ETA busca capitalizar su desarme antes de que la Policía incaute todo su arsenal

El supuesto plan de desarme que ETA desarrollará en los próximos días supone un nuevo intento de capitalizar la entrega de armas ante la voluntad de las fuerzas de seguridad de incautárselas por su cuenta. Para ello, la organización criminal ha embarcado esta vez a activistas y colectivos afines de la sociedad civil francesa con el objetivo de forzar un gesto del Gobierno galo antes de las elecciones presidenciales en ese país convocadas para el 23 de abril.

Sólo entre los años 2009 y 2011, antes de que la banda anunciase el cese definitivo de la violencia, los cuerpos policiales se incautaron de cerca de 4.000 kilos de explosivos. Tras el anuncio del final de los atentados no ha cesado el goteo de incautaciones y detenciones de responsables de la banda, que ha mermado sus estructuras. Una de las quejas de ETA es que no pueden inventariar el material del que aún disponen porque, cuando se acercan a alguno de sus escondites, son arrestados.

Los movimientos para establecer este nuevo escenario de desarme llevan meses produciéndose, pero no ha sido hasta este viernes cuando se ha anunciado una fecha para ese posible desarme total, en concreto el 8 de abril, dentro de tres semanas. Está previsto que este sábado en Biarritz, estos colectivos de la izquierda abertzale afines a ETA ofrezcan detalles sobre el modo de hacerlo efectivo y el calendario de entrega.

En 'Le Monde'

Como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, la banda ha buscado internacionalizar su mensaje a través de un medio de comunicación extranjero. En este caso, ha sido a través de las páginas del diario Le Monde y por medio de uno de los activistas que ya fue detenido el pasado diciembre por acordar con los terroristas destruir parte de su arsenal. Su nombre es Txetx Etcheverry, quien lleva años implicado en movimientos de corte abertzale en el sur de Francia.

"ETA nos ha dado la responsabilidad del desarme de su arsenal y, en la tarde del 8 de abril ETA estará completamente desarmada". Esta declaración suya, incluida en la información de Le Monde ha sido la que ha desatado este viernes una cascada de expectativas, reacciones y declaraciones de los dirigentes políticos. La cautela del Gobierno de Mariano Rajoy contrasta con la del lehendakari Iñigo Urkullu, que ha dado credibilidad a la información y ha pedido “altura de miras”.

El histórico líder del brazo político de ETA, Arnaldo Otegi, ha ido más allá y ha confirmado la cocina previa de este plan al reconocer que él mismo ha hecho gestiones a nivel internacional para llegar a este punto. Ha pedido que el desarme se lleve hasta el final con todas sus consecuencias y ha solicitado la implicación de las autoridades del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. A los Gobiernos de España y Francia, en cambio, les ha emplazado a no poner obstáculos. “No esperamos gran cosa de los gobiernos, no esperamos que ayuden”, ha puntualizado.

Desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia, ha tratado sin éxito sacar rédito de la entrega de armas a través de una negociación con el Gobierno en la que abordar sus exigencias históricas: presos, huidos o la salida del País Vasco y Navarra. ETA y su entorno hace ya tiempo que perdieron toda esperanza con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero no desisten en su intento de lograr algún gesto del Ejecutivo galo.

No lo oculta el propio Etcheverry en una entrevista concedida también este viernes a Gara: “El desarme ordenado puede desbloquear muchas otras cosas y puede permitir llenar de contenido todo un proceso de paz en todos sus ámbitos: víctimas, reconocimiento, presos exiliados, memoria, justicia transicional, bases de una nueva convivencia…”.

Implicación del Gobierno francés

Etcheverry ha mostrado su voluntad de contar con la implicación del Gobierno francés: “Nuestros objetivos eran acelerar y poner la cuestión del desarme en el centro de la agenda, al menos de la agenda del Estado francés”. Pone en valor que, tras su detención (junto a otros cuatro activistas) en diciembre, 700 cargos electos de Francia suscribieron una carta en la que pedían la implicación de sus gobernantes.

Según han explicado, los activistas pretenden que sea el Gobierno francés el que garantice el depósito de las armas. Al mismo tiempo, piden la participación de verificadores internacionales. Se apoyan en la tesis de que las armas no puedan acabar siendo usadas por el Gobierno español o por alguna “milicia” contraria al cese de la violencia.

“Hay que cerrar este tema antes de las presidenciales -dice Etcheverry -. A partir de ahí, hay dos escenarios: o eso se hace con el Gobierno, y le hemos trasladado propuestas de manera directa e indirecta para cooperar y posibilitar un desarme ordenado y seguro, o será preciso que la sociedad civil, de la manera más compartida posible, lo haga. Insisto; no debería ser la sociedad civil la que se ocupara de esto, pero no podemos dejar que la situación se pudra todavía durante años. Si el Gobierno no asume su responsabilidad, nosotros lo haremos".

Ahí es dónde surge el principal escollo de este plan anunciado por los terroristas. Los Gobiernos de España y Francia sostienen que los únicos competentes para verificar el desarme de ETA son sus fuerzas de seguridad a través de sus operaciones. Insisten en que, si la banda quiere entregar las armas, puede hacerlo, pero sin esperar ninguna contrapartida a cambio. Por ello, en el caso más que probable de que los Gobiernos de España y Francia no acepten participar en el desarme. ¿Quién puede acreditar que los terroristas entregan todo lo que tienen?

Dos toneladas de explosivos y 100 armas

Esa es la cuestión que plantean los responsables de la lucha antiterrorista consultados por EL ESPAÑOL. Según sus cálculos, a la banda le quedan aproximadamente dos toneladas de explosivos y cerca de un centenar de armas. Pero los expertos antiterroristas advierten que activistas como Etcheverry pueden tener buena información, pero no son una voz imparcial.

Estos llamados “artesanos de la paz” son el último recurso al que se aferra ETA después de la pérdida de credibilidad que supuso para sus verificadores internacionales implicarse en el falso desarme del año 2014. En aquella ocasión, ETA buscó un acto propagandístico que se acabó volviendo contra ellos mediante la escenificación de una entrega de armas que sólo consistió en meter una cantidad ínfima de material en una caja de cartón. Los verificadores acabaron declarando ante la Audiencia Nacional y admitieron que los etarras ni siquiera les entregaron las armas, sino que se las llevaron otra vez.

Las mismas fuentes apuntan a que el tiempo corre en contra de la banda en materia de armas. Desde el momento en el que anunciaron su cese definitivo se comprometieron a no volverlas a usar. Su brazo político garantizó en sus estatutos condenar cualquier atentado futuro. Mientras pasa el tiempo, las armas y explosivos siguen enterradas en escondites bajo tierra en el monte, deteriorándose. Otro aspecto a tener en cuenta es que en la voluntad de las fuerzas de seguridad a la hora de desmantelar el arsenal de los terroristas también está la posibilidad de esclarecer alguno de los 300 asesinatos de la banda que quedan por esclarecer.