El rechazo del pleno del Congreso al decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy para reformar el sector de la estiba constituye no sólo un varapalo a las negociaciones con este sector, sino también rara avis en la política española.
Para encontrar una situación igual hay que remontarse a la tarde del 6 de febrero de 1979, cuando la Diputación Permanente -las Cámaras estaban disueltas- negó al Gobierno de Adolfo Suárez que prorrogase "por el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento".
UCD pretendía alargar la vida de este organismo creado en 1959 y cuyo funcionamiento ya había sido prorrogado, lo que supuso no sólo un problema político, sino sobre todo de procedimiento ya que nadie tenía previsto que un decreto ley pudiese no salir adelante. Los propios parlamentarios decidieron resolver la situación: acordaron que bastaba con informar al Gobierno de la decisión y publicarlo en el BOE.
2006 no es un precedente real
En 2006 se produjo una situación parecida, aunque no se puede considerar realmente un precedente. En la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se produjo un error en una votación por parte de una treintena de diputados socialistas. Fue el 9 de febrero de 2006 cuando se votaba el real decreto ley por el que se aumentaban los tipos del impuesto sobre las labores del tabaco. El error hizo que fuese rechazado por el pleno con 152 votos a favor y 169 en contra.
El decreto, que había sido aprobado por el gabinete de Zapatero el 20 de enero, fue derogado, y el Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo de nuevo y llevarlo a pleno por segunda vez. Ya no hubo fallos y salió adelante.
En la derogación de este jueves también ha habido un error, pero anecdótico: Íñigo Errejón se ha abstenido en la votación, sumándose así a los 32 diputados de Ciudadanos y rompiendo el voto de su grupo. Los votos contrarios de Unidos Podemos y del PSOE han sumado 175 frente a los 142 a favor del PP y del PNV.
A pesar de la advertencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que la no convalidación del decreto conllevará una nueva multa millonaria de la Unión Europea, "que está a punto de caer", la mayoría de los grupos de la oposición no ha respaldado la reforma para la liberalización del sector de la estiba.
Durante el debate, De la Serna ha señalado que el Gobierno "ha hecho lo que tenía que hacer" y tiene "la conciencia tranquila". La mayoría de la oposición ha criticado que no se haya hecho un esfuerzo hasta el último momento y que tampoco se haya consensuado el decreto con todas las partes.