La cuarta acepción de la palabra ‘enchufar’ según la Real Academia Española (RAE) dice así: “colocar en un cargo o destino a alguien que no tiene méritos para ello, por amistad o por influencia política”. Pues esto es, precisamente, lo que el sindicato Ustea quiere que los tribunales investiguen en la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, donde se ha vivido un escándalo desde el pasado verano por supuestas contrataciones a dedo.
De estos casos de presunto enchufismo hay uno especialmente llamativo, el de Anais Moreno Malpartida, hija de un ex alto cargo de esta delegación territorial y cuyo fichaje está ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Hasta la Consejería de Educación abrió un expediente interno, entre otras cuestiones, por este “grado de parentesco”.
La denuncia presentada por Ustea hace un detallado relato de cómo es posible alterar un proceso para “enchufar” –como recoge la RAE— a una persona en un puesto que le permita tener un sueldo público sin pasar por un proceso de selección que la habilite para ese trabajo. El sindicato, insatisfecho por las “nulas” respuestas de la Consejería de Educación, quiere que sus responsables en Sevilla expliquen este procedimiento de contratación en sala judicial.
El caso de Anais Moreno se remonta a septiembre de 2014, cuando comenzó a trabajar en el centro de educación permanente –es decir, para adultos— del Polígono Sur, uno de los barrios de Sevilla más desfavorecidos y azotados por el desempleo. La plaza que ocupaba entonces está considerada como un ‘puesto específico’ que cubren funcionarios del cuerpo de maestros a través de un concurso público que cada año convoca la Consejería de Educación, unos requisitos que Anais Moreno no reunía en aquel momento.
Sostiene el sindicato que esta ‘profesora’ no era “funcionaria, ni interina, ni tan siquiera maestra” y, por supuesto, tampoco solicitó “formalmente” ninguno de estos puestos específicos. De hecho, no fue hasta una semana después de que comenzara a trabajar cuando el nombre de Anais Moreno apareció por primera vez como “admitida” en una lista oficial de la Consejería de Educación…aunque no era para el puesto que estaba desempeñando.
Anais Moreno había sido “admitida” en la bolsa de empleo destinada a la especialidad de Medios Audiovisuales que se creó exclusivamente para cubrir plazas en centros artísticos. Esta tarea estaba muy lejos de su puesto en el centro de educación para adultos en el Polígono Sur, donde “todas las plazas estaban cubiertas en el momento en que Anais Moreno se incorporó”. Por todo ello, Ustea sostiene que “su puesto se había creado de manera sobrevenida”.
El modus operandi
Pero hay más. Terminó el curso 2014-2015 y, con él, la labor de docencia de Anais Moreno y del resto de ‘puestos específicos’ que debe renovarse año tras año. Educación publicó entonces el listado de admitidos y excluidos para el siguiente curso, y el nombre de Anais Moreno seguía sin aparecer. Eso sí, su contrato fue prorrogado para el verano y se le renovó para septiembre de 2015 en los mismos términos que el año anterior y con el mismo modus operandi: “sin solicitar ninguna plaza ni formar parte de ninguna bolsa de empleo”.
El sindicato añade que para el curso 2015-2016 el nombre de Anais Moreno tampoco apareció en la bolsa de empleo de Medios Audiovisuales, ya que los integrantes tenían que solicitar de nuevo destino y actualizar sus datos, pero ella no lo hizo y se quedó fuera. No obstante, y aunque aparece como excluida, “ya se le reconoce el tiempo de servicio acumulado en el Polígono Sur”.
Cuando todo esto ocurre, el padre de Anais Moreno es el jefe de Inspección del Servicio Educativo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Alberto Moreno. Éste presentó su renuncia al cargo en octubre de 2016 después de que la Consejería de Educación anunciara que se iba a investigar el procedimiento empleado en la contratación como profesora de su hija. También fueron cesados la jefa de servicio de Planificación, Carmen Liébana, y el de Recursos Humanos, jefa de Planificación; y Luis Sanchís.
Prevaricación y tráfico de influencia
Contra estos ex altos cargos de la Junta, la hija supuestamente enchufada y contra el ex responsable de la delegación sevillana de Educación, Francisco Díaz Morillo y la actual, Francisca Aparicio, se dirige la denuncia que ha presentado el sindicato Ustea por la comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Antes de estas destituciones y de abrir la investigación interna, la consejera andaluza de Educación admitió que la delegación de Sevilla concede cada año al menos cuatro puestos docentes 'a dedo' a profesores que no concurren a ningún tipo de concurso de méritos y uno de ellos, adscrito al Comisionado del Polígono Sur, sería el que ocupó Anais Moreno. Posteriormente, y tras la presión de la oposición, reconoció posibles “errores” o “incumplimientos” en el proceso de contratación de docentes.