régimen de concesión el servicio de laboratorio clínico de seis hospitales públicos madrileños (Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo). El plazo de la concesión -en la que tiene como socio a la firma Unilabs- es de ocho años que empezaron a contar el de junio de 2009 y funciona también con una prima por cada posible paciente entre la población protegida, valorada en 124,8 millones de euros. Además, es la administración la que, según la documentación de la propia empresa, paga los locales, las instalaciones, el equipamiento, el mobiliario y hasta los reactivos.