Finalizada en marzo la instrucción del llamado “caso Margüello” sobre irregularidades en adjudicaciones públicas en la Sanidad vasca y solventados todos los recursos, la Fiscalía de Bizkaia acaba de formular su escrito de acusación contra los cuatro imputados. Para los tres excargos de la Administración y del principal centro de su red hospitalaria solicita un total de 26, 5 años de cárcel; para la cuarta afectada, socia de éste último, 11 años. Reclama además que indemnicen “conjunta y solidariamente” al Gobierno vasco con el pago de 6.821.154 euros, cifra en la que fija el “perjuicio económico” ocasionado a las arcas de la comunidad autónoma.

El Ministerio público considera que los cuatro acusados se pusieron de “acuerdo” para beneficiar económicamente a empresas de quien da nombre al caso, José Carlos Margüello, jefe de Sección de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces (Bizkaia) cuando ocurrieron los hechos. Estos tuvieron lugar durante el último mandato del lehendakari Ibarretxe (2005-2009) y con Gabriel Inclán (PNV) como consejero de Sanidad, persona muy cercana al principal encausado.

Margüello “constituyó y gestionó” varias sociedades mercantiles destinadas a la prestación de servicios sanitarios a través de una persona interpuesta, María Nieves Fernández, que figuraba como administradora para salvar la incompatibilidad en la que incurría el facultativo de Cruces.

Sus empresas fueron “favorecidas” mediante la adjudicación de dos contratos con Osakidetza, el Servicio Público de Salud, que acudió a ellas para solventar la presión de las largas listas de espera, sin respetar los principios de “legalidad, objetividad y publicidad” que deben guiar la actuación de la Administración.

En esas adjudicaciones resultó clave tanto la intervención del director territorial de Sanidad de Bizkaia, José Ramón Elorriaga; como la del viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán. Elorriaga comparte con Margüello la misma petición de pena en la calificación fiscal, que se eleva a 11 años de cárcel para cada uno de ellos; mientras que la de Cerdán queda reducida a 4,5 años al imputarle la Fiscalía un único delito de prevaricación por no haber intervenido en la segunda operación.

Junto a la prevaricación, en concurso con un delito de malversación de fondos, el Ministerio Público estima que los acusados incurrieron también en hecho tipificados en el Código Penal como fraudes ilegales contra la administración pública y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

DENUNCIADO HACE SIETE AÑOS

El “caso Margüello” saltó a la opinión pública en 2009 a raíz de las informaciones publicadas por El Mundo del País Vasco y fue trasladado a la Fiscalía por el Gobierno del socialista Patxi López. El Ejecutivo vasco está personado en la causa desde entonces aunque ahora es el lehendakari nacionalista Urkullu quien preside un gabinete de coalición PNV-PSE-EE y será éste quien deba decidir si formula o no acusaciones contra los excargos de Sanidad. De momento, no lo ha hecho.

Tanto la Cámara de Vitoria como el Tribunal vasco de Cuentas llevaron a cabo sus propias investigaciones tras las revelaciones periodísticas y señalaron en sus conclusiones la existencia de procedimientos anómalos de contratación y adjudicaciones irregulares, que el órgano fiscalizador llegó a cuantificar en 33 millones de euros al abarcar un periodo mucho más amplio y otras empresas del entramado dirigido por Margüello.

La instrucción judicial de la causa, que ha atravesado complejas vicisitudes y durado siete años, se ha centrado finalmente en dos mercantiles, Gestión de Servicios Sanitarios XXI y Rehabilidom.

María Nieves Fernández aparecía como “titular y gestora “ de las dos sociedades, “a sabiendas “ según la Fiscalía de que así eludía la incompatibilidad que presentaba Margüello como empleado público para contratar con la Administración.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

Gestión de Servicios Sanitarios, constituida el 6 de febrero de 2006, obtuvo la preceptiva autorización sanitaria para operar en el sector el 9 de junio de ese mismo año de manos del entonces director territorial de Sanidad de Bizkaia. José Ramón Elorriaga dictó la resolución “obviando todos los informes técnicos y todo los controles legales” y “a sabiendas” de que se incumplían “todos los requisitos exigidos”.

Menos de veinte días después, el 26 de junio, el titular de la viceconsejería de Sanidad, Rafael Cerdán, resolvió adjudicar a Gestión de Servicios XXI la gestión de las listas espera de Bizkaia. El contrato facultaba a la empresa de Margüello para intermediar entre la sanidad pública y la privada y derivar a ésta última consultas, procesos quirúrgicos y pruebas complementarias. Por esa adjudicación recibió un total de 1.986.666 euros con cargo a los ejercicios de 2006, 2007 y 2008.

Cerdán contrató a la citada mercantil por el procedimiento de emergencia y contra el criterio de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco, que rechazó que la necesidad de corregir los desequilibrios entre oferta y demanda justificasen la utilización de una fórmula reservada para resolver necesidades derivadas de catástrofes o situaciones excepcionales.

Según la Fiscalía el viceconsejero actuó movido únicamente por su intención de adjudicar el contrato a Gestión de Servicios Sanitarios, sabiendo que ni la empresa reunía los requisitos necesarios ni existían razones de emergencia para forzar una contratación.

SUBIDAS DE PRECIOS

Gestión de Servicios Sanitarios fue objeto además de una segunda contratación de nuevo irregular a tenor de lo expuesto tanto por la juez al cierre de la instrucción como ahora por la Fiscalía en su escrito de acusación.

En UTE con la clínica Indautxu y Rehabilidom - la otra empresa de Margüello - fue beneficiada por un nueva contratación en noviembre de 2007, para gestionar la prestación de consultas y tratamientos de cirugía y rehabilitación. El importe máximo inicial del contrato fue de 212.800 euros, pero sucesivas prórrogas, aumentos de tarifas y la inclusión de nuevos servicios elevaron la cuantía de lo recibido en tres años por la adjudicataria a 4.834.490 euros.

Para contratar a la UTE, Elorriaga anuló “sin causa que lo justificase” un proceso de contratación mediante concurso público ya en marcha y lo sustituyó por otro de “procedimiento negociado sin publicidad” con un único licitador.

La Fiscalía considera que las empresas de Margüello resultaron “favorecidas” con la entrega de “elevadas cantidades de fondos públicos” y que la Administración vasca resultó perjudicada, “bien por la innecesariedad” de los contratos, “bien por el aumento de las cuantías y subidas de precios y tarifas de los servicios prestados”. Fija el daño económico causado en los casi siete millones de euros recibidos por las contrataciones irregulares, cuya devolución reclama ahora a los cuatro acusados. Su cifra coincide con el perjuicio estimado en su momento por el Gobierno de Patxi López.