La Fiscalía estrecha el cerco sobre el presidente de Murcia por entregar 6 millones a dedo

"A partir de entonces, no se volvió a poner un solo ladrillo más". Así de tajante es el relato que la Fiscalía de Murcia hace sobre el pago de más de seis millones de euros que ha puesto al borde de la imputación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En su exposición razonada, el último paso para pedir su imputación formal, el ministerio fiscal recoge "indicios delictivos de gran relevancia" contra Sánchez, al que acusan de entregar seis millones de euros públicos a dedo y de pagarlos además por una obra inacabada; el auditorio de Puerto Lumbreras, convertido ya en uno de los iconos del despilfarro en las administraciones públicas.

A juicio de los fiscales, la investigación del caso ha demostrado que el presidente murciano, en aquellas fechas alcalde de Puerto Lumbreras, "ha participado en todos y cada uno de los hechos relatados a lo largo de este informe. Los delitos que se le imputan son: prevaricación, fraude, malversación, falsedad en documento público y administración desleal". El núcleo de la denuncia, -tal y como adelantó La Verdad de Murcia-, es la concesión a dedo de las obras para la construcción del auditorio, todavía hoy inacabado. Y todos los manejos que presuntamente realizaron Sánchez y sus colaboradores en el consistorio para que su voluntad de manipular los concursos públicos y que quedaran en manos del arquitecto Martín Lejárraga llegaran a buen puerto.

El informe fiscal relata cómo el concurso para redactar el proyecto fue "una farsa" impugnada incluso por el Colegio de Arquitectos de Murcia, que sirvió para colocar a dedo al arquitecto Lejárraga y que incumplió los plazos legales en cuestión de publicidad y transparencia. "La publicidad no es un principio meramente formal, sino una exigencia sustantiva, pues la obligación de transparencia que recae sobre cualquier ente público consiste en garantizar, en beneficio de todo potencial licitador, una publicidad sin restricciones y efectiva", recuerda la acusación en su escrito.

A partir de aquí, la investigación desvela cómo Sánchez, presuntamente y en connivencia con los técnicos, maniobró para conceder la construcción del auditorio a la firma Ecisa, con un desfase presupuestario de más de dos millones de euros entre la memoria del proyecto y el resumen de presupuesto y que se abonó por completo el 30 de abril de 2010, pese a que todavía faltaba por construir el 38% de la obra. Por no tener, el auditorio a día de hoy no tiene ni butacas.  "Las certificaciones de obra van firmadas por el alcalde que les da el visto bueno, por la secretaria municipal, y posteriormente los pagos de las mismas tanto por el alcalde como por el interventor", explican los fiscales en su informe. 

En total, quedaron pagados pero sin ejecutar trabajos de albañilería, aislamientos y falsos techos, alicatados, chapados, pavimentos, carpintería de madera y aluminio, cerrajería, vidriería, fontanería, sanitarios, electricidad, iluminación, ventilación, protección contra incendios, pintura e incluso el equipamiento escénico, que incluía un telón corta fuegos y el rótulo del auditorio, tasados en 51.371 euros. "El acta de recepción no tiene desperdicio", concluyen los fiscales, "ya que los responsables municipales reciben para su ciudad una obra construida solo en un 61,98% con un bar-cafetería que el proyecto modificado había eliminado, por la que el ayuntamiento, de forma presuntamente malversatoria había pagado a la empresa constructora 338.916 euros más de lo estipulado en el contrato de obra". 

Otro riesgo para el PP

Por todas estas presuntas irregularidades, la Fiscalía solicita investigar a 20 personas entre políticos, empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. A la cabeza del consistorio se encontraba entonces el actual presidente de Murcia. Pero no es el único horizonte judicial que se cierne sobre Sánchez. El pasado mes de mayo, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que le cite a declarar como investigado. Los agentes consideran que su contrato con el empresario Alejandro de Pedro para mejorar su imagen pública puede ser constitutiva de delito.

El pacto de gobierno rubricado entre el PP y Ciudadanos en Murcia estipula textualmente desde 2015 que si algún miembro de ambos partidos es investigado por corrupción, debe ser cesado en su cargo. Tras el fallecimiento de la senadora Rita Barberá, el portavoz del PP en el Congreso se sirvió de este ejemplo para pedir una revisión de este compromiso en el caso de Sánchez. Por su parte, fue el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien le contestó por medio de la prensa, pidiendo el cumplimiento escrupuloso de los acuerdos anticorrupción firmados entre ambos. En cualquier caso, la pelota está ahora en el tejado de TSJ de Murcia, que será quien decida si levanta o no el aforamiento al actual presidente regional.