El calvario judicial que aún queda a Correa, Crespo y ‘El Bigotes'

Francisco Correa, el considerado mayor cabecilla de la red Gürtel, se ha tomado “con dignidad” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de enviarle a prisión provisional y sin fianza tras haber sido condenado a trece años de cárcel en una de las piezas consideradas menores, la del amaño de los contratos para montar el pabellón valenciano en Fitur entre 2005 y 2009.

Correa sabía que en algún momento tenía que ir a la cárcel, pero no pensaba que sería ahora. Así ha transmitido su abogado, Juan Carlos Navarro, a los medios el estado de ánimo con el que el máximo jefe de la red ha asumido su vuelta a prisión. Ya estuvo de forma provisional entre febrero de 2009 y 2012. Ahora, el panorama que se le presenta es aún peor.

Correa fue trasladado al centro penitenciario de Picassent a las tres de la tarde de este martes, unas seis horas después de acudir al TSJ para la ‘vistilla’ en la que se iba a decidir su futuro próximo y el de sus compañeros de fechorías. El tribunal le ha mandado a la cárcel por el riesgo de fuga y por las “otras muchas actuaciones” que contra él se dirigen en la Audiencia Nacional. Francisco Correa tiene pendientes juicios por diferentes piezas en las que, en total, la Fiscalía Anticorrupción le llega a pedir unos 300 años de cárcel.

El papel de Pablo Crespo

En muchas de estas causas le acompañará también en el banquillo su número dos, Pablo Crespo, condenado a trece años y tres meses. El tercer ‘cabecilla’ condenado, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, se enfrenta a los juicios de la rama valenciana, ya que él era el hombre colocado por la trama para operar en la Comunidad Valenciana. Su condena por la pieza de Fitur es de doce años y tres meses.

Este fallo es el primero que han recibido de una serie de piezas pendientes por juzgar. Las penas, definidas como “penas duras” por algunos de los abogados que el viernes pasaron a recoger el fallo en la sede del TSJ en Valencia, podría hacer mella en el grupo de Correa de cara a los juicios todavía pendientes.

Los tres condenados que este martes han sido trasladados a la cárcel de Picassent están siendo juzgados en la actualidad en la Audiencia Nacional por la primera época de esta trama, que se desarrolló en Madrid y se extendió por varios municipios entre 1999 y 2005. En esta causa, a Correa se le piden 125 años de prisión. El juicio llevará a las defensas de los cabecillas a reclamar un próximo traslado de prisión. Así, el abogado de Pablo Crespo ya ha anunciado que solicitará que se le derive a la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Entre las causas pendientes de Correa está la de las supuestas irregularidades para obtener adjudicaciones en el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), adjudicaciones bajo sospecha en el ayuntamiento de Jerez (Cádiz), el presunto amaño de contratos en AENA, así como los juicios de la llamada rama valenciana.

PRÓXIMAS CITAS CON LA JUSTICIA

Además del juicio que se está siguiendo en la Audiencia Nacional por la primera etapa de la Gürtel, a los cabecillas de esta organización creada para delinquir (tal y como recoge el fallo por la pieza ya juzgada referente a los pabellones de Fitur) les esperan otras citas con la justicia.

El próximo 13 de marzo arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Justo en este caso, los empresarios acusados por haber financiado ilegalmente al partido en los años de Francisco Camps (que no está acusado aunque sí su cúpula) han firmado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que aceptan penas de entre 15 y 21 meses de prisión y aceptan que financiaron ilegalmente al partido de Camps. Entre los que han confesado haber financiado las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana están Enrique Ortiz y Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino.

En esta pieza de Gürtel (en realidad son las piezas 1, 2 y 6), Correa, Crespo y Pérez se enfrentan a penas que van desde los 24 años y medio para los dos primeros a los 27 años para ‘El Bigotes’. Están acusados de cometer delito electoral y fiscal. Esta parte de la investigación se centra en las contrataciones a Orange Market para organizar servicios y actos de campaña que fueron abonados de modo presuntamente irregular, una parte en efectivo y otra a través de terceros. En el juicio se sentarán ex altos cargos de la cúpula del PP de Camps como Ricardo Costa y Vicente Rambla.

Asimismo, la Audiencia Nacional también va a juzgar a los cabecillas de Gürtel por la pieza que investiga la contratación de las pantallas y la megafonía a una sociedad pantalla de esta red con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En este caso, se sitúa a Juan Cotino como el “elemento nuclear” y “protagónico” para lograr la adjudicación de un contrato por 7,4 millones de euros a la trama, pagados por fondos públicos a través de RTVV, por unos servicios que han sido cifrados en 3,3 millones. La investigación apunta a que se repartieron el dinero entre los acusados. También se habla de regalos a Cotino, por ejemplo, para agasajarle en este proceso y hacerse con el jugoso contrato. El expresidente de las Cortes está acusado de haber recibido un chaquetón Milano de regalo.

Por esta pieza, Correa y sus hombres se enfrentan a penas de 37 y 38 años de cárcel, que se suman a las peticiones del resto de piezas. En todo caso, y si fueran condenados en el resto de juicios pendientes, la pena que llegarían a cumplir en prisión podría no ser mayor del triple de la condena más alta que vayan a cumplir por uno de sus delitos.

RECURSOS ANTE EL CONSTITUCIONAL

La condena por la pieza valenciana de Fitur podría llevar a los tres responsables del grupo Correa a cerrar futuros acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, los tres han anunciado que recurrirán su ingreso en prisión ante el Tribunal Constitucional alegando, entre otras cosas, que esto les impedirá ejercer su defensa correctamente. En el caso de Correa, su letrado aludió ante el TSJCV al supuesto cambio de estrategia que ya ha utilizado en el juicio que se sigue en Madrid, en el que quiso mostrar una actitud colaborativa. Pero, en este caso, el tribunal valenciano zanja la cuestión asegurando que en esta causa “no ha demostrado afán de colaboración alguno”.

También el abogado de Pablo Crespo (que acompañará a Correa en muchos de los juicios pendientes) lamentó que el ingreso en prisión supone “cortocircuitar” su derecho a defensa y avanzó su intención de renunciar a la defensa si no se hacen accesibles todos los sumarios. El letrado es ciego y, según dijo, hasta ahora era Crespo el que le ayudaba. Con él en la cárcel, la opción pasa –dijo el letrado- por asignar un abogado de oficio que el acusado “no puede pagar”. Ante las causas pendientes, el letrado apuntó: “Sabe que ya tiene una sentencia de la opinión pública”.