El caso Canal reafirma a Ciudadanos en que acertó al no entrar al Gobierno de Rajoy

La dirección de Ciudadanos está convencida de que el caso Canal es la prueba definitiva de que la decisión de no entrar ni en gobiernos autonómicos ni en el gobierno de Mariano Rajoy fue un acierto. La oposición, especialmente Podemos, ha aprovechado las réplicas de la detención de Ignacio González para cuestionar el apoyo que brinda Ciudadanos a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

Pero el partido de Albert Rivera, muy crítico con el PP, no contempla romper el pacto con Cifuentes mientras su gobierno siga limpio. Tampoco se vislumbran cambios en el Congreso de los Diputados. “Nosotros intentamos sacar a los corruptos de los gobiernos”, dicen desde la dirección de Ciudadanos en referencia a las críticas de Podemos. “A ver qué han conseguido ellos”.

Cuando Ciudadanos aceptó desbloquear la investidura de Rajoy en agosto del año pasado, una de las condiciones que se autoimpuso Rivera fue no aceptar cargos. El partido naranja repitió el formato de otros gobiernos autonómicos: compromisos a cambio de estabilidad parlamentaria sellados en un pacto. Nada de coaliciones.

El síndrome Clegg

En Ciudadanos tenían muy presente el caso del liberal demócrata Nick Clegg en el Reino Unido. El hoy de nuevo candidato a primer ministro fue barrido electoralmente después de apoyar a los conservadores y convertirse en viceprimer ministro de David Cameron entre 2010 y 2015. Pero más allá del síndrome Clegg, Ciudadanos sabía que la corrupción todavía era un lastre muy pesado para el PP en el que no querían verse mezclados.

Rajoy siempre ha dejado la puerta abierta a que Ciudadanos entre en el Gobierno durante el transcurso de la legislatura. La oferta no tiene fecha de caducidad. Así se lo trasladó Rajoy a Rivera en las conversaciones inmediatamente posteriores al 26-J. En la reciente crisis política de Murcia, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, dijo en rueda de prensa que si Ciudadanos estuviera en los gobiernos del PP, “los problemas serían más fáciles de resolver”.

La lectura que hace la dirección naranja es justamente la contraria. El caso de Pedro Antonio Sánchez y el de González y el canal de Isabel II en Madrid han reforzado, en su opinión, la estrategia de conseguir cambios desde la oposición. “Desde luego, confirma que nuestra decisión de no entrar en gobiernos fue la acertada”, dicen.

En la Asamblea General de febrero, Ciudadanos aprobó un nuevo documento estratégico que abre la puerta formar parte de gobiernos de coalición a partir de las elecciones autonómicas y municipales del 2019. El partido de Rivera lo ha avisado con tiempo y está aprovechando estos años para ganar experiencia. Las negociaciones de esos futuros acuerdos serán complejas.

Pero mientras llega ese momento, en Ciudadanos insisten en que están haciendo cumplir escrupulosamente los acuerdos que tienen firmados. Sánchez dimitió en Murcia después de un larguísimo tira y afloja. Los dos partidos están negociando otra vez la investidura del nuevo candidato Fernando López Miras. Ciudadanos ha exigido el final de los aforamientos en la región a cambio de su apoyo. En Génova dan por hecho que tendrán que aceptar esa condición.

Dimisiones en la Asamblea de Madrid

En Madrid, por ejemplo, recuerdan que se forzó la dimisión del diputado del PP Daniel Ortiz tras ser imputado en la trama Púnica. Ciudadanos también exigirá la dimisión de la diputada popular Josefa Aguado si, como parece, es finalmente citada a declarar como investigada por el caso Gürtel.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y Cifuentes no hablaron personalmente en los días posteriores a la operación Lezo. Pero sí hubo comunicación entre algunos diputados naranjas y miembros del gobierno de Madrid.

Pero como precisamente Ciudadanos no gobierna, Aguado ha elevado el tono contra Cifuentes y el PP de Madrid, al que acusa de “gestionar Madrid como una organización criminal”. El pacto, eso sí, no corre peligro. Y Ciudadanos no se plantea medidas de presión como exigir la dimisión de Esperanza Aguirre del Ayuntamiento. “El primer punto del acuerdo está claro y de momento no hay nadie del gobierno imputado”, recuerdan.

Aguado, eso sí, ha solicitado la comparecencia de Cifuentes en la comisión anticorrupción para dar cuenta de su gestión como vocal del Consejo de Administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014. El PSOE, por ejemplo, ha pedido un pleno monográfico sobre la gestión de la sociedad. Ciudadanos no se opone, pero dice que esa fórmula bloquea las explicaciones de Cifuentes. Según el reglamento de la Cámara, aseguran en el partido naranja, el encargado de comparecer sería el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, y no la presidenta.