Una mayoría de grupos en el Congreso de los Diputados está a favor de retirar al Tribunal Constitucional el poder de suspender y sancionar a cargos públicos con el fin de asegurar que se cumplan sus sentencias.

El PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas, incluyendo a ERC, el PNV y PDeCAT (la antigua Convergencia) respaldaron este martes con 176 votos (frente a 165 en contra) la derogación de la norma que el PP impulsó en 2015, poco antes de entrar en funciones, y que causó una gran polémica al ser presentada en plena precampaña catalana por el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, en septiembre de 2015. 

La reforma fue justificada por el Gobierno ante el desafío del Parlament y la Generalitat a las sentencias del alto tribunal y la legitimidad de las normas de ámbito estatal. Potencialmente podría utilizarse para suspender temporalmente de sus funciones a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que en estos momentos inmersa en un procedimiento diferente, de carácter penal, por el que declaró la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La reforma incluye medidas cautelares como la suspensión por parte del Constitucional de cargos públicos que sean un obstáculo para el cumplimiento de las sentencias del tribunal y multas de hasta 30.000 euros. El texto fue aprobado gracias a la mayoría absoluta del PP y pese al clamor de la oposición, que la consideraba inconstitucional, pero el alto tribunal acabó dictaminando que era perfectamente compatible con la Carta Magna.

El inicio de la tramitación

Ahora, la composición del Congreso ha cambiado y el PP se ha quedado solo al defenderla junto a Ciudadanos. La votación de este martes es solo el inicio de la tramitación legislativa, sujeta a enmiendas y a nuevas votaciones en la cámara baja y en el Senado antes de la derogación definitiva.

Sin embargo, la mayoría absoluta necesaria para el cambio está asegurada si se mantienen las posiciones del PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. Juntos superan ampliamente la mayoría absoluta que requiere una modificación de una ley orgánica como es la del TC.

Los partidos independentistas y Podemos denunciaron la utilización del Tribunal Constitucional como un órgano político en contra de cargos públicos y consideraron la reforma un problema democrático. El portavoz del PSOE, Gregorio Cámara, consideró que la reforma “desnaturaliza la configuración que hace la Constitución de su supremo intérprete  y altera el mapa institucional contenido en ella” y aseguró que nadie había pedido tal reforma. Lo que hizo el PP es un cambio “con un objeto y finalidad ad hoc, dirigida a exhibir fuerza ante las elecciones autonómicas del 27-S en Cataluña, a un mes vista de la finalización del mandato y de la convocatoria de elecciones generales”, lamentó.

"No era necesaria"

El PSOE cree que la reforma"no era necesaria", como "luego se ha puesto de manifiesto", en palabras del portavoz del grupo, Antonio Hernando. “Se puede proceder contra personas o contra autoridades que se entienda que están incumpliendo la ley sin necesidad de aplicar esta reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional", dijo en referencia al proceso penal contra Forcadell. Sin embargo, ese argumento no se compadece con la resolución del TC, que considera la suspensión una medida encaminada a garantizar el cumplimiento de una de sus sentencias, no a servir como castigo después del incumplimiento. En ese sentido, el Constitucional podría suspender a Forcadell temporalemente mientras se asegura que el Parlament que preside cumple con la ley, pero nunca la apartaría del cargo o la inhabilitaría, como denuncian los independentistas.

En su intervención, la parlamentaria del PDeCAT Lourdes Ciuró consideró la reforma como “la octava ley fundamental del franquismo” al utilizar la “Constitución como un código penal”. “Todo vale si es para parar el proceso democrático de Cataluña”, lamentó.

Según Mikel Legarda, portavoz del PNV, el grupo cuya iniciativa prosperó, la reforma convertía “al Tribunal de facto en una tercerca cámara parlamentaria” porque “se judicializa la política” con un “control previo y preventivo” de las decisiones de los representantes ciudadanos. Para Ester Capella, de ERC, el Constitucional es el “verdugo de la democracia” en una España donde no existe la “separación de poderes”. “Ustedes ya han perdido toda la legitimidad. Una mayoría de los ciudadanos de Cataluña les ha dejado de temer”, según ella.

La España de Cuéntame

El portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, acusó al PP de haber devuelto a España a la época de Cuéntame, en referencia a la serie de TVE, al “tergiversar” y “retorcer” el TC hasta que “deje de ser un órgano que medie entre los poderes y que se convierta en una cachiporra”. En ese sentido, los constitucionalistas se han convertido como una “brigada de demolición”, de derechos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos se preguntó por qué ahora los independentistas son tan escrupulosos con las competencias del TC y aseguró que es precisamente para incumplir sin miramientos sus resoluciones. Girauta recordó el desafío del Parlament, que llamaba a desobedecer al TC y acatar sólo lo que emanase de la cámara autonómica.

Por su parte, Carlos Rojas, del PP, aseguró estar sorprendido por la posición del PSOE y justificó la reforma para “dar fuerza” al TC, que aún no ha ejercido sus competencias ampliadas aunque puede hacerlo por el último incidente de ejecución admitido a trámite en relación al cumplimiento de su sentencia sobre el proceso soberanista y los pronunciamientos del Parlament.

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