La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, con los votos del PP y de UPN, ha rechazado este jueves encargar una fiscalización específica de los recursos públicos que la Iglesia Católica recibe del Estado a través del 0,7 por ciento del IRPF.

Las iniciativas del PSOE y de Unidos Podemos recabaron el apoyo de Ciudadanos y el PNV, pero la ausencia en la votación del representante de la antigua Convergència, el senador Joan Bagué, ha provocado un empate que, al aplicar el voto ponderado, han provocado la derrota de las propuestas.

Los populares ya habían anticipado su voto en contra durante el debate de las propuestas alegando que tenían dudas sobre la legalidad de esta petición de fiscalidad. Según ha expuesto el senador del PP Francisco Javier Fernández González, la auditoría a la Iglesia no cumple con lo firmado en el acuerdo de cooperación entre el Estado y Santa Sede firmado en 1979, en el que sí se exige una memoria anual a la Iglesia, pero únicamente del dinero que ésta recibe a modo de subvenciones.

Así, Fernández González advierte que lo que PSOE y Unidos Podemos piden es la fiscalización de un dinero que llega "directamente del bolsillo de los ciudadano y no como ayudas del Estado" de una entidad privada, lo que a su juicio, es "improcedente".

Fuera de la comisión, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha dicho que "no tendría sentido" que el Tribunal de Cuentas se dedicara a analizar todas y cada una de las entidades a las cuales se le da una aportación, subvención o una ayuda porque, de ser así, su trabajo "sería imposible de realizar". Además, ha defendido que la Iglesia es una entidad que actúa con "transparencia".

"O TODOS O NINGUNO"

Por parte de las formaciones defensoras de esta propuesta se ha señalado que es la sociedad la que está reclamando conocer esta información. El diputado del PSOE Antonio Hurtado ha defendido que los españoles tienen el derecho a saber "con detalle" es lo que hace esta institución con su dinero y que la Iglesia debe incorporarse a otros organismos como la Casa Real o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pasado por este trámite. "O todos o ninguno", ha declarado.

Desde Unidos Podemos, su representante Segundo González ha pedido "transparencia" y ha recordado que hay otras entidades sociales, como las ONGs, que también reciben parte de los beneficios del 0,7 por ciento y que ya han sido fiscalizados.

El portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha justificado su respaldo a la propuesta de PSOE y Unidos Podemos en que las aportaciones que se realizan a la Iglesia a través del IRPF son fondos públicos y, por tanto, "deben estar auditados" y se deben poder "controlar" y saber "a dónde va cada euro" que procede de los contribuyentes.

El registro de estas propuestas se produjo después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por los socialistas, reclamaran una fiscalización de la Iglesia a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017. El pleno del organismo --compuesto por doce consejeros más el Fiscal--, aprobó su programa el pasado 22 de diciembre y, por decisión mayoritaria, no incluyó esa petición.