La imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, empañó la proposición de Ley Integral contra la Corrupción que Ciudadanos defendió este martes en el Congreso de los Diputados. La defensa de Sánchez, que lidera el propio Mariano Rajoy, evidenció la debilidad de los lazos que supuestamente unen a los dos partidos y dejó a Albert Rivera atrapado entre la ruptura con el PP en Murcia o el respaldo a un improbable tripartito con PSOE y Podemos si los populares no dan su brazo a torcer.
El PP utilizó el pacto de investidura nacional firmado con Rivera para justificar su apoyo a Sánchez. El pacto compromete "a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". Una fase judicial en la que todavía no está el proceso del llamado caso Auditorio.
Pero el acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos en Murcia es más rígido. El matiz "formalmente" no está incluido en el texto, que recoge en su literalidad "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política". La citación judicial en calidad de investigado del presidente murciano es teóricamente motivo suficiente para dejar el cargo. Este criterio, por ejemplo, es el que sirvió a Ciudadanos para exigir las dimisiones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán antes de respaldar a Susana Díaz en Andalucía.
Moción de censura
Ciudadanos emplazó a Sánchez a una reunión la próxima semana. El portavoz del grupo naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, volvió a reclamar la dimisión "ipso facto" del presidente murciano. Sin embargo, Ciudadanos rechazó plantear ese encuentro en términos de un ultimátum. Todavía no ha verbalizado una posible ruptura del acuerdo en Murcia ni el partido parece dispuesto a sumarse a la moción de censura que ya alientan PSOE y Podemos en la región. Sánchez está citado a declarar el 6 de marzo.
Rivera pidió al PP que en esa reunión proponga un candidato alternativo a la presidencia que no esté imputado. "Sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un gobierno del PP en Murcia", dijo en los pasillos del Congreso. Los populares lograron 22 escaños en las elecciones del 2015, a uno solo de la mayoría absoluta. Ciudadanos tiene cuatro diputados autonómicos.
En privado, varios dirigentes de Ciudadanos reconocieron el daño que está haciendo la crisis abierta en Murcia y confiaron en "convencer" al presidente de la Región para que se haga a un lado. Recuerdan que Sánchez no sólo firmó el acuerdo de investidura sino que además empeñó su palabra públicamente al asegurar que dejaría el cargo si era imputado.
"Vamos a recordarle que tiene que irse. ¿De qué sirve tener un pacto de investidura en esta región si no lo cumplen?", dicen desde la dirección de Ciudadanos. "Si no dimite ahora, ya no dimite nadie en España".
El PP carga contra Cs
El PP, sin embargo, se aferró a la letra del acuerdo con Rivera para defender al presidente murciano y, además, criticar a Ciudadanos. El portavoz del PP en el Congreso, Rafa Hernando, dijo además que la corrupción política debe incluir "enriquecimiento ilícito", algo que no dice el pacto. Y que el caso Auditorio es por cuestiones administrativas. Sánchez está imputado por los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos en la construcción de un auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras, de la que era alcalde en ese momento.
"A ver si somos capaces de no cambiar cada día de opinión y evitamos las contradicciones", dijo Hernando en alusión a Rivera. "Alguien le deja por fin al pobre hombre (Sánchez) ir a dar su versión, así que dejen que dé su versión y que luego funcione la Justicia".
Además, Hernando acusó a Rivera de contradecirse. En el proyecto de Ley Integral contra la Corrupción, Ciudadanos propone el cese inmediato de los cargos públicos "encausados". La redacción es similar a la del pacto con Rajoy y, por lo tanto, más laxa que en el caso de Murcia.
Cs saca adelante su ley
Podemos aprovechó la imputación de Sánchez para cuestionar el compromiso de Rivera en lucha contra la corrupción. Otros grupos acusaron a Ciudadanos de presentar en solitario una ley que es una suma de muchas reformas que ya se están abordando en distintas comisiones.
Pero todos los grupos de la Cámara apoyaron la tramitación de la propuesta, salvo el PNV que se abstuvo (337 votos a favor, cinco abstenciones), que entra ahora en fase de enmiendas. La ley de Ciudadanos prevé acabar con los indultos por corrupción, pero también medidas de protección y un catálogo de derechos para los funcionarios que denuncien prácticas con visos de corrupción.
"La corrupción es un problema de España y con la ley que presenta Ciudadanos queremos proteger a los buenos y castigar a los malos", dijo Rivera.
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