Ciudadanos lo ha vuelto a hacer. Y no es la primera vez. La formación naranja ha salido en auxilio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que no se vea salpicada por el fraude de los cursos de formación que se investiga en varios juzgados de la región. Así ha quedado reflejado en el dictamen final de la comisión de investigación que preside Julio Díaz (Cs) y desoye las peticiones del PP, Podemos e Izquierda Unida.
Desde un principio, Ciudadanos y, lógicamente el PSOE, fueron los únicos partidos que no señalaron a la presidenta del Ejecutivo andaluz como responsable política de este caso. Y así se ha confirmado finalmente. Un año y cuatro meses después de que comenzara la investigación sobre los cursos de formación, Julio Díaz (exmilitante socialista) cierra la misma señalando como máximos responsables políticos a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Este hecho no ha cogido por sorpresa al resto de grupos políticos, ya que el propio nombramiento de Julio Díaz como presidente de la comisión de investigación levantó las críticas de éstos al considerar que podría existir un pacto encubierto para no implicar a Susana Díaz en el fraude. En su informe de conclusiones, Ciudadanos ya eximió de toda responsabilidad política a la presidenta de la Junta, al igual que hizo el PSOE-A.
La presidenta de la Junta ha vuelto a encontrar en Ciudadanos un aliado para sus intereses. Y es que este apoyo que le ha vuelto a brindar la formación naranja llega en un momento crucial para su carrera política, pues está ultimando su más que previsible salto a la conquista de la Secretaría General del PSOE, cargo que tendrá que disputar con Patxi López y Pedro Sánchez. Su implicación en el fraude hubiera complicado sus aspiraciones en el partido.
El presidente de la comisión de investigación, en cambio, sí ve responsabilidad política en la gestión y actuación de los expresidentes Chaves y Griñán, una decisión que dista mucho de la tesis judicial. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha argumentado que “no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía”.
Responsables políticos
En cambio, Julio Díaz expone en el informe que tanto Chaves como Griñán fueron responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería de Empleo, competente durante el periodo investigado, y “han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las consejerías, y como tales son responsables”. A ambos les atribuye la responsabilidad in vigilando.
El dictamen final redactado por Julio Díaz también considera responsables políticos de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012, así como a los altos cargos de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias de empleo y a los titulares de las Delegaciones provinciales del SAE. Por último, son responsables en iguales términos aquéllos que hayan ostentado las secretarías generales y direcciones generales que gestionaban esta materia.
Alegaciones
En líneas generales, el documento recoge que no se ha llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político sobre sus subordinados: “Podrían haber sido más diligentes, lo que sumado a que no se hubiesen establecido directrices unitarias y conjuntas, todo perjudicase la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía”.
Aunque con este informe la comisión cierra definitivamente la investigación, su aprobación está aún lejos de producirse. El calendario marca ahora que los grupos parlamentarios podrán presentar alegaciones hasta el 27 de febrero; el dictamen se votará en una comisión el 6 de marzo y se elevará a la Mesa del Parlamento el 22 de marzo, donde se decidirá si el debate de dichas conclusiones se incluirán en el orden del día de la sesión plenaria de los días 29 y 30 de marzo para su aprobación o rechazo definitivos.
Esta comisión de investigación se ha centrado en esclarecer el desvío de fondos para la formación para parados y autónomos, y que se concedían a empresas a través del Servicio Andaluz de Empleo. Muchos de esos cursos recibieron subvenciones y nunca se organizaron, por tanto, estamos ante presuntos delitos de falsedad, estafa y fraude.