El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a un pacto de silencio con el también expresidente de la región madrileña, Alberto Ruiz-Gallardón, para no destapar la corrupción del Canal de Isabel II. Así al menos lo consideran los responsables de la Operación Lezo, que investigan cómo la mano derecha de Esperanza Aguirre encargó un informe sobre los negocios del organismo en el extranjero a la firma Cuatrecasas para luego mantenerlo en secreto.
“O reventamos esto y provocamos un escandalazo, o tratamos de arreglarlo”. Así explicaba el político detenido al exministro Eduardo Zaplana la situación cuando el gobierno de Aguirre tomó las riendas del Canal de Isabel II tras la salida de Gallardón de la Real Casa de Correos. “No soy como esta gilipollas que me ha sustituido”, explicaba en relación a Cristina Cifuentes y su denuncia sobre las irregularidades en la empresa de aguas. “Yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos opciones. O reventarlo o arreglarlo".
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción trabajan con la tesis de que el expresidente de la Comunidad de Madrid tomó el primer camino: acallar la corrupción galopante en el organismo y seguir realizando los pagos que desde 2001 comprometió el Gobierno de Ruiz-Gallardón. En aquellas fechas, el Ejecutivo madrileño aprobó una operación millonaria con la compra de una sociedad en Colombia de nombre Inassa. “Alberto hizo una operación… que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue la compra de un grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avala el Canal de Isabel Segunda”.
Un esquema de corrupción repetido
Pese a ser una operación pública, para realizar la compra de la empresa el Ejecutivo de Gallardón se sirvió de una firma instrumental en Panamá. Una sociedad llamada Canal Extensia que quedaba fuera de las auditorías públicas para la administración madrileña y que fue cerrada poco después de la transacción. En total, la compra de Inassa costó 73 millones de dólares, financiados con un crédito del Banco Mundial por medio del BBVA y Caja Madrid. Pese a que la adquisición se realizó en 2001, la cuantía fue tal que los pagos bancarios y los intereses se alargaron hasta 2012.
Según la tesis de los investigadores, tras su llegada al Canal de Isabel II en 2003, González encargó un estudio a Cuatrecasas con un resultado demoledor. Un documento que nunca vio la luz. Él mismo lo reconoce en una de las conversaciones obrantes en la causa, según fuentes del caso: “Yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar”.
Lejos de frenar el presunto desvío de fondos al otro lado del Atlántico, Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción piensan que González repitió el esquema, esta vez en su propio beneficio. En 2013, el Canal compró una empresa en Brasil. Una sociedad con un sobreprecio aproximado de 25 millones de euros. Al frente del nuevo organismo, González colocó a Edmundo Rodríguez Sobrino, su hombre de confianza. El juez Eloy Velasco decretó este viernes prisión para los dos.
Por su parte, el exministro Eduardo Zaplana ha negado haber tenido o tener "ninguna sociedad ni relación mercantil" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
En una declaración a Efe, Zaplana rechaza haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".