Desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) no sale gratis, pero tampoco demasiado caro, lo que permite a los líderes secesionistas catalanes alcanzar la condición de mártires de la causa por un módico precio. Esta es la principal conclusión que el independentismo extrae de la condena al diputado del PDeCAT y exconsejero de la Generalitat Francesc Homs.
El fiscal solicitaba para él una pena de nueve años de inhabilitación para cargo público por desobedecer al TC al organizar la consulta independentista (técnicamente, proceso participativo) del 9N de 2014, pero el Tribunal Supremo (TS) lo ha dejado en un año y un mes, además de una multa de 30.000 euros.
Se trata de una condena incluso menor que la impuesta hace una semana a Artur Mas por el mismo delito (en el caso del expresidente autonómico fue de dos años de inhabilitación y 36.500 euros) por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Levedad sorprendente
La levedad del castigo a Homs ha sorprendido a partidarios y detractores del proceso independentista, pues la mayoría de los analistas daba por hecho que el Supremo sería más severo que el TSJC. Entre otros motivos, porque las pruebas de la implicación de Homs en la organización de la consulta declarada ilegal por la justicia eran más contundentes que las que apuntaban a Mas y a sus compañeras de banquillo, las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.
Sin embargo, no ha sido así. Además, al igual que ocurrió con Mas, el alto tribunal tampoco ha considerado que Homs incurriera en un delito de prevaricación. El de malversación, que conlleva penas de cárcel, fue descartado antes de empezar el juicio. Así se justifica una argumentación jurídica especialmente generosa con el acusado.
Casualmente, la sentencia a Homs se hacía pública este miércoles casi en el mismo instante en que el Parlamento catalán aprobaba los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Unas cuentas, aprobadas con los votos del PDeCAT, ERC y parte de la CUP, que suponen un paso adelante en el proceso de ruptura con el resto de España, pues incluyen una partida para financiar la celebración de un referéndum independentista.
Advertencias de ilegalidad
A los diputados secesionistas poco les ha importado que diferentes instituciones hayan advertido de la ilegalidad de incluir esa partida en los presupuestos. Tanto el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, hace tres semanas, como los letrados del propio Parlamento catalán han avisado en vano de las consecuencias de incluir una dotación económica para realizar el referéndum. Y no parece que condenas tan suaves como las recibidas por Homs o Mas vayan a desanimar a los políticos independentistas a seguir su particular hoja de ruta. Más bien, al contrario, algunos consideran que les incentiva a perseverar en su huida hacia adelante.
Por otra parte, entre los políticos y analistas no faltan las voces que se aventuran a ir más allá y ven en esta delicadeza condenatoria la prueba de que entre bambalinas se está fraguando una posible salida negociada a la crisis generada por el independentismo catalán. Una vía pactada que minimice los daños del choque de trenes que, hoy por hoy, parece inevitable.