El pitufeo del PP y otros ejemplos por los que el crowdfunding de Sánchez es ilegal

Donaciones camufladas en las cuentas de asociaciones de vecinos, aportadas por supuestas entidades sin ánimo de lucro, o simplemente disgregadas en distintos depósitos bancarios para que no sean detectadas. De forma tradicional, los partidos políticos han utilizado cualquier argucia contable para burlar la Ley de Partidos. Cualquier excusa es buena para ocultar en su contabilidad (a veces megalítica) la entrada de fondos procedentes de fuentes ilícitas, como empresarios que donaban dinero a los partidos a cambio de concesiones. O simplemente para saltarse el techo de gasto impuesto por el Tribunal de Cuentas en las campañas electorales.

Para evitar estos fraudes, la ley que rige las finanzas del arco parlamentario estipula de forma textual que todas las donaciones de cualquier partido (todas sin excepción) deben ir identificadas y ser depositadas en una misma cuenta bancaria. Eso facilita el trabajo de los auditores del Tribunal de Cuentas. Todo lo que circule fuera de ingresos, marcados frente a los funcionarios, es considerado ilegal con la ley en la mano. Y eso no se aplica solo a las campañas electorales, sino a cualquier dinero que entra en un partido.

En el caso de Pedro Sánchez, el dinero para su campaña es recaudado desde una asociación supuestamente independiente, llamada Bancal de Rosas y que nada tiene que ver con el candidato. La entidad trocea como proyectos sociales las recaudaciones de fondos relacionados con Sánchez, como los 10.240 euros donados para la "estrategia" de su campaña. Sin embargo, para que este dinero cumpliera la normativa, el exsecretario general del PSOE tenía solo dos alternativas: crear su propio partido con un NIF independiente y auditado por el Tribunal de Cuentas, o ingresar esos fondos en la cuenta de donaciones del PSOE. 

Entidades independientes como pantalla

La estrategia de vehicular los fondos por asociaciones satélite recuerda, por ejemplo, al enjambre de asociaciones vecinales que creó el Partido Popular en 2013 en varias localidades de Alicante (Elda, Benidorm o El Campello, por ejemplo) para sufragar actos y recibir subvenciones. En lugar de ingresar los fondos en las cuentas del partido, los gastos e ingresos eran cargados a estas entidades abiertas como colectivos vecinales, fuera del control del Tribunal de Cuentas y que tributaban con un NIF distinto al del Partido Popular.

Algo similar sucedería con el crowdfunding de Sánchez, que formalmente está fuera del control de estos auditores, ya que Bancal de Rosas es una entidad jurídica distinta al PSOE. ¿Significa eso que los donantes tengan mala intención o que el dinero sea necesariamente ilícito? No. Pero una cosa es que esta asociación cumpla con todas las normas legales para este tipo de colectivos, y otra distinta que se someta al escrutinio especial que sufren los partidos políticos y sus fundaciones anexas.

Entidades independientes como pantalla

El uso de entidades vinculadas a grupos como PP y PSOE está también regulada en la Ley de Partidos. Así, existe una normativa concreta tanto para las formaciones como para sus fundaciones afines, también auditadas por el Tribunal de Cuentas. La legislación marca además que el partido no puede recibir donaciones finalistas, es decir, enviadas para un gasto concreto.

Esta medida impide, por ejemplo, que un empresario afín pueda donar dinero a un partido solo para que lo invierta en la campaña electoral dentro de su zona de influencia. Algo que sucedía por ejemplo con el pago de algunos empresarios en la Operación Púnica. Pero impide de la misma manera que los partidos reclamen fondos para cuestiones tan concretas como el pago de la sede de la campaña (que recaudó 10.420 euros en el caso de Sánchez). En las últimas elecciones generales, fue Ciudadanos quien tuvo que devolver 113.000 euros a la Administración tras considerar los auditores que no podía facturar como gasto electoral el alquiler de su sede.

A mucha mayor escala, otras dos entidades supuestamente independientes están siendo investigadas por servir presuntamente de canal para la financiación ilegal de partidos. En el caso de Cataluña, la Justicia ha acreditado ya el uso del Palau de la Música para canalizar fondos de constructores a Convergencia. En una de las piezas separadas del caso Púnica, que todavía permanece secreta, la Guardia Civil persigue también el rastro de Fundescam, una fundación madrileña que -según las sospechas de Eloy Velasco- sirvió para triangular fondos y ocultar el pago de actos electorales para el PP de Madrid. 

El truco del pitufeo

No ha sido Sánchez el primero en utilizar el crowdfunding para recaudar fondos. De hecho, la fórmula empleada por Podemos ya suscitó dudas ante el Tribunal de Cuentas. Su caso era distinto, ya que el partido canalizaba de forma correcta los ingresos en una sola cuenta a su nombre. Pero tuvo problemas para identificar a los donantes por valor de 50.000 euros, lo que generó una petición formal para que el Congreso regule este tipo de colectas con fines electorales.

La legislación española estipula desde 2015 que todas las donaciones sin excepción deben ir identificadas. Se acabó así con la práctica detectada en la Operación Gürtel por la que el PP recibía dinero negro de distintos empresarios y lo ingresaba después en sus propias cuentas troceado, sin rebasar el límite de donaciones anónimas. Era común que varios empleados y cargos de confianza bajaran algunas mañanas a la sucursal bancaria más cercana a Génova para realizar los ingresos por ventanilla.

Pero hasta la identificación de los donantes tiene trampa. Para burlar el control del Tribunal de Cuentas, el Partido Popular de Valencia reunió presuntamente a medio centenar de cargos y militantes y les pidió que donaran con su nombre y apellidos 1.000 euros para la campaña electoral de las últimas municipales. Según las grabaciones del caso Taula, era el propio partido quien, por otro lado y de forma encubierta, reponía a los donantes ese mismo dinero en dos billetes de 500 euros.

En el caso del crowdfunding de Sánchez, el sistema también pone trabas en este punto. Es la asociación que organiza la colecta, y no el partido, la que conoce la identidad de todos los aportantes. La Ley de Protección de datos impide que ese listado sea cedido después al PSOE, que sobre el papel nada tiene que ver con la colecta.

En la cuenta de donaciones del partido, si es que finalmente termina allí el dinero, aparecerá reflejado como ordenante la asociación Bancal de Rosas. Sin más datos. Algo que es formalmente cierto, pero que impediría a los auditores confirma la procedencia real de los fondos, por mucha buena fe que tengan los aportantes o quienes lo recaudaron.