La retirada, o mejor dicho, la no formalización de los recursos anunciados ante el Tribunal Constitucional, es una de las palancas con las que miden el Gobierno vasco y el PNV el nuevo clima de relaciones instaurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el PP desde que las últimas elecciones acabaron con su mayoría absoluta y abrieron las puertas a una legislatura en la que se ven forzados a pactar con otros partidos políticos.
El balance hasta el momento es desigual. Hay cuatro leyes vascas sobre las que el Gobierno central anunció recurso, pero las negociaciones se han centrado en las dos que más prisa corrían ante el vencimiento este fin de semana del plazo de seis meses que la normativa otorga a la Comisión Bilateral de Cooperación para que ambas administraciones traten de llegan a un acuerdo antes de que sus diferencias se resuelvan definitivamente ante el alto tribunal.
Madrid y Vitoria han conseguido pactar una de ellas, la Ley de Instituciones Locales, conocida como ley Municipal , y no han logrado un acuerdo en torno a la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodepedencias, resumida en la ley de Adicciones. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la interposición del recurso contra un artículo de esta última relacionado con la creación de clubes de consumidores de cannabis (marihuana).
Quedan pendientes la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y la Ley de víctimas de abusos policiales. Dos normas sobre las que existen diferencias acusadas por lo que no es fácil predecir el éxito de las negociaciones.
SOLO EUSKERA EN LOS AYUNTAMIENTOS
El acuerdo sobre la Ley Municipal se anunció este martes sin que hasta el momento se haya hecho público su contenido y la "interpretación consensuada" para salvar uno de los principales escollos para la Administración central: permitir que el castellano pueda ser relegado por los ayuntamientos vascos, que según la ley disponen de libertad para comunicarse con sus administrados únicamente en euskera, pese a la co-oficialidad de ambas leguas en la comunidad autónoma.
Ni el recién nombrado delegado del Gobierno, Javier De Andrés, ni el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, han dado explicaciones al respecto, por lo que sólo la preceptiva publicación del acuerdo la próxima semana en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial del País Vasco aclarará la solución habilitada para un tema tan sensible.
La negativa de algunos ayuntamientos vascos a utilizar el castellano es sus comunicaciones oficiales originó la interposición de decenas de recursos ante los tribunales por parte del exdelegado del Gobierno, Carlos Urquijo, destituido recientemente para inaugurar una nueva etapa de distensión en las relaciones entre las Administraciones central y vasca.
CONTRA LOS CLUBES DE CANNABIS
El 83 es el único artículo de la ley de Adicciones objeto del conflicto y por el que la Abogacía del Estado pleiteará ante el Tribunal Constitucional. En él se acuerda regular los clubes de consumo de cannabis, que deben constituirse sin ánimo de lucro y estar legalmente registrados. La única condición para acceder a estas entidades es ser mayor de edad. La ley no entra en más pormenores, ya que deja su desarrollo a un reglamento posterior en el que se fijarán los requisitos de admisión y las garantías exigibles para el consumo de marihuana.
Las objeciones de la Administración central son conocidas. Los Ministerios de Justicia e Interior las hicieron llegar al Parlamento Vasco durante la tramitación de la ley, que fue aprobada sin cambios en el artículo 83 en abril de 2016 pese a las advertencias de inconstitucionalidad que pesaban sobre su contenido.
El Gobierno de Mariano Rajoy defiende que la regulación de los clubes de consumidores de cannabis es una materia de competencia exclusiva del Estado. Es decir, que la norma aprobada por la Cámara vasca vulnera el orden constitucional de reparto de atribuciones establecido entre el poder central y el autonómico.
Considera además que la ley vasca colisiona con el Código Penal y supone una despenalización “de facto” del cultivo y el tráfico de cannabis, actualmente prohibidos.” Si cultivar y traficar con cannabis es delito (…) ¿cómo, dónde y a través de quién o de quiénes van a comprar esta sustancia las entidades de personas consumidoras?”, reflexionaba el autor del informe remitido a la Cámara vasca desde el Ministerio presidido entonces por Jorge Fernández.
Los resquicios para llegar a un acuerdo se estrechaban ahora además ante el precedente existente en Navarra. La Abogacía del Estado recurrió al Constitucional que mantiene suspendida la ley foral que ampara a las asociaciones de autoconsumidores de cannabis.
En el texto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, en el que se pide únicamente la suspensión del artículo 83, se hace constar que el citado precepto es “inconstitucional por invadir las competencias del Estado relativas a la legislación de productos farmacéuticos, Legislación Penal y Seguridad Pública”.
FALTA DE “CREDIBILIDAD”
El Gobierno vasco ha eludido el debate penal y lo ha centrado en un marco exclusivamente competencial, de injerencia en las atribuciones otorgadas a la comunidad autónoma.
En un nota hecha pública este viernes por la tarde, el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, “lamentaba” que el Gobierno español hubiera materializado finalmente el recurso contra la Ley de Adicciones.
“Ha dejado pasar una gran oportunidad para dar credibilidad a su mensaje de nueva etapa en las relaciones interinstitucionales, después de la época de la mayoría absoluta”, aseguraba Erkoreka, crítico también con el que el Gobierno no les hubiera comunicado oficialmente la presentación del recurso tras haber estado negociando intensamente en los últimos días para evitar su interposición.
“El Gobierno español sigue sin pasar de las palabras a los hechos en su relación con Euskadi”, se quejaba Erkoreka, tras señalar que “el acuerdo era posible” y que la ley vasca fue aprobada por muy amplia mayoría en el Parlamento Vasco.
“OPERACIÓN DIÁLOGO”
Antes de que el Consejo de Ministros hiciera pública su decisión, el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, se anticipaba en Vitoria a las críticas que recibiría en el País Vasco la presentación del recurso por parte de la Administración vasca.
Señalaba que su interposición era “compatible” con el mantenimiento de la “operación diálogo” abierta por el Gobierno español y el PP con el Ejecutivo vasco y el PNV. Defendía que hay veces que las discrepancias no se pueden resolver mediante un acuerdo y que el hecho de recurrir al Tribunal Constitucional no se debe traducir en una relación “áspera o incómoda", porque los tribunales son “una herramienta normal y razonable” que utilizan todas las Administraciones.