Los González sacaron 532.000 euros en billetes de las cuentas del campo de golf del Canal

Ignacio González tiene "dinerillo B". La revelación ante el juez fue hecha por su mano derecha en el Canal de Isabel II, el empresario Edmundo Rodríguez Sobrino. Y confirmó con sus palabras la sospecha de los investigadores: que el expresidente de la Comunidad de Madrid ocultaba una importante cantidad de dinero negro. Un efectivo de procedencia desconocida que -de forma paulatina- iba incorporando a su patrimonio a modo de lluvia fina. En los últimos años y según los investigadores, González y su entorno realizaron inversiones sin necesidad de financiación bancaria por tres millones de euros. ¿Cómo disponía González de dinero sin necesidad de acudir a los bancos?

Según la tesis de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la respuesta está (entre otras operaciones) en el vaciado de la cuenta donde su hermano y su cuñado cobraron el presunto pelotazo del campo de golf del Canal. Entre 2008 y 2010, las cuentas de la mercantil Tecnoconcret, participada tanto por el hermano como por el cuñado de González, sufrieron un vaciado en efectivo por valor de 532.339 euros. "El cargo de Ignacio González en el Canal en aquellos momentos, unido a la participación del hermano y del cuñado en el accionariado de Tecnoconcret infieren que estos fondos en efectivo podrían ser una de las vías de enriquecimiento del entorno directo de Ignacio González".

Según los datos aportados por Hacienda, el dinero de las cuentas salió gracias a un reguero de cheques en efectivo girados contra ellas en tan solo tres años (2008-2011). Pese a las sospechas, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no encontraron dinero en efectivo en la vivienda de González, registrada el pasado miércoles. Tal y como publicó este diario, el entorno del expresidente madrileño tenía conocimiento desde hace al menos dos meses de que se encontraban en el centro de una investigación judicial.

Sociedad Pantalla

La operación -que ha costado el ingreso en prisión preventiva de Pablo González, director de la empresa pública Mercasa, y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid- se remontaa al año 2006, cuando el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre era presidente del Canal de Isabel II. Ese año, adjudicó la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid, dependiente del propio Canal, a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, actualmente presidida por José Antonio Clemente. La compañía sólo tiene en nómina a un trabajador.

Dos años después de aquella adjudicación, el hermano del político popular encarcelado compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Su cuñado, José Juan Caballero, casado con la diputada regional Isabel Gema González, se hizo con un porcentaje similar.

La Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, adjudicó la construcción del campo de golf a un consorcio de tres empresas, entre ellas Tecnoconcret. Todas ellas tenían la concesión para su explotación y para ello crearon otra sociedad, Green Canal Golf.

Ya en 2007, Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.

Una década de sospechas

Clemente fue socio del hermano y del cuñado del vicepresidente madrileño en otra compañía, Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se constituyó el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. El objeto social en el que se basaba Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”. A pesar de la publicación de esa información, nunca se había abierto una investigación hasta ahora. En aquel entonces, González sólo dio una explicación: “la adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”. El Canal "en su día hizo un concurso público para la adjudicación de la instalación deportiva", recibió "diez" ofertas y eligió "la mejor", explicó la mano derecha de Esperanza Aguirre.

Según relataba aquella información que vio la luz hace ahora diez años, González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.

En el auto judicial que decretaba prisión provisional para el hermano de González, el juez Eloy Velasco explicaba que “existen indicios que apuntan a que tanto los procesos de modificación del proyecto inicial para la construcción del campo de golf, como la adjudicación de la gestión y explotación del complejo se instrumentalizó de manera fraudulenta para desviar fondos en favor de los investigados”.

El auto sitúa la entrada de Pablo González en Tecnoconcret justo en el momento en el que “comienzan las extracciones masivas en efectivo de las cuentas bancarias de esta sociedad, por lo que indiciariamente se apunta a que pudo recibir parte de dichos fondos. “Tecnoconcret cobró cheques en efectivo por más de 500.000 euros entre el 2008 y el 2011. A juicio del juez, Pablo González “conoce la disponibilidad de dinero en efectivo de origen indeterminado de su hermano y le auxilia a blanquearlo”.

Un proyecto ilegal

Aquel recinto del golf del Canal fue un empeño personal de Esperanza Aguirre, que lo levantó contra el criterio de los vecinos del barrio que defendían que en esos terrenos públicos se hiciera un parque. El Ayuntamiento, entonces liderado por Alberto Ruiz-Gallardón, también se opuso, y denegó el permiso para realizarlo. Una década después, el campo sigue sin licencia municipal.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó este asunto en enero, cuando dio un plazo de diez días a la Comunidad de Madrid para que suspenda las actividades y usos desarrollados en las instalaciones del Depósito de Islas Filipinas del Canal de Isabel II. Además, le insta a que inicie los trabajos para la restauración de los terrenos a la situación previa a la ejecución de ese proyecto.

Esta ha sido la respuesta del TSJM después de que la asociación 'Parque Sí en Chamberí' pidiera la ejecución de su sentencia dictada el pasado verano, en la que declaró "nulo de pleno derecho" el proyecto urbanístico con el que el Gobierno regional trató de regularizar la instalación deportiva construida sobre uno de los depósitos del Canal de Isabel, después de que fuera declarada ilegal por el Supremo en 2012. Y ordenó adoptar "las medidas necesarias para la reposición y restablecimiento de la parcela a su estado físico anterior a las obras".

Sobornos en Angola

Pablo González ha tenido una trayectoria brillante. Actualmente es el director de Estructuras Comerciales de la empresa nacional Mercasa. Previamente, fue director de Inversiones en Energía, Tecnología e Infraestructuras de Bankia y miembro de varios Consejos de Administración en representación de la entidad bancaria.

Precisamente, Mercasa está desde hace unos meses en la lupa judicial después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata iniciara una investigación por presuntos sobornos a funcionarios de Angola para que la empresa de participación pública consiguiera un contrato de 285 millones de dólares para construir un mercado de abastos en el país africano.

El miércoles, mientras se producían las detenciones de Ignacio González y otras once personas más, De la Mata inició una segunda operación por esta cuestión. Se realizaron registros y hay diez personas imputadas por corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.