El Tribunal de Cuentas rechaza 470.000 euros en facturas que los partidos intentaron colar como gastos electorales

Sueldos de colaboradores que en realidad paga el Parlamento Europeo, reformas en la sede, comidas que nada tienen que ver con campañas electorales, pagos fuera de plazo y desde cuentas que no proceden y hasta gastos en publicidad y envíos postales para partidos que en realidad no tienen derecho a recibir subvenciones. Estas son las trampas, la picaresca o simplemente los errores que los partidos políticos han cometido a la hora de presentar sus gastos electorales ante el Tribunal de Cuentas. En la campaña para las Generales del 20 de diciembre, movieron entre todos 36,2 millones de euros públicos. La inmensa mayoría ha tenido que reformular sus cuentas o presentar alegaciones. El volumen de las facturas rechazadas y que no serán pagadas por tanto con el dinero de todos supera los 470.000 euros. 

Según el informe de fiscalización sobre las cuentas de los partidos para esa cita electoral -que tuvo que repetirse este verano siguiente ante la imposibilidad de los partidos para formar Gobierno-, uno de los errores más extendidos por los partidos es intentar colar en su contabilidad una importante cuantía de gastos en propaganda electoral por correo. El motivo es que las facturas justificadas por envíos electorales no computan en el límite de gasto marcado para cada partido por el Tribunal de Cuentas.

Como ejemplo, Esquerra Republicana intentó pasar como gasto de mailing los 22.990 euros que le costó en realidad el diseño, creación y estrategia de su campaña. La formación Aldakea, por ejemplo, intentó cobrar subvenciones por valor de 41.362 euros por envíos de propaganda electoral, cuando según el Tribunal de Cuentas, "esta formación no tiene derecho a percibir subvención" de este tipo. 

En total, solo 22 de las 25 formaciones que se presentaron a las elecciones generales del 20-D cumplen los requisitos necesarios por sus resultados para recibir subvenciones electorales. Geroa Bai, Nos Candidatura Galega y Unió Democrática de Cataluna tendrán que devolver los fondos públicos que tomaron prestados al no obtener representación parlamentaria. En el caso del partido catalán, la cuantía supera los 395.000 euros según sus propias cuentas. Del total de los 36,2 millones de dinero público, la Administración adelantó a los partidos 16,3 millones de euros en subvenciones electorales. Sumando la financiación de bancos y la tesorería general de cada partido, el dinero total que gastaron las formaciones asciende hasta los 57,7 millones. 

Comidas y gastos injustificados

Otra de las irregularidades detectadas por el organismo es el incumplimiento de la obligación que tienen todos los partidos de pagar dentro de un plazo de 90 días todas las facturas de los servicios que tengan que ver con la campaña. Es lo que le pasó por ejemplo a Convergencia, que en el momento de presentar las cuentas tenía todavía 4.000 euros en facturas sin abonar. Para pagarlas deberá tocar el dinero de su cuenta electoral, con lo que estará fuera de la normativa. Similar es el caso de En Marea, que adeuda 39.679 euros y carece de fondos en su cuenta electoral para saldarlo, por lo que deberá recurrir a otra cuenta distinta de la formación, algo que también queda prohibido. En total, los partidos han abonado 516.665 euros con posterioridad a los 90 días que marca el reglamento.

El pago de gastos electorales desde cuentas no validadas para tal fin es otro de los caballos de batalla recurrentes del Tribunal de Cuentas. En Comú Podem abonó 11.000 euros en facturas desde fuera de su cuenta electoral, y el PSC otros 12.811 euros. Sobre la contabilidad de Podemos, el organismo refleja que los 2,8 millones de euros recaudados en microcréditos fueron transferidos desde otras cuentas abiertas del partido, y no ingresados directamente en cuentas electorales. Los funcionarios del organismo fiscalizador detectaron además comidas y gastos injustificados por Geroa Bai (1.890 euros) o Unidad Popular (1.500 euros en restaurantes). 

Sueldo de trabajadores en Compromís

En el caso de Compromís, el Tribunal de Cuentas tumbó una subvención que el partido reclamaba por valor de 52.980 euros. El motivo de la petición era sufragar el sueldo de trabajadores de Bloc Nacionalista, Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds, Equo, Podemos y para el grupo parlamentario de Podemos. El grupo político (que se presentó en las elecciones generales como coalición) mantenía que esas personas habían realizado trabajos para la campaña electoral auditada. Los funcionarios encargados de analizar la contabilidad del grupo mantuvo que no, ya que eran empleados comunes del partido. 

En el caso de Ciudadanos, la formación naranja intentó pasar al Tribunal de Cuentas una serie de reformas elaboradas en su sede central. El partido de Albert Rivera aseguró a la entidad que las modificaciones en el inmueble se realizaron cuando era únicamente su sede electoral, pero que después decidieron hacer su presencia allí definitiva y tomar el edificio como central de trabajo. El argumento no convenció a los auditores, que han rechazado la petición de Ciudadanos para que el Estado abone facturas por valor de 387.667 euros. Además, el partido naranja realiza pagos fuera de plazo también por 40.003 euros. 

Sin embargo, las anotaciones más extensas son para el Partido Popular, ya que 27 de sus proveedores han incumplido su obligación de informar al Tribunal de Cuentas sobre la naturaleza de sus trabajos de campaña. El organismo tiene las facturas ya que el PP sí ha entregado los documentos. Pero todos los proveedores que trabajen con formaciones políticas tienen que confirmar los datos al organismo. En el caso del PP la cuantía de este tipo de trabajos asciende a casi tres millones de euros. En total, son 45 las empresas que no han cumplido con esta obligación, con un saldo de facturas superior a los 3,6 millones de euros.