Los acusados de la Operación Lezo han tenido medio año para destruir pruebas, ocultar su patrimonio e intentar abortar la operación que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil coordinaban en su contra. Seis meses desde que en octubre de 2016 el abogado brasileño Diogo Pacheco viajó a España y se reunió con Edmundo Rodríguez Sobrino en un hotel de Madrid. Dos días después de ese encuentro y según fuentes del caso, los investigadores detectaron por primera vez en los teléfonos la frase más preocupante: “la Fiscalía española ha pedido información a las autoridades suizas”. Y era cierto.
La primera petición oficial a Suiza contra Ignacio González y los suyos se cerró a finales de 2015. En esa fecha, los fiscales españoles solicitaron a sus homólogos información preliminar sobre una cuenta abierta en su territorio. Tenían la sospecha de que el Canal de Isabel II compró por encima de su precio una empresa en Brasil llamada Emissao. La mayoría de los fondos públicos, en lugar de terminar en Brasil fueron a parar a una cuenta en Suiza. Un depósito abierto en el Royal Bank Of Canada Suisse por el empresario Sebastiao Cristovam, propietario hasta 2013 de la mayoría de las acciones de la empresa.
Fue en julio de 2016 cuando la Audiencia Nacional mandó la primera comisión rogatoria. Tras analizar la compra de Emissao, los investigadores decidieron pedir a Suiza que bloqueara los fondos (24,4 millones de euros enviados desde España), ante la sospecha de que parte del dinero sirvió en realidad para abonar comisiones y ser repartido después entre políticos y funcionarios.
El momento fue clave para la investigación en España, ya que la legislación helvética obliga a informar a los afectados cuando una cuenta bancaria se bloquea en su territorio. Eso sucedió, por ejemplo con el extesorero del PP Luis Bárcenas cuando Suiza bloqueó sus fondos en la Operación Gürtel. El exsenador fue alertado por su banco de que algo iba mal con sus fondos.
En este caso, los investigadores tuvieron que elegir entre bloquear el dinero del Canal y que saltara la alerta o permanecer por debajo del radar, con el riesgo de que los 18 millones de euros que quedaban todavía en la cuenta se dispersaran por el ciberespacio. A su favor jugaba el hecho de que el depósito tenía como beneficiario a Cristovam, un empresario brasileño. Eso podía hacer que las sospechas se dispersaran en otras jurisdicciones.
Rodriguez Sobrino, el protegido de González en el Canal que dirigió la compra de Emissao
Encuentro en un hotel de Madrid
El 17 de octubre de 2016, -tres meses después de que la Audiencia Nacional pidiera el bloqueo de la cuenta en Suiza- se produce la visita a Madrid del abogado brasileño de Cristovam. La reunión fue considerada de especial interés por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que según ha confirmado EL ESPAÑOL, controlaron la visita sobre el terreno. Para los agentes, había un dato de especial relevancia. Un detalle que dotaba el encuentro de contenido: pese a que Diogo Pacheco -que ha declinado aportar su versión sobre el viaje a este diario- era el abogado de Emissao en Brasil desde hacía años, Edmundo Rodríguez Sobrino había dejado de pertenecer a la empresa en abril de 2016, cuando El Confidencial afloró su relación con los llamados Papeles de Panamá.
Si la mano derecha de Ignacio González no estaba en el Canal desde hacía seis meses ¿Qué hacía allí el abogado? ¿Qué interés tenían ambos en aquella reunión? La respuesta, según esta tesis, llegó dos días después por boca del propio Rodríguez Sobrino. En una llamada telefónica y según fuentes de la investigación, el empresario le explicó a la directora financiera del Canal, Fernanda Richmond, que la Fiscalía española les estaba investigando en Suiza. Ahora, ambos están en prisión preventiva. También Sebastiao Cristovam fue detenido tras el estallido de la Operación Lezo.
A partir de este momento y según las pesquisas de la Audiencia Nacional, Rodríguez Sobrino incrementó sus medidas de seguridad. E intentó incluso según los investigadores ocultar parte de su patrimonio a los ojos de la Justicia en Suiza, República Dominicana o el paraíso fiscal de la isla de Jersey. En su estrategia para frenar las investigaciones en su contra, el directivo de Emissao contractó con los responsables de La Razón y les solicitó que frenaran la llegada de documentación a los juzgados con presiones a Cristina Cifuentes. Cinco meses después, se produce la reunión entre los hermanos González donde el expresidente de la Comunidad de Madrid les transmite su inquietud sobre la posibilidad de terminar entre rejas. No iba mal encaminado.