La Junta de Andalucía no las tenía todas consigo cuando decidió aprobar el decreto-ley para la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas para los empleados públicos. Otros lo habían intentado con anterioridad fracasando en el intento. País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid se toparon con un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, al igual que Castilla-La Mancha, a quien se lo tumbaron el pasado mes de mayo. En Andalucía esperaban lo mismo, pero el Gobierno central ha abierto la puerta al diálogo, convocando una reunión de la comisión bilateral Junta-Gobierno para así evitar los tribunales.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ve en este gesto un “buen síntoma” hacia un posible cambio de criterio del hasta ahora mantenido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se amparaba en sus competencias para llevar ante el TC los decretos. Aunque en la misiva, que fue enviada la pasada semana, se recuerda precisamente eso, que la jornada laboral de los funcionarios es cosa suya, Montero espera que haya avances para revertir ese derecho de los empleados públicos, en especial, en aquellas comunidades que han sido “cumplidoras” en términos estabilidad presupuestaria, pero también para los ayuntamientos.
De salir bien esta reunión, supondría que, al menos en Andalucía, se eliminarían las 37,5 horas semanales que el Gobierno central estipuló para los empleados públicos en 2012. Sólo en esta comunidad, serían 270.000 los beneficiarios. Pero si además pueden sumarse otras comunidades, tendría un efecto multiplicador.
Uno de los factores que ha empujado al Gobierno andaluz a la aprobación de este decreto, además de la recuperación de un derecho, es que esta medida contribuirá a una mayor generación de empleo en servicios esenciales como son la sanidad, la educación o justicia. Es aquí dónde creen que está la clave del giro del Gobierno, de no acceder a aplicar las 35 horas tendría que asumir un alto coste político, porque la medida cuenta con el respaldo sindical y, además, rompería esa nueva dinámica de diálogo que marca ahora la actividad política. Montero ha apuntado en esa dirección. El Gobierno podría haber recurrido directamente al TC y, al no hacerlo, esta vez parece haber querido apostar por “consensuar y acordar”.
Montero confía en que este “buen paso” dé pie a una negociación “sin trampas” y “sincera”, y confía en que este canal de diálogo con Andalucía se abra otra otras comunidades, y que en esto esté también el PP. De hecho, no han sido pocas las veces que desde la tribuna del Parlamento, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha retado al PP a posicionarse instándole a que aclarara si iba defender los intereses de los funcionarios en caso de que el Gobierno de Rajoy decidiera recurrirlo ante el TC. Cuando el decreto-ley fue convalidado por el Parlamento andaluz, el PP ya pudo indicar por dónde iba a ir el siguiente paso, ya que se abstuvo, al igual que Ciudadanos.
La reunión tendrá que ser en el menor tiempo posible. El calendario corre en contra porque el decreto andaluz prevé la entrada en vigor de la norma el próximo 16 de enero. Según fuentes de la Consejería de Hacienda, esa es la fecha es inamovible.