Paella popular para 3.200 personas, un autobús descapotable, un "Gran Parque Infantil", chocolatada para 1.500 personas, concierto de los grupos Efecto Mariposa e Iguana Tango... Y por si fuera poco, dos días de charanga. Ese fue el dispendio que las constructoras Dragados y Sacyr abonaron para inaugurar la línea de metro que une Madrid con Coslada. Una fiesta que costó 240.351 euros, que se organizó a 22 días contados de las elecciones locales de 2007 y que las concesionarias públicas abonaron sin tener obligación alguna de hacerlo.
En San Fernando de Henares (Madrid), Sacyr y Dragados pagaron además de la paella, la chocolatada con camareros y el concierto de Antonio Carmona un "Gran espectáculo de Fuegos Artificiales" (3.600 euros solo por los cohetes). Allí, las dos constructoras se dejaron el mismo día otros 207.000 euros en inaugurar otro tramo de vías. En suma, abonaron de sus propias cuentas más de 447.000 euros. Casi medio millón de euros a solo dos días de que arrancara oficialmente la campaña electoral de las municipales.
facturas sobre el acto abonado en Coslada.
Ahora, es la Audiencia Nacional quien investiga estos pagos, bajo la sospecha de que sirvieron para financiar ilegalmente al PP de Madrid. Las primeras pesquisas han dejado dos cosas claras: que las empresas abonaron el dinero, y que dentro de ellas, todos dicen no saber nada. No hay respuesta entre sus jefes de obra sobre por qué decidieron afrontar esos gastos sin necesidad alguna. No hay respuesta sobre la elección de la empresa que organizó el evento -Waiter Music, investigada en la trama Púnica por agasajar a Francisco Granados a cambio de contratos-, y no hay respuesta sobre el motivo de gastar semejante cuantía.
Pero Dragados y Sacyr no fueron las únicas. FCC también abonó 258.277 euros a Waiter Music, esta vez por la inauguración de la línea 3. El pedido, según la documentación contable presentada por Sacyr, se formalizó el 12 de abril de 2007. Sin embargo, la factura se contabilizó en sus sistema dos meses después, el 6 de junio de 2007, cuando las elecciones municipales ya habían pasado. Fue el 25 de junio, dos meses después del pedido a Waiter Music, cuando se realiza realmente el pago. Un comportamiento contable anómalo tal y como reconocen ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los responsables de FCC que han declarado como testigos.
En cualquier caso, financiar ilegalmente a un partido político no era entonces un delito penal, sino una falta administrativa. Ni cuando se realizaron las inauguraciones ni cuando se abonaron las facturas. La investigación se centra por tanto en tratar de vincular estas presuntas dádivas o favores a la Administración controlada por el Partido Popular con la concesión de obra pública.
Facturas requeridas a FCC por la Guardia Civil.
Seis meses de pesquisas
La normativa electoral española impide de forma textual que las corporaciones (ya sean, nacionales, municipales u autonómicas) inauguren infraestructuras u obras públicas durante la campaña electoral. En este caso, las fiestas organizadas por las constructoras se produce justo dos días antes de que arranque oficialmente la campaña. En total, pagaron paellas y conciertos para más de 5.000 personas. Sacyr
El pasado mes de junio y a instancias del juez Eloy Velasco, los investigadores de la UCO pusieron el foco en las obras licitadas por la entidad pública Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA). Este verano, remitieron tres oficios distintos a la dirección de Dragados, Sacyr y FCC con la documentación que las tres empresas tuvieran sobre las fiestas pagadas desde sus cuentas, los extractos bancarios, "información relativa a la motivación de la contratación de la empresa Waiter Music" y la copia de cualquier contrato si los hubiere. La documentación remitida por las empresas, según el sumario del caso hecho público a las partes, se limita a las facturas que prueban los pagos e ilustran este reportaje.