Los trabajos extraparlamentarios de un centenar de diputados peligran por una decisión del PSOE. El veto de este partido ha impedido que la Comisión del Estatuto del Diputado dé el visto bueno a la solicitud de un centenar de diputados de todos los grupos que desean compatibilizar sus escaños con otras actividades como la participación como tertulianos en la televisión, la docencia o la abogacía.
El PSOE es el único partido de la Cámara que se ha opuesto al informe que avalaba la compatibilidad de esas actividades durante la reunión que mantuvo la comisión esta semana. La posición contrasta con la mantenida el pasado mes de junio, cuando aprobó junto al resto de partidos en el pleno del Congreso un informe de compatibilidades prácticamente idéntico al rechazado ahora. Este es el informe de la legislatura anterior.
Las fuentes consultadas por la agencia Efe, han explicado que el portavoz del PSOE en la Comisión del Estatuto, Luis Carlos Sahuquillo, discrepó con la lectura excesivamente flexible del Congreso a la hora de dar el visto a las actividades privadas de unos 80 parlamentarios.
¿Dedicación absoluta?
Lo cierto es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es especialmente restrictiva con el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios aunque, en la práctica, decenas de diputados ejercen actividades fuera del Congreso con el autorización.
El artículo 157 establece que el mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta y es incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, pública o privada, por cuenta propia o ajena, retribuida mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma.
En particular, la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la Función Pública y con el desempeño de cualquier otro puesto de las Administraciones Públicas o empresas con participación pública directa o indirecta.
No obstante, la ley electoral sí permite que los parlamentarios puedan colaborar en actividades docentes o de investigación de carácter extraordinario, pudiendo sólo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas.
Sin embargo, el Gobierno tiene por costumbre autorizar el ejercicio de otras actividades privadas declaradas con la reserva de que no deben afectar al trabajo parlamentario.
En los primeros meses de cada legislatura, la comisión -que se reúne a puerta cerrada- debe emitir un informe sobre las actividades compatibles de los diputados que después se eleva al pleno para su aprobación definitiva.
Cantó, el actor e Iglesias, el tertuliano
La pasada legislatura ese informe se aprobó el 28 de abril, en el último pleno antes de la convocatoria de las nuevas elecciones.
Ese día el Congreso dio luz verde, por ejemplo, al trabajo como actor del diputado de Ciudadanos Toni Cantó o de presentador de un programa de televisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
La participación en tertulias y en conferencias o cursos es una constante en muchos parlamentarios que, a lo largo de los últimos años han pedido compatibilizar esas actividades con el ejercicio del escaño.
Lo mismo sucede con el ejercicio de la abogacía, caso del portavoz del PP, Rafael Hernando, o la judicatura, como el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes, actual juez en excedencia.
El caso de C's
En Ciudadanos, la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Patricia Reyes, ha solicitado ahora compatibilizar el cargo con el ejercicio de la abogacía. Según ha explicado hoy ella misma, se trata de un periodo transitorio, ya que le quedan tres o cuatro juicios pendientes de su etapa como abogada, anterior a su llegada al Congreso.
Su compañero de partido, Miguel Gutiérrez apuesta por mantener la dedicación exclusiva y por tiempo completo de los parlamentarios y defiende que se justifiquen con detalle cada uno de los casos concretos en los que se solicita una compatibilidad.
Ha recordado que el propio reglamento interno del grupo parlamentario de Ciudadanos así lo establece.
Pese a esta falta de acuerdo, fuentes de la Comisión del Estatuto del Diputado confían en poder llegar a un consenso sobre el informe de compatibilidades de los diputados durante el mes de enero aprovechando que no hay previstos plenos de la Cámara baja.