Izquierda Unida ha decidido llevar al Congreso de los Diputados el caso de Rodolfo Wagner, el militar argentino reclamado en su país por 48 delitos y que, como ha publicado EL ESPAÑOL, vive plácidamente en Madrid. Alberto Garzón ha preguntado por escrito al Gobierno, entre otras cosas, por si considera la posibilidad de anularle su permiso de residencia y por si puede garantizar que en España no residen "otros exfuncionarios de las dictaduras argentinas". 

En una pregunta escrita presentada ante la Mesa del Congreso, el coordinador federal de IU recuerda que, tal y como ha publicado este diario, la Audiencia Nacional decidió denegar la extradición de Rodolfo Wagner que solicitaban los tribunales argentinos por haber prescrito los delitos de torturas y homicidio de los que se acusa al militar. Garzón expone que el Código Penal español prevé que los delitos de genocidio y lesa humanidad no prescriben. Y concluye que "podría entenderse que la Sala de lo Penal ha buscado la interpretación más favorable al reclamado".

Quince preguntas

Por ello, Garzón presenta una batería de quince preguntas destinadas al Gobierno para que haya una respuesta por escrito. Entre otras cosas, el líder de IU pide al Ejecutivo que aclare desde cuándo conocía "la presencia en España de este presunto criminal", la "situación migratoria" del mismo, "cuándo se le concedió el permiso de residencia", si Wagner informó a la Administración de su situación en Argentina y si considera "la posibilidad de anularle su permiso de residencia y proceder a incoar el correspondiente expediente de expulsión". 

Además, Garzón pregunta al Ejecutivo del PP si ha comprobado "el origen de los medios de vida" de Wagner, que posee una lujosa vivienda, o si tenía algún conocimiento de "las pasadas actividades ilícitas del militar reclamado por Argentina". Una de las cuestiones de más enjundia que plantea Garzón al Gobierno es si "puede garantizar que no existen otros exfuncionarios de las dictaduras militares argentinas residiendo en España". Y es que, como ha publicado este diario, las autoridades argentinas sitúan a España como principal refugio de sus nacionales reclamados por delitos de “lesa humanidad”. 

El líder de IU pregunta al Gobierno si la Fiscalía pretende recurrir la decisión de la Audiencia Nacional de no extraditar a Wagner. Y, por último, teniendo en cuenta que los hechos que se imputan al coronel argentino "son igualmente constitutivos de delito" en España, Garzón pregunta si el Gobierno piensa "instruir a la Fiscalía" para que querelle por este asunto ante los tribunales españoles. 

"Aquí se permite la impunidad del fascismo"

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Esther López Barceló, responsable de Memoria Democrática de IU, afirma que su formación decidió preguntar por este asunto al Gobierno una vez que conocieron que Wagner vive en España mientras en Argentina se le reclama por su presunta relación con 48 delitos. "Es bastante escandaloso pensar que España podría estar siendo el refugio perfecto para extorturadores y miembros de la ultraderecha de países como Argentina", denuncia, además de argumentar que "el Gobierno no quiere poner ningún tipo de posibilidades de extradición, como vimos con el caso de Billy el niño".

"Es curioso que este hombre tenga la nacionalidad alemana y haya preferido venir a España y no a Alemania, porque allí no se permite la impunidad del fascismo, como pasa aquí", arguye López Barceló. Según expone, la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, "emitió un informe dirigido a todos los fiscales para que no cursasen los exortos que pedía la jueza Servini". Se refiere a María Servini de Cubría, famosa por su dedicación a investigar los crímenes de las dictaduras española y argentina. 

"Aquí se utiliza la ley de amnistía para garantizar la impunidad del franquismo y del fascismo", remacha la responsable de Memoria Democrática de IU. A su juicio, es decisivo que en España "se cumplan las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, lo que incluye juzgar a los responsables del franquismo".