La brigada de Pino buscó sin éxito a Zougam y a los suicidas de Leganés en los vídeos del 11M

La brigada especial creada por el exjefe de la Policía Eugenio Pino revisó los vídeos del 11-M para buscar en ellos a posibles autores de los atentados. Después incluso de que el caso tuviera sentencia firme. El informe que ha permanecido secreto desde 2015 hasta el pasado viernes, refleja textualmente que “una vez digitalizadas, las imágenes [de las cámaras de seguridad] fueron visualizadas durante el presente análisis a fin de comprobar la posible aparición en alguna de ellas de sujetos de aspecto similar a los descritos por los numerosos testigos cuyas declaraciones se han estudiado en este análisis, los de los autores condenados, o los de los suicidas de Leganés”.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, viene a desmentir la versión aportada por Interior sobre el contenido del informe. El Ministerio controlado por Juan Ignacio Zoido aseguró que el documento abordaba únicamente los protocolos seguidos por la Policía en este caso. Pero no es así. En varias ocasiones a lo largo de 103 páginas, los agentes se centran también en el contenido de las investigaciones y llegan a revisar de nuevo -como en el caso de las cámaras- el contenido de declaraciones y otros documentos ya analizados en el sumario del caso.

El documento -que ha permanecido oculto más de dos años y que apareció el pasado viernes tras ocho días de búsqueda por parte de Interior- reconoce que tras la publicación de la sentencia y sin que juez alguno lo solicitara, los agentes de confianza de Pino dedicaron buscaron en las cámaras tanto a los terroristas que se inmolaron un mes después en la vivienda de Leganés, autores materiales condenados como Jamal Zougam, o a individuos que coincidieran con las descripciones de testigos. No encontraron nada. 

Jamal Zougam fue condenado a un total 42.917 años de prisión por la Audiencia Nacional, una pena que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo al considerar acreditado que esta persona fue una de las personas que colocó una de las bombas en los trenes, concretamente en el cuarto vagón del tren de Santa Eugenia. Zougam era además quien gestionaba el locutorio de Lavapiés donde se compró la tarjeta del teléfono móvil halado en la mochila de Vallecas. Esa bolsa capitaliza la mayor parte del informe como adelantó este diario y fue la prueba clave que condujo hasta los autores del atentado.

Escasez de imágenes

De hecho, la ausencia de nuevos resultados concretos ha supuesto que la Fiscalía lo considere irrelevante para la causa y haya declinado la práctica de cualquier nueva diligencia. Algo contrario a lo declarado por el responsable último de esta brigada, Eugenio Pino, que aseguró que el trabajo daba respuesta a "nebulosas" vinculadas a los atentados. También hizo alusión a un informe sobre el caso Faisán que Interior busca sin éxito desde hace más de una semana, pese a que su existencia ha sido ya confirmada por el ministro.

En el caso concreto de las cámaras de seguridad, los agentes analizan el contenido de las grabaciones en el punto 10.5, llamado “Visualización de las imágenes disponibles”. Los funcionarios destacan la escasez de imágenes que existe sobre los hechos y explican que, en algunos puntos estudiados, las cámaras de seguridad ni siquiera tenían sistema de grabación.

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos llega a comparar estas carencias con el atentado yihadista en el metro de Londres (2005), donde las autoridades británicas sí contaron con imágenes de seguridad del suburbano. De hecho, estas escenas -que se incluyen en el informe- fueron determinantes para confirmar la identidad de los autores.

En otra fase del documento, la BARC destaca que “en diferentes lugares a lo largo de la Instrucción del sumario (de los atentados) se menciona la existencia de una pieza separada de cintas de vídeo”. Sin embargo, esta brigada advierte de que “no se ha tenido acceso” a esta parte de la causa “para la realización del presente análisis”.

Posteriormente, la BARC señala también que la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid entregó a la Audiencia Nacional tres cintas de vídeo nombradas como ‘Original 1’, ‘Original 2’ y ‘Original 3’ grabadas en “la estación de Atocha”. Los agentes explican que estos tres documentos fueron incorporadas a la “pieza separada cintas de vídeo”, pero asegura que entre el material remitido por Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional no están estos tres vídeos: “Entre las grabaciones facilitadas por la CGI para realizar este análisis no se encuentran estas imágenes”

Vídeos de Youtube

En el anexo documental utilizado para este informe (recogida entre los folios 92 y 103) se incluye un“listado de grabaciones videográficas de imágenes relacionadas en el 11M entregadas por la Comisaría General de Información a la DAO (Dirección Adjunta Operativa)”. En la misma bibliografía figuran dos referencias a vídeos de Youtube a los que recurrió la brigada para buscar posibles autores de la matanza, tanto a los condenados, como los suicidas de Leganés o cualquier perfil que encajase con las descripciones de testigos.

Ambos archivos de la citada red social corresponden a piezas informativas de medios de comunicación y en ellas se muestra el momento de las explosiones en la estación de Atocha. Los agentes de la BARC creen que esas eran las imágenes que estaban en poder de la Brigada Provincial de Madrid.

Según el documento, la BARC se llegó a reunir con representantes de seguridad de Cercanías para transmitirles la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia, una queja que el informe incluye en su capítulo de siete "recomendaciones" finales, después de las 17 conclusiones adelantadas este lunes por el diario El Mundo.

En concreto, la BARC propone "incidir en la necesidad de la implementación de las medidas de videovigilancia en las redes de Cercanías y Metro con la calidad suficiente exigida en la norma UNE-EN 50132-7-2013 de sistemas de alarma, sistema de vigilancia CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para uso de aplicaciones de seguridad". 

Pese a que la excusa pública para realizar el informe fue revisar los protocolos policiales que se emplearon durante la investigación del caso, las recomendaciones difícilmente pudieron ponerse en marcha con el documento oculto, declarado secreto durante dos años y luego desaparecido. Ni los responsables de la cúpula policial, con Ignacio Cosidó, ni los altos cargos del Ministerio del Interior bajo la cartera de Jorge Fernández Díaz, tenían conocimiento del contenido de este informe. Los actuales responsables de Interior tampoco lo tendrán en consideración al calificarlo como "intrascendente". 

El documento no tiene fecha aunque en su portada figura la clasificación “17BARC2015” por lo que se deduce que fue concluido en 2015 (aunque la bibliografía prueba que hubo gestiones que se realizaron al menos desde 2014). En el centro de esa portada se puede leer “Jefatura Central de Operaciones” y justo encima “Dirección Adjunta Operativa”. El análisis tampoco lleva la firma de ningún funcionario policial concreto, aunque sí incluye el sello de la Policía Nacional en su esquina superior derecha y el del Ministerio del Interior y el Gobierno de España en la esquina superior izquierda. Desde la portada hasta el último de los 103 folios se lee en la parte inferior la siguiente indicación: “Uso exclusivo policial”. Es decir: que nunca fue pensado para enviarlo al juzgado.