La Policía coló al juez correos robados a los Pujol que comprometen la causa

La Policía utilizó correos robados a los Pujol en el año 2001 para elaborar uno de sus informes, y los presentó después en la Audiencia Nacional. Desde entonces, el juez José de la Mata trata de determinar la procedencia de los documentos y hasta cuatro mandos policiales han aportado versiones distintas sobre los mismos. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la versión real no concuerda con ninguna de las aportadas por los responsables policiales en el juzgado, y se circunscribe a un hackeo en el ordenador personal de Jordi Pujol Ferrusola en el año 2001, sucedido tras una guerra empresarial por la concesión de las licencias del juego en Cataluña.

De hecho, los correos electrónicos fueron puestos en circulación en aquellas fechas al mejor postor y ofrecido a contratistas públicos como arma arrojadiza contra los Pujol. ¿El precio? 50 millones de pesetas. 300.000 euros al cambio para para controlar los correos electrónicos donde Jordi Pujol Ferrusola habla abiertamente de sus negocios y empresas en el extranjero con su círculo más cercano. Empresarios como Jordi Puig y Godés, hermano del ex consejero de Interior del Govern catalán Felip Puig y uno de los principales socios comerciales del primogénito del clan Pujol. 

Según la versión aportada por los agentes, los correos fueron remitidos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por la Unidad de Inteligencia adscrita a la Dirección Adjunta Operativa, controlada entonces por el comisario Marcelino Martín Blás. En un primer momento los mandos de la UDEF mantuvieron que los documentos procedían del juzgado número 14 de Barcelona, que investigó la agencia de detectives Método 3. Sin embargo el titular del juzgado negó tener conocimiento, y mucho menos custodia de esos correos. 

A partir de ahí, las declaraciones de los distintos mandos policiales son divergentes. Nadie reconoce de forma concreta la procedencia de los documentos ni ha aportado al juez pruebas para garantizar la legalidad de los mismos. La máxima autoridad operativa de la Policía, el ex director adjunto Eugenio Pino, explicó en un escrito que los documentos fueron entregados por dos ex trabajadores de Método 3. Por su parte, los dos empleados aludidos niegan las explicaciones de Pino. La versión recabada por EL ESPAÑOL también apunta a otra procedencia. Según ha podido confirmar este diario, los correos fueron puestos en circulación por personas del círculo de confianza de los Pujol, con la voluntad de hacer negocio con ellos. 

Investigación sobre Artur Mas

Fue en el año 2000 cuando la batalla empresarial entre Cirsa y Recreativos Franco por el control de las licencias de juego en Cataluña llegó a su punto más algido. Mientras la primera era beneficiada por las concesiones de la Generalitat, la segunda sospechaba un trato de favor relacionado con aportaciones a Convergencia y a la familia Pujol.

Por medio de una asociación sectorial, se encargó de manera discreta el 2 de noviembre de 2000 una investigación a una conocida detective de la Ciudad Condal María Teresa Francés. La petición incluía la localización de todas las cuentas bancarias y sociedades mercantiles tanto en España como en paraísos fiscales de siete personas. Siete altos cargos y funcionarios relacionados con CIU: Jordi Pujol i Solei, Jordi Pujol Ferrusola, Amadeu Farré i Morell (subdirector general de Juego de Cataluña),Maciá Alavedra (Conseller de Economía hasta que pasó a presidir las autopistas catalanas), Xavier Civic i Fons (Responsable de Estaciones de Montaña de la Generalitat), Xavier Pomés (exconseller de Salud) y Artur Mas.

La filtración de los correos electrónicos de Pujol Ferrusola se produce meses después, si atendemos a la última fecha de los documentos obtenidos por la Policía. Pero las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL desligan el acceso ilegal a los ordenadores de Pujol Ferrusola de este encargo, aunque reconocen que el acceso a los correos -que han servido, por ejemplo, para relacionar operaciones de los Pujol con el marido de la ministra de Defensa, Ignacio López del Hierro- se materializó en una fecha similar y sirvió como arma arrojadiza en este conflicto empresarial.

La incógnita ahora (y lo que trata de averiguar el juez para determinar el grado de responsabilidad de los mandos policiales) es cómo llegaron los correos electrónicos a manos del equipo del comisario Martín Blás, cómo terminaron incorporados en la causa y sobre todo, por qué nadie le avisó de que esos documentos no habían sido obtenidos en registros o diligencias ordenadas bajo amparo judicial.