Esperanza Aguirre fue alertada en 2014 sobre la existencia de una cuenta en Suiza donde OHL había ingresado 1,4 millones de euros destinados presuntamente a Ignacio González. Los datos concretos, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, se los comunicó el exalcalde de Leganés y ahora diputado autonómico Jesús Gómez en una reunión que ambos mantuvieron en Sotogrande ese mismo verano. Antes, Gómez había depositado el número de cuenta y la transferencia en un acta notarial para que quedara constancia. Ahora, esa cuenta es uno de los principales ejes de la Operación Lezo, que ha costado la detención de Ignacio González y otras 11 personas de su entorno personal y político.
El resultado de la reunión entre Aguirre y el diputado autonómico fue dispar. Por un lado, la lideresa del PP se negó a tomar medidas contra González y aseguró en aquella conversación que los datos aportados por su compañero de partido eran erróneos. Por otro y sin que tuviera relación aparente, Gómez fue relevado de las listas a la alcaldía de Leganés y no renovó como candidato en las elecciones municipales de 2015, lo que le generó una guerra abierta con la propia Aguirre.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el diputado autonómico dejó constancia ante notario de un pago de 1,4 millones de euros enviado en septiembre de 2007 a una cuenta en Suiza abierta en el Anglo Irish Bank de Ginebra. Según estos datos, que terminaron en manos de la Audiencia Nacional, el dinero fue remitido por medio a una cuenta abierta por una sociedad en Panamá, un depósito controlado por testaferros profesionales adscritos a una sociedad llamada Lauryn Group. La tesis era que el pago se envió desde las cuentas de la constructora OLH, investigada ahora por financiar ilegalmente al PP. Los datos eran certeros, pero contenían un error. El mismo error que tenían los distintos dossieres que desde hacía seis años circulaban por Madrid tras la guerra abierta en el seno del PP de Madrid: el número de cuenta era erróneo, y por lo tanto, ilocalizable.
Arranca el espionaje
Según ha podido acreditar EL ESPAÑOL, fue a principios de 2008, al cerrar el año fiscal, cuando el envío de dinero levantó suspicacias en la cúpula de OHL. 1,4 millones habían salido de las cuenta de una de sus sociedades para terminar en manos de una empresa en Panamá de la que nadie tenía conocimiento. Una de dos. O alguien estaba desviando dinero de la empresa para su beneficio, o era el pago de algún tipo de comisión que parecía no confesable. La tesis de la Audiencia Nacional es que los fondos salieron desde una de las filiales de la constructora en México como mordida por la concesión de un contrato de obra civil en la Comunidad de Madrid: el tren de Navalcarnero.
Según las investigaciones, el dinero llegó. Y también el contrato público, que se firmó el 2 de enero de 2008, cuatro meses después de la transferencia a Suiza.Pero poco a poco OHL comenzó a tener problemas para sacar adelante el proyecto, que de hecho, ha terminado en quiebra para la compañía concesionaria, una filial llamada Cemonasa. Fuentes vinculadas a González confirman a este diario un detalle clave: una explicación de la batalla soterrada entre la constructora y el político madrileño, que sería el detonante de la guerra con espionaje de por medio. OHL mandó el dinero a una cuenta en Suiza. Pero González mantenía a su círculo de confianza que él nunca lo recibió. La mordida, si se pagó, nunca llegó a sus manos. Incluso puede que alguien la pidiera en su nombre.
Un año después del envío de fondos a Suiza y con el tren de Navalcarnero revelando sus primeros problemas, Ignacio González fue grabado por detectives privados en un viaje a Colombia. Allí, el Canal de Isabel II compró una filial muy por encima de su precio de mercado y ahora, elñ juez Eloy Velasco investiga también la operación con la sospecha de que González y los suyos se enriquecieron por el camino.
En el informe de los detectives que acompaña el vídeo, publicado por la Cadena Ser en abril de 2009, aparece un nuevo dato revelador. Un detalle para seguir el rastro de la cuenta y la información manejada por el entorno de González. Dos de las personas que le acompañan en el viaje hablan abiertamente de ”un bufete panameño llamado IGRA” y de un banco llamado “Anglo Irish Bank”. Además, los colaboradores de González hablan textualmente de la sociedad Lauryn Group, empresa propietaria de la cuenta en Suiza y cuyos documentos de creación ante notario se reproducen en este reportaje.
Tras la filtración del seguimiento, fue el propio González quien presentó una denuncia para conocer el encargo de los detectives. El juzgado que investiga el caso, que sigue abierto, trabaja con la tesis de que OHL contrató los servicios de un detective madrileño llamado Julio Gútiez para seguir a Ignacio González. Gútiez, a su vez, contrató a un compañero de Murcia con relaciones en Colombia para que realizara sobre el terreno la grabación al expresidente madrileño.
El vídeo del seguimiento se publicó exáctamente el 29 de abril de 2009. Solo 14 días después, los supuestos responsables de la firma panameña Layrun Group -comprometida tras el vídeo de los detectives y citada también en el documento presentado a Esperanza Aguirre por el exalcalde de Leganés- presentaron su renuncia formal ante el Registro Público de Panamá. Al ser expuestos, salieron corriendo, tal y como refleja la documentación reproducida por EL ESPAÑOL. La empresa quedó así como un cascarón vacío. Activa pero sin un solo representante formal que quiera dar la cara por ella.
Un dossier para Álvaro Lapuerta
Fue entonces (mediados de 2009) cuando la información sobre la cuenta bancaria en Suiza llegó a Álvaro Lapuerta. El tesorero del PP recibió los datos de la transferencia y el depósito bancario de referencia de manos de un conocido detective privado de la capital. Es aquí cuando por primera vez comienza a circular entre la cúpula del PP la citada cuenta y la transferencia enviada a Suiza. Según desveló El Mundo, Lapuerta preparó varios dossieres con información personal sobre González y su eterno rival en el PP de Madrid, Francisco Granados. Y los elevó después a Mariano Rajoy. Entre esta información, se encontraban ya -según fuentes cercanas a la operación- los datos sobre la cuenta investigada ahora. Pero, una vez más, los datos erróneos.
Varios expertos en seguridad consultados por EL ESPAÑOL coinciden en el diagnóstico sobre la filtración y la falla en los datos. O es un error de transcripción, cosa poco probable ya que los números en su mayoría ni siquiera coinciden, o la omisión está hecha con un objetivo claro: invalidar cualquier intento de investigar esta cuenta. Siempre que la Justicia preguntara por aquello a Suiza, la respuesta sería negativa, ya que en realidad ese depósito ni siquiera existe.
La estrategia surtió efecto desde el primer momento. Tanto que los datos llegaron de forma indiciaria a los agentes de inteligencia financiera de la Policía Nacional comandada entonces por el director adjunto operativo Miguel Ángel Fernández Chico, que dejó el puesto a finales de 2011. Los agentes descartaron directamente investigar la cuenta ya que ni siquiera el número de dígitos suministrado coincidía con las numeraciones propias de la confederación helvética. Era evidente que la cuenta era falsa, por lo que allí no había nada más que preguntar.
La cuenta de Adrián de la Joya
Ese error en la numeración sirvió como argumento a González para negar cualquier vinculación con la cuenta siempre que fue preguntado por los responsable del PP, ya sea autonómico o nacional. Aquello era un montaje hecho para desacreditarle y no tenía más base jurídica. Esa fue la respuesta que le dio González a Esperanza Aguirre. La misma que la lideresa transmitió al exalcalde de Leganés años después, que no contento con la respuesta transmitió también los datos a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano.
Es esa misma información la que, por medio de una fuente confidencial, llega a manos de la Guardia Civil en 2015 para ser investigada. Sin embargo en esta ocasión, el curso ha sido distinto ya que los agentes, al contrario de lo sucedido antaño, perseveraron en sus pesquisas y un mes después, consiguieron el número correcto. El depósito CH5408548010212210001 que estaría controlada por el empresario Adrián de la Joya.
Fuentes vinculadas al empresario español residente en Suiza han explicado a EL ESPAÑOL que la transferencia de dinero se produjo. Y que los fondos partieron desde OHL, pero para abonar los gastos de intermediación en un proyecto fallido en el África subsahariana. Según las mismas fuentes, OHL estaba interesada en obtener una licencia para explotar una mina de manganeso en Burkina Faso. De la Joya habría intermediado entre la constructora española y los funcionarios locales pero el proyecto quedó en punto muerto. Aun así, el financiero español requirió a la compañía de Villar Mir tanto los gastos invertidos en el proyecto como juna parte de sus servicios. Ese sería el dinero ingresado por OHL, que según esta versión nada tiene que ver con Ignacio González.
Ahora, la Audiencia Nacional pedirá una comisión rogatoria a Suiza para conocer los pormenores de aquel dinero y cerrar, pese a quien pese, todo el círculo.