El Gobierno cree que las revelaciones del juez Santiago Vidal sobre el presunto acopio ilegal de datos fiscales ha forzado a la Generalitat a precipitar sus planes para la convocatoria del segundo referéndum separatista en Cataluña y la ruptura con el resto de España. El anuncio por parte del Ejecutivo catalán de que dispondrá de un sistema informático para recaudar impuestos a partir del 1 de julio -el primer paso hacia la Hacienda propia-, el posible adelanto de la consulta a primavera y la campaña a favor del derecho a decidir en Europa han dinamitado la operación diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría con el Gobierno catalán.
El Ejecutivo central mantiene formalmente la oferta de puentes tendidos. De hecho, la vicepresidenta viaja este viernes a Barcelona. Pero el discurso y los gestos se han endurecido con respecto a hace sólo unas semanas. El Gobierno ha empezado a deslizar en público y en privado que precintará colegios y aplicará las medidas coercitivas necesarias para frenar el referéndum en cumplimiento de la legalidad vigente. El comentario es lo suficientemente ambiguo como para abrir un abanico interminable de opciones, que pueden abarcar desde un recurso al Tribunal Constitucional hasta la retirada de competencias o la suspensión de la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución.
Además, Sáenz de Santamaría ha abierto un nuevo frente a la Generalitat al incorporar a Ciudadanos, que lidera la oposición en Cataluña, a la negociación de los acuerdos de financiación autonómica, mejora de infraestructuras, y servicios sociales de la Conferencia de Presidentes, a la que no asistió Carles Puigdemont.
Arrimadas, Sáenz de Santamaría y Bermúdez de Castro en el Congreso.
La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, y la propia Sáenz de Santamaría se reunieron durante más de una hora en el Congreso de los Diputados este miércoles para hablar, en sus propias palabras, de todo aquello que es importante para los catalanes y que no es la independencia.
Al término del encuentro, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, anunció que el Gobierno nombrará a iniciativa propia un grupo de expertos que defienda los intereses de Cataluña en la negociación de la financiación autonómica si la Generalitat no lo hace. Cataluña todavía no ha elegido un equipo, mientras que 15 de las 17 comunidades ya lo han hecho. Ciudadanos está dispuesto a colaborar en la propuesta de nombres si Puigdemont renuncia.
Bermúdez de Castro, que participó en la reunión con Arrimadas y Sáenz de Santamaría, recordó que la oferta de diálogo a la Generalitat sigue en pie, pero que es Puigdemont el que no quiere escuchar. En ese sentido, dijo que el Gobierno ha respondido con soluciones o propuestas de solución a 45 de las 46 demandas que planteó el presidente de la Generalitat a Mariano Rajoy en su reunión de hace menos de un año. El referéndum separatista es la única que no se aborda.
"El referéndum no se va a celebrar"
“Le puedo garantizar que el referéndum no se va a celebrar”, avanzó. Bermúdez de Castro dejó claro en su comparecencia ante los medios que el Gobierno responderá con la misma proporcionalidad que utilice la Generalitat en sus desafíos ilegales. “Nosotros vamos a hacer que se cumpla legalidad vigente de este país”, aseguró. “La Constitución garantiza el cumplimiento de la ley. A cada paso que dé la Generalitat, el Gobierno dará otro paso para cumplir la legalidad”.
La tensión entre la Generalitat y el Ejecutivo se ha multiplicado durante los últimos días. El lunes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, calificó al Govern de "xenófobo" a raíz del escándalo protagonizado por el ya ex senador Vidal. Unas palabras que dolieron especialmente al portavoz de ERC en el Parlamento, Joan Tardà, que pidió en la sesión de control a la vicepresidenta que pidiera a su diputado que se disculpase. Lejos de arrugarse, Santamaría respondió con otra pregunta: "¿Quiere que demos un curso de urbanidad parlamentaria con Rufián?", dijo, en una clara referencia a las polémicas intervenciones en el Congreso del diputado republicano.
Previamente, Tardà tendió la mano a Santamaría y le dijo que la mayoría de los catalanes está a favor de la celebración de una consulta soberanista, por lo que le pidió el respaldo del Gobierno para celebrarla. Sin embargo, la 'número dos' del Ejecutivo rechazó una vez más una consulta. "El gran consenso en Cataluña está representado por la Constitución, que pone freno a los abusos de los gobernantes y ampara a los ciudadanos".
Rajoy: "Algo ilegal no se puede hacer"
Tras el rifirrafe entre Santamaría y Tardà, Rajoy abandonó el Hemiciclo no sin antes dejar un par de advertencias a "algunas personas de algún partido político de Cataluña que quieren lisa y llanamente hacer cosas saltándose la ley". El presidente del Gobierno advirtió a los que quieren romper España que el referéndum no se puede celebrar "porque es ilegal y algo que es ilegal no se puede hacer".
Al mismo tiempo, los independentistas hacían oídos sordos a las advertencias del Ejecutivo y continuaban con el punto del orden del día que recogía su hoja de ruta. Los miembros del Pacto Nacional por el Referéndum se reunían este miércoles por segunda vez para aprobar el manifiesto donde indican que "somos una nación porque la mayoría de los catalanes así lo sienten". Su objetivo es buscar adhesiones al desafío independentista "en Cataluña, España y el mundo".
El documento reivindica la soberanía del Parlamento de Cataluña como "la institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país" y garantiza el respaldo a "aquellas iniciativas y acuerdos que surjan para la articulación de este referéndum". A la reunión asistieron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la portavoz del Ejecutivo regional, Neus Monté; el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs y el consejero de Justicia, Carles Mundó. El choque de trenes parece, ahora más que nunca, inevitable.
Protección a los funcionarios
Arrimadas, en su comparecencia posterior a la reunión con Santamaría, señaló que repetir el 9N no sirve para nada. La líder de Ciudadanos en Cataluña recordó que su grupo ha presentado un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para que evalúe las partidas de los Presupuestos catalanes supuestamente dedicadas a la organización y celebración de la consulta.
La iniciativa ha paralizado de momento la aprobación de los Presupuestos. Arrimadas pidió además protección a los funcionarios públicos para que, llegado el caso, no se vean obligados a incumplir la legalidad vigente.