"Necesitamos un millón de euros para sanear las deudas del partido". Las palabras fueron pronunciadas por el entonces vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, y recogidas -según un testigo clave de la Operación Lezo- por José Martínez Nicolás, responsable de los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid. El objetivo de ambos, según este colaborador con la Justicia, era inflar los contratos de varias empresas licitados por la firma pública ICM a cambio de comisiones para financiar al partido. Según las investigaciones de la Audiencia Nacional, dos de las empresas beneficiadas con estos contratos fueron Indra y Price Watherhouse Coopers (PwC).
Según el testimonio, el pacto entre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el responsable de la pública ICM para financiar ilegalmente al PP se cerró en una reunión a puerta cerrada celebrada el 7 de junio de 2012, ante la necesidad de abonar facturas impagadas de las elecciones autonómicas celebradas en 2011.
En el caso de Indra, la empresa fue adjudicataria de los contratos vinculados a las elecciones de 2007, 2011 y 2015. En el primer contrato, el coste de licitación fue de 1.5 millones de euros. En el segundo, que ahora investiga la Audiencia Nacional, el presupuesto se dobló pese a que el contrato contemplaba las mismas prestaciones. En 2015, la empresa pública ICM planeaba un nuevo contrato, esta vez por 4,45 millones de euros, es decir, tres veces superior al de 2007.
Finalmente, este último contrato nunca se llegó a firmar, ya que ICM llegó a un acuerdo con la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, que cobró por los servicios 1.9 millones. La decisión de echar atrás el contrato coincidió además con la detención del Consejero Delegado de ICM por el caso Púnica, también investigado por el juez Eloy Velasco. Los investigadores han acreditado que Indra abonó con esos sobrecostes 700.000 euros a nueve empresas proveedoras de la campaña electoral del PP de Madrid.
Nepotismo
En el caso de la consultora PwC, la empresa ingresó 8,3 millones de euros de la pública ICM entre 2010 y 2015. El primer contrato de este período contemplaba la adecuación de un sistema informático SAP y la gestión de Recursos Humanos. Este segundo apartado nunca se pudo implantar y a pesar de ello la consultora cobró la cuantía completa. Los investigadores analizan además la plantilla de la empresa contratista ante la sospecha de que era utilizada para colocar a parientes como el hijo de Martínez Nicolás.